El director de la Policía Nacional, Rigoberto Pleités, admitió que el 50 por ciento de las muertes están vinculada a la riña de pandillas.
Desde hace semanas los salvadoreños venían señalando que la violencia iba ganando en intensidad y que el mediático pacto no estaba funcionando.
Pero fue esta semana que los salvadoreños volvieron a encontrarse con la violencia descontrolada, ya que en los últimos tres días se registran 54 asesinatos, según el Diario de Hoy en su edición digital El Salvador.com.
Solo el martes se reportaron 22 asesinatos, mientras el miércoles fueron 20.
Las pandillas Mara 18 y Salvatrucha o Barrio 13 anunciaron un pacto de no agresión que fue ampliamente divulgado y con el cual se redujo drásticamente el número de muertos en el país vecino, que era el segundo más violento del mundo con 70 muertos por 100,000 habitantes.
La tasa diaria de homicidios era de 14 y con el pacto se redujeron a seis.
Pero hoy miércoles el pacto virtualmente estalló por los aires y en un solo día se registraron 20 muertes, igual al promedio hondureño y que tiene una tasa de 85 muertes por 100,000 habitantes.
El referido pacto fue impulsado por el capellán militar, monseñor Fabio Colindres, y el ex comandante el FMLN, Raúl Mijango.
Las dos figuras señalaron que sirvieron como mediadores entre los grupos y rechazaron que fueran enviados del gobierno del presidente salvadoreño Mauricio Funes.
El pacto fue suscrito el 9 de marzo del 2012.
Gobierno niega negociación
El gobierno de Funes negó en todo momento que hubiera negociado un pacto con las temibles pandillas y en todo momento dijo que fue una mediación entre monseñor Colindres y el ex comandante Mijango, pero que acompañaría a los mediadores.
Pero cuando los crímenes comenzaron a bajar, en cada viaje internacional el presidente Funes presentaba el pacto de las pandillas y la reducción de las muertes como uno de los principales logros del gobierno e incluso pidió apoyo monetario internacional para su total reinserción a la sociedad.
OEA apoya entusiastamente
La Organización de Estados Americanos (OEA) se mostró entusiasmada con el pacto e inmediatamente despachó a su responsable de seguridad, Adam Blackwell, para que acompañara el proceso.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, incluso visitó El Salvador y asistió a una supuesta destrucción de armas y visitó centros penales donde estaban los pandilleros recluidos.
Honduras
A raíz del pacto salvadoreño, algunos pensaron que la salida de Honduras a la intensa violencia era seguir la vía del país vecino y se impulsó un supuesto pacto de no agresión.
El obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, impulsó la mediación y se logró recientemente que las dos pandillas anunciaran su intención de no agredirse y pedir perdón a la sociedad, pero aclararon que no era un pacto.
Recientemente delegados salvadoreños viajaron a San Pedro Sula para visitar a los líderes pandilleros y asesorar en este proceso a los hondureños. Incluso Adam Blackwell estuvo en San Pedro Sula apoyando la iniciativa de Emiliani y reveló que este proceso tenía ocho meses de estar en construcción. Blackwell es en Honduras integrante de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública (CRSP) pero su presencia es imperceptible, apoya a control remoto.
Denuncias
El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, había declarado en abril pasado que el pacto de pandillas es un “pacto hipócrita”. Igualmente más del 60 por ciento de la población salvadoreña no confiaba en la misma.
Recientemente, en un artículo en el diario El País de España, el ex líder guerrillero, Joaquín Villalobos denunció que ese pacto en El Salvador era una especie de “revolución del lumpen” en donde el Estado cedía a las presiones de los delincuentes y dijo que por haberse efectuado al margen de la población, éste carecía de respaldo popular porque el mismo nunca contempló la reducción de la extorsión o el mal llamado “impuesto de guerra”, de la cual la población salvadoreña, es presa.
