El tráfico de personas crece en la sombra en EE.UU.

Washington – El tráfico de personas, una lacra cuyo impacto mundial fue denunciado esta semana por el Gobierno de EE.UU, crece en la sombra en su propio territorio, espoleado por el miedo a la denuncia de los indocumentados y la sensación de impunidad de los criminales.
 

«El tráfico de personas es un crimen oculto. Los datos son muy escasos, pero está claro que demasiada gente está siendo sometida a ello en Estados Unidos», explicó a Efe Naomi Tsu, responsable del Programa de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, una organización que vigila los abusos a indocumentados.

Aunque el problema no llega al rango que tiene en China o Rusia, tres de los 21 países señalados por su complicidad con el tráfico de personas en un informe del Departamento de Estado este miércoles, EE.UU tiene factores «estructurales» que hacen que la «esclavitud moderna», especialmente laboral, continúe «sin frenos», dijo Tsu.

En 2012, el Departamento de Justicia calificó el tráfico de personas como la segunda industria criminal de mayor crecimiento en Estados Unidos, sólo por detrás del narcotráfico; pero los datos oficiales siguen siendo escasos.

El Proyecto Polaris, un centro de ayuda a las víctimas de tráfico de personas en Estados Unidos, calcula que «cientos de miles» de niños y adultos siguen sometidos a explotación sexual o laboral en el país, según indicó esta semana su presidente, Bradley Myles.

Ese panorama difuso se ilumina cada vez que las autoridades desmantelan una trama de tráfico de personas, como ocurrió en dos ocasiones esta semana.

La primera tuvo lugar el lunes, cuando las autoridades de Nueva York acusaron a nueve propietarios de franquicias de las tiendas 7-Eleven de explotar a inmigrantes ilegales paquistaníes y filipinos como si de «una plantación moderna» se tratara, en palabras de la fiscal federal Loretta Lynch.

La segunda se produjo el martes, cuando las autoridades detuvieron a cuatro personas por retener en condiciones «de esclavitud» a una mujer con problemas mentales y su hijo durante dos años en su residencia en una localidad rural.

Según el informe del Departamento de Estado, la mayoría de víctimas de tráfico de personas en EE.UU. proceden de México, seguido de Tailandia, Filipinas, Honduras, Indonesia y Guatemala.

Los inmigrantes indocumentados son «particularmente vulnerables a la delincuencia, dado que se resisten a pedir ayuda a las autoridades por temor a ser deportados y alejados de sus familias», apuntó Tsu.

El Southern Poverty Law Center, cuyos abogados representan a miles de inmigrantes de EE.UU, ha determinado además que «los trabajadores visitantes que están en el país con visados válidos se arriesgan a ser víctimas de tráfico por la falta de regulación» de los programas que les permitieron entrar al país, explicó.

«Algunos de mis clientes pagaron 15.000 dólares en tasas para conseguir una tarjeta de residencia y un trabajo en EE.UU, y en su lugar entraron en el país con un visado H-2B de 10 meses para trabajar con una compañía que les cobraba más de 1.000 dólares al mes para vivir en alojamientos abarrotados y vigilados», aseguró.

La reforma migratoria que debate el Senado mejoraría la supervisión de ese tipo de programas, pero no eliminaría el enlace que existe entre muchos tipos de visados y un único empleador, y que les somete a «enormes presiones» para mantenerse en «un trabajo abusivo», alertó la abogada.

La explotación laboral es la forma de tráfico de personas más extendida en EE.UU, pero el 85% de los procesos legales que se abren en el país corresponden a casos de explotación sexual, según un estudio de 2012 del Instituto Nacional de Justicia.

«Este desequilibrio permite que el tráfico laboral siga avanzando sin frenos», lamentó Tsu.

Según datos del Departamento de Justicia, Estados Unidos abrió una media de 24 casos al año relacionados con la explotación laboral entre 2009 y 2011, más del doble que entre 2006 y 2008, cuando investigaba unos 11 casos al año.

Las organizaciones de ayuda a las víctimas reconocen que los estándares en Estados Unidos han mejorado mucho en la última década, pero piden más medidas de prevención y garantías de proceso para no volver a leer, como en el informe presentado este miércoles, que persisten trabajos forzados a empleados domésticos en residencias de embajadores o tramas de prostitución forzada de niñas indígenas.

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