De acuerdo con la información publicada en la página web del periódico «Arizona Republic», aunque el pasado mes de diciembre el Supremo anunció que escucharía el caso de la SB1070 este año, no fue sino hasta hoy que se estableció la fecha.
En 2010, antes de que la ley entrara en vigor, la jueza federal en Arizona Susan Bolton suspendió algunas de las secciones más controvertidas de la ley, entre ellas la cláusula que permite a los policías locales cuestionar el estatus migratorio de personas «sospechosas» de encontrarse ilegalmente en Estados Unidos.
La suspensiones respondieron a una demanda interpuesta por el Gobierno federal en contra de la SB1070.
La Corte de Apelaciones del Circuito Nueve mantuvo la decisión de Bolton, por lo que la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, apeló ante el máximo tribunal del país.
Otras de las cláusulas que se encuentran suspendidas es la que obliga a todos los extranjeros portar sus documentos migratorios para poder identificarse en caso de ser detenidos por las autoridades.
La SB1070 ha servido de modelo para que otros estados aprueben medidas similares en contra de la inmigración ilegal.
Por su parte organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos han argumentado que las leyes migratorias son competencia del Gobierno federal y no de la jurisdicción de los estados.
