San José – El Estado salvadoreño pidió hoy perdón por la desaparición forzada de niños en el conflicto armado interno de la década de 1980, en el marco de una audiencia sobre el asunto en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica.
La representante del Estado, Tania Camila Rosa, dijo ante los jueces que El Salvador asume la responsabilidad por las desapariciones forzadas, a manos de las fuerzas armadas entre 1980 y 1982, de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio, Ricardo Ayala Abarca y Emelinda Lorena Hernández.
«El Estado expresa a los familiares de los niños (…) un sincero pedido de perdón porque en el pasado el Estado alego la inexistencia de estos hechos que formaron parte de un padrón de violencia que tuvo lugar en El Salvador durante el pasado conflicto armado entre 1980 y 1991», declaró Rosa.
La representante estatal afirmó que las desapariciones ocurridas durante el conflicto armado siguen siendo «causa de un profundo sufrimiento para muchas familias» y destacó el trabajo de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas y la «fortaleza» de las personas afectadas.
«El Estado ha reconocido los hechos objeto de esta audiencia y además ha reconocido su obligación de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas» y «expresa su firme compromiso de avanzar en las acciones necesarias para que gocen plenamente de los derechos de los que son titulares», manifestó.
En la audiencia celebrada hoy en la CorteIDH los jueces escucharon el testimonio de José Aristides Bonilla, hermano del niño desaparecido Manuel Antonio Bonilla, y el de María Rochac, hermana de José Adrián Rochac, también desaparecido.
Ambos testigos relataron su experiencia cuando miembros de las fuerzas armadas se llevaron a sus familiares como parte de los operativos conocidos como «contrainsurgencia».
Rochac y Bonilla manifestaron que la mejor forma de reparación que les podría ofrecer el Estado es esclarecer el paradero de sus hermanos y reencontrarse con ellos, además de una atención médica y psicológica especializada para sus familias debido a las secuelas sufridas.
Después de esta audiencia, la CorteIDH, encabezada por su presidente, el juez colombiano Manuel Sierra Porto, da un plazo de un mes para que las partes entreguen sus alegatos finales escritos y a partir de allí analizará la posibilidad de dictar una sentencia.
