Tegucigalpa – El abogado defensor de Carlos Arnaldo Lobo alias “El Negro Lobo”, se presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra del tratado internacional de extradición vigente entre Honduras y Estados Unidos.
 

– Es el tercer recurso que presenta “El Negro Lobo” a través de su apoderado legal, dos de ellos con el objetivo de evitar ser extraditado hacia el país del norte.

El apoderado legal de Lobo, Raúl Suazo Barillas, manifestó que este recurso fue interpuesto en contra del “tratado suscrito entre Honduras y Estados Unidos” que permite la extracción de nacionales.

Suazo Barillas justificó que Estados Unidos es uno de los países que tiene la pena de muerte, al igual que Japón, Guatemala, China, entre otros.

En ese sentido dijo que “nosotros en este caso, estamos denunciando el tratado entre Honduras y los Estados Unidos de Norteamérica”.

Señaló que el articulo número dos de ese tratado indica que se permitirá la extradición de hondureños por algunos delitos, pero que en Estados unidos todavía existe la pena de muerte en varios estados de la nación del norte.

“Cualquier hondureño puede ser solicitado por los Estado Unidos a los estados de Washington, New York, New Jersey, Luisiana, La Florida; son 38 estados de los Estados Unidos, que todavía tienen la pena de muerte”, expresó.

Lo anterior, fue calificado por Suazo Barillas como “completamente inconstitucional e incongruente por lo que establece la constitución de la Republica de Honduras en relación al derecho de protección a la vida”.

Enfatizó que este tratado “es el que afecta directamente a los hondureños, especialmente a mi cliente Carlos Arnoldo Lobo”.

El pasado 25 de junio, Suazo Barillas en representación del “Negro Lobo”, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Extradición.

En ese momento, el profesional del derecho, agregó que ese recurso se hizo efectivo por errores de fondo y de forma en la norma aprobada por el Congreso hondureño.

Especificó que el recurso se amparaba en la reforma al artículo 102 de la Constitución.

Además ha presentado recurso de inconstitucionalidad en contra la Ley de Privación de Dominio.