El trato a personas migrantes y la atención a las causas estructurales de la migración forzada

Dr Herrera cáceres
Dr. H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos Doctor en Derecho Internacional
de la Universidad de París, Francia
Premio Nacional de Ciencia

En enero del 2017, hice una alerta temprana a los Estados de origen y de tránsito, así como a las organizaciones internacionales que se ocupan de migrantes, refugiados o de asistencia humanitaria, para que tomasen medidas preventivas ante el anunciado endurecimiento de políticas migratorias, en el norte de América, que podrían afectar más los derechos humanos de las personas migrantes en movilidad humana o en el país de destino. Recordé asimismo que, en el caso de Honduras, desde el 2014, ya hemos formulado recomendaciones sobre el trato a las personas migrantes y la necesidad de atender las causas estructurales de la migración forzada.

La alerta temprana fue ampliamente divulgada, pero no hubo suficiente consideración, ni en los Estados ni en las instituciones internacionales. Lo que sucedió después, es una lección sobre la necesidad de prepararse para evitar, de manera anticipada, la ingobernabilidad del fenómeno migratorio y con ello aumentar el espacio para una mayor vulneración de los derechos humanos, y éste es el punto que preocupa más y amerita una breve consideración.

Como en el 2018, de Honduras partió recientemente una nueva caravana de personas migrantes que se calcula en un número estimado de cinco mil personas con la intención de llegar a los Estados Unidos de América, la mayoría de las cuales ha sido retornada, desde Guatemala y México. En todo caso es prueba fehaciente de la continuidad histórica de esa migración forzada, en general, motivada por necesidades vitales desatendidas de las personas en situación de pobreza o en condición de vulnerabilidad. Ya se escucha hablar de posibles nuevas caravanas.

Importa precisar que no me refiero a la migración irregular. La cual es aquella que las personas realizan sin observar las normas nacionales e internacionales vigentes en Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos de América; y es, en ese contexto, en donde puede haber también casos de tráfico de migrantes y trata de personas.

Mi pensamiento va hacia la migración forzosa o forzada que es resultado de amenazas internas, en Honduras, a personas o grupos de personas que se consideran obligadas a salir de su país para sobrevivir, subsistir o vivir dignamente. Es aplicable también al trato a los migrantes hondureños que residen en otros países o cuentan con permisos especiales para hacerlo.

 A ese respecto, hemos constatado, por una parte, las causas de la migración forzosa desde los Estados de origen como Honduras, así como la persistente consideración, en ciertos de los Estados de tránsito o de destino, de la migración como una cuestión centrada en el control armado de las fronteras y en la seguridad nacional, lo que trae consigo el comportamiento inhumano y de intolerancia de muchas de las autoridades hacia los migrantes. Lo que contradice evidentemente el reconocimiento internacional de la migración como un fenómeno histórico, global, mixto y complejo que obedece a diferentes causas y está vinculado estrechamente con los derechos humanos de las personas migrantes.

Por ello, el trato inhumano a las personas migrantes forzadas y la falta de atención debida a las causas estructurales de su migración del Estado o país de origen, llama a ser atendida desde una nueva perspectiva histórica y conciencia universal de transformación que, poniendo en el centro la dignidad humana, aproveche normativas y entendimientos que gozan ya, en este siglo XXI, del respaldo generalizado de la comunidad internacional.

Eso es lo que, como Defensor del Pueblo de Honduras, he estado promoviendo en todos los seis años pasados, con incidencia nacional e internacional. Esperamos que ello contribuya a preparar una post crisis con una “nueva normalidad” de más respeto a la dignidad de los migrantes y a encontrar solución a las causas que obligan a la migración forzada de las personas.

En efecto, hemos experimentado, como Estado, la problemática de la migración forzada y muy poco hemos avanzado con instrumentos ciertos para superar sus causas y, en todo caso, evitar el trato inhumano a las personas migrantes, en su movilidad.

Desde el 2014, como Defensor del Pueblo, he venido planteando que la problemática de migración forzada depende del goce real de los derechos humanos de las personas en los países; y que puede solucionarse, aplicando instrumentos y estrategias de seguridad humana y de desarrollo sostenible que hagan posible la progresividad, en ese goce en la vida de todos los días.

Este planteamiento hondureño, en el 2017, fue asumido por la Federación Iberoamericana del Ombudsman en la Segunda Cumbre Iberoamericana “Migración y Derechos Humanos- una nueva mirada”, en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. En la Declaración, emanada de esa Cumbre, se expresa que: “… se constata la necesidad de una nueva mirada respecto al tema de la migración desde un enfoque de dignidad humana, teniendo presente los vigentes instrumentos y entendimientos universales sobre la seguridad humana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que posibilite también atender las causas de los flujos migratorios sin olvidar las responsabilidades compartidas de los Estados de origen, tránsito y destino, así como de la comunidad internacional”.

En consecuencia, se recomienda a los Estados “Que desarrollen políticas de protección, apoyo y asistencia en los fenómenos migratorios, cumpliendo con los compromisos asumidos en el ámbito de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del entendimiento común universal del enfoque de la seguridad humana, aprobado por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 66/290 de 25 de octubre del 2012”.

Considero esa recomendación de la FIO a todos los Estados, como una exhortación a una ruptura de la continuidad histórica de la habitual y fría mirada estatal a la migración, con una reacción en el presente y una previsión obligada hacia el porvenir, adecuada a los compromisos mundiales actuales, reflejados en los entendimientos universales sobre la seguridad humana y la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.

Es un llamado también a una mayor democratización de los Estados y de la institucionalidad internacional, en función de su compromiso con los pueblos y la atención cumplida de sus necesidades, urgiéndoles a que superen el improductivo enfoque tradicional, dimensionando la significación de la migración para tratarla dignamente y hacer viable la reducción del fenómeno de la movilidad humana forzosa, mediante un proceso de examen de los efectos, identificación de sus causas estructurales, precisión de los objetivos para su solución, con aplicación de instrumentos señalados de seguridad humana y desarrollo sostenible; y, en todo caso, de cumplimiento de la responsabilidad de brindar, en todo tiempo y lugar donde se encuentren, protección y respeto a la dignidad de las personas migrantes.

En el caso de Honduras, como país de origen de migración forzada, de refugio y de tránsito, debemos atender nuestras obligaciones nacionales y nuestras responsabilidades internacionales, como Estado y sociedad, de erradicar progresivamente la prevaleciente situación de pobreza, exclusión,

desigualdad y desprotección social, y fomentar la movilidad humana ordenada, segura y regular de las personas, así como avanzar en la democratización nacional que nos lleve a estructurar una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible, con instituciones eficaces y responsables que, a todos los niveles, rindan cuentas, tal como se espera del compromiso y la esperanza de alcanzar las metas y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ya hemos planteado las causas, recomendaciones de soluciones y responsables, en los informes anuales del CONADEH, desde el 2014, en dos informes especiales sobre la migración forzada, en el 2018, y en el informe Anual del 2019, entre otros documentos. Más allá de las recomendaciones nacionales e internacionales sobre la aplicación de la seguridad humana y el desarrollo sostenible, desde el 2016, impulsamos concreta y exitosamente, la hondureña “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario” que hoy se implementa, en 54 municipios, con empoderamiento de sus comunidades.

Con ésta experiencia y práctica local, en Honduras, se acredita aún más la promoción internacional de los entendimientos universales que hemos realizado sobre la seguridad humana y el desarrollo sostenible, en su aplicación también transformadora a la gobernabilidad de la migración forzada, en especial a la solución de sus causas estructurales.

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