El Senado de EEUU aprueba la mayor reforma migratoria desde 1986

Washington – El Senado de EE.UU. aprobó hoy, con amplio apoyo bipartidista, la mayor reforma migratoria para la legalización de los indocumentados desde 1986, en una demostración de fuerza pensada para convencer a los escépticos en la Cámara de Representantes, donde afronta un futuro incierto.
 

La medida «S.744» logró 68 votos a favor, incluyendo el «sí» de 14 republicanos, y 32 en contra, y su esperada aprobación puso fin a tres semanas de debate.

La iniciativa, de más de mil páginas, tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde afronta la oposición de republicanos que controlan ese órgano legislativo.

El presidente de EE.UU., el demócrata Barack Obama, que prometió la reforma al electorado hispano durante las campañas de 2008 y 2012, instó a la Cámara baja a que siga el ejemplo del Senado.

«Hoy, el Senado cumplió con su tarea. Ahora le toca a la Cámara de Representantes hacer lo mismo», dijo Obama en un comunicado, y pidió la ayuda de la opinión pública para frenar cualquier esfuerzo por torpedear la iniciativa.

«Tenemos una oportunidad única de corregir nuestro maltrecho sistema de inmigración de forma que defienda nuestras tradiciones como nación de leyes y nación de inmigrantes. Sólo necesitamos que el Congreso complete su labor», puntualizó.

La reforma negociada por el «Grupo de los ocho» -cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos- condiciona la legalización de los indocumentados a la seguridad fronteriza; incrementa drásticamente la vigilancia en la frontera con México; y establece medidas para controlar futuros flujos migratorios.

Entre otros elementos, exige que los indocumentados que cumplan con varios requisitos primero obtengan un permiso temporal y luego deberán esperar hasta 13 años para conseguir la residencia permanente y eventual ciudadanía. El trámite sería más rápido para estudiantes indocumentados que vinieron a EE.UU. siendo menores y para los trabajadores agrícolas.

También extiende a todo EE.UU. el uso obligatorio del programa «E-Verify», para que las empresas verifiquen el estatus migratorio de sus nuevos empleados, y refuerza la vigilancia fronteriza con un plan de 46.000 millones de dólares que incluye la duplicación a 40.000 del número de agentes fronterizos, muros en 1.126 kilómetros, y el uso de aviones no tripulados.

El voto, presidido por el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, fue aplaudido por activistas apiñados en la galería del hemiciclo y que, pese a las advertencias de mantener silencio, gritaron la consigna de «¡Sí se puede!», eslogan de campaña del presidente Obama, en señal de celebración.

Votando desde sus escritorios y con los 100 senadores presentes, una tradición reservada para decisiones de gran trascendencia, tanto demócratas como republicanos ofrecieron a lo largo del día apasionados discursos.

«Es una legislación histórica que asegurará nuestras fronteras y ayudará a once millones de personas a legalizarse», dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, en un discurso en el que se atragantaba.

El senador demócrata por Nueva York, Charles Schumer, miembro del «Grupo de los ocho», dijo que la reforma da a los indocumentados la «oportunidad de conseguir la estabilidad y prosperidad económica para ellos y sus familias».

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, otro miembro del grupo negociador y considerado clave para captar el apoyo de los conservadores, salpicó su discurso con referencias a su familia inmigrante y a los símbolos patrios de EE.UU., como la Estatua de la Libertad.

«Apoyo esta reforma no sólo porque creo en los inmigrantes, sino porque creo en EE.UU. aún más», dijo Rubio, que recibió palmaditas y palabras de elogio del resto del «Grupo de los ocho».

Pero el senador republicano por Texas, John Cornyn, se quejó de que el Senado «ha perdido la oportunidad de realizar una verdadera reforma», mientras que su correligionario de Utah, Mike Lee, afirmó que la legislación fomenta la «disfunción» del Gobierno.

Horas antes del voto, el presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, tiró un baldazo de agua fría a la reforma, al asegurar que ese órgano legislativo debatirá su propia medida para, ante todo, reforzar la seguridad fronteriza.

La Cámara baja «no va votar lo que apruebe el Senado» y se reunirá el próximo 10 de julio para analizar su estrategia, dijo.

La aprobación de la reforma, piedra angular de la agenda legislativa de Obama, fue elogiada por la amplia coalición de organizaciones hispanas, grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicales que la vienen promoviendo desde comienzos de la década.

«No podemos simplemente cerrar la puerta a gente honesta y trabajadora que busca la libertad u oportunidades económicas en esta gran nación», afirmó Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), al señalar que la reforma es una apuesta en la que «todos ganan».

Estos son los principales puntos del plan reformista, titulado «Acta para la Seguridad Fronteriza, la Oportunidad Económica y la Modernización de la Inmigración de 2013»:

LEGALIZACIÓN DE ONCE MILLONES DE INMIGRANTES INDOCUMENTADOS

– Los indocumentados primero obtendrán un permiso temporal renovable de seis años, si demuestran que entraron antes del 31 de diciembre de 2011 y que han mantenido una presencia física continuada en el país. Ese permiso les permitirá trabajar en cualquier empresa y viajar fuera de EE.UU.

