Tegucigalpa – El padre jesuita Ismael Moreno opinó este miércoles que el caso del “narcovideo” es un escándalo que en algún momento debe conocerse la verdad y hacerse justicia.
“A un año del video, es un escándalo y seguirá siéndolo, creo que la administración pública le ayuda que haya procesos de investigación profundos y no dejarlo en el limbo”, dijo al noticiero Hoy Mismo.
Mencionó que los casos que involucran al exdiputado Carlos Zelaya, al congresista Mauricio Villeda y el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez no son fáciles de emitir opinión por la coyuntura política-electoral.
Moreno puntualizó que cada administración pública divulga actos de corrupción de sus antecesores, pero no enfrenta los de su mandato.
El conocido “Padre Melo” lamentó que la justicia hondureña es lenta y amañada, y solo actúa de acuerdo a determinados intereses.
“Estos casos en algún momento determinado tendrán que salir porque tenemos derecho a conocer la verdad, que se haga justicia y el sistema de justicia actúa conforme al mandato de la Constitución y no dejarse llevar por intereses”, aseveró.
Mencionó que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue un protector experto de los actos de corrupción que cometieron sus funcionarios.
Moreno consideró que era imposible que exministro Ebal Díaz actuara por su cuenta sin tener la protección de las autoridades de la cúpula.
Asimismo se refirió al caso de la diputada Isis Cuellar, indicó que si la congresista no cuenta con el aval o respaldo de las autoridades al máximo nivel estaría apareciendo para hacer campaña.
En ese sentido, analizó que la protección de las autoridades de las cúpulas partidarias deja la sensación que la justicia solo se aplica tajantemente al mundo de los pobres y no en casos de gente privilegiada.
“Me gustaría que este caso no tuviera ningún tratamiento político ni en el marco electoral, solo en el ámbito de la justicia”, anheló.
Subrayó que los cálculos políticos-electorales provocan que la justicia no abarque a los altos funcionarios del gobierno, Congreso Nacional y Corte Suprema de la Justicia (CSJ). AG