– Para obtener ese estatus provisional renovable, tendrán que pagar 500 dólares, estar al día con el pago de impuestos y pagar otra multa similar para renovarlo. Los estudiantes que vinieron cuando eran menores quedan exentos de esa multa.

– Los indocumentados que fueron deportados por causas no penales antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el ingreso en EE.UU. si son cónyuges o padres de un ciudadano estadounidense o un residente permanente o si son los llamados «soñadores», que entraron en el país cuando eran menores de edad.

– También podrán solicitar un ajuste migratorio los que ya se encuentren en proceso de deportación.

– Los jóvenes traídos al país cuando eran menores de edad podrán devenir ciudadanos si realizan servicios militares.

– El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe demostrar una eficacia de al menos el «90 %» en sectores fronterizos de «alto riesgo» en un plazo de diez años antes de que los indocumentados puedan obtener la residencia permanente.

– Para «ganarse» la residencia permanente en un plazo de diez años, los indocumentados tendrán que pagar una multa de mil dólares y otras tarifas aún no precisadas, estar al día con sus impuestos, demostrar que han trabajo con regularidad, y tener conocimiento del inglés.

– Quedan excluidos del programa de legalización quienes hayan sido condenados por delitos graves, por al menos tres delitos menores, o por una infracción en el exterior. También aquellos que hayan votado ilegalmente, o que hayan cometido faltas de orden criminal, de seguridad nacional, salud pública o de carácter moral.

SEGURIDAD FRONTERIZA

– Despliegue de 20.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza con México, que se añadirán a los 18.400 ya existentes, lo que supondrá la presencia de un agente por cada 300 metros (coste: 30.000 millones de dólares).

– Construcción de 563 km de valla fronteriza, que se añadirán a las 563 ya existentes dejando un total de 1.127 km de valla en la frontera con México (7.500 mil millones de dólares).

– Aplicación de un robusto plan de seguridad fronteriza en un plazo de diez años, que incluye el uso de aviones no tripulados, torres de vigilancia, sensores de terreno y otros equipos de alta tecnología (4.500 millones de dólares).

– Si el DHS no demuestra una eficacia del 90 % en los sectores de alto riesgo de la frontera en los primeros cinco años, se establece una comisión bipartidista, compuesta por cuatro gobernadores estatales de la frontera, que deberá emitir recomendaciones para que se logre esa meta.

– El DHS deberá establecer «estándares» que garanticen que los menores de edad detenidos cruzando la frontera y en su custodia se encuentran en buenas condiciones.

CONTROL DE FUTUROS FLUJOS MIGRATORIOS

– Crea un sistema electrónico para el registro de salida de extranjeros en aeropuertos y puertos marítimos, que recabaría la información de todas las embarcaciones y vuelos, para evitar que los extranjeros permanezcan en el país con visas vencidas.

– En la actualidad, el sistema destina 480.000 visas en cuatro categorías familiares. Bajo el nuevo sistema, solo habría dos categorías, que incluirán a hijos adultos solteros e hijos casados que pueden solicitar la visa antes de cumplir 31 años.

– Elimina las visas para hermanos de ciudadanos estadounidenses 18 meses después de la entrada en vigor de la reforma.

– Elimina la «lotería de visas» para la diversidad poblacional, aunque los individuos seleccionados para los años fiscales 2013 y 2014 podrán recibirlas.

– Destina el 40 % de las visas por vínculos laborales a individuos con maestrías y demás posgrado en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas de una universidad estadounidense y que tengan una oferta de trabajo en EE.UU.

– Aumenta de 65.000 a 110.000 el número de visas temporales «H-1B» para extranjeros con altas destrezas laborales, aunque en el futuro el límite aumentaría a 180.000, dependiendo de factores del mercado laboral en EE.UU.

– Establece una visa «W» para trabajadores con menos destrezas laborales en las áreas de servicios. La visa temporal será emitida también para cónyuges e hijos menores del solicitante.

– Se garantiza que aquellos trabajadores indocumentados que coticen bajo un número de seguridad social falso o perteneciente a un tercero no tendrán acceso a los beneficios correspondientes al régimen de la seguridad social.

– La reforma exige que todos los empleadores utilicen el programa federal de «E-Verify», en un plazo de cinco años, para verificar el estatus migratorio de los trabajadores.

– Las empresas con más de 5.000 empleados tendrán un plazo de dos años para el uso obligatorio del programa federal, mientras que las que tengan más de 500 empleados, tendrán un plazo de tres años.


– En el marco de «E-Verify» todo extranjero deberá mostrar su permiso laboral o «tarjeta verde» de residencia permanente con sus datos biométricos.


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