Desde que conocemos las encuestas del Barómetro de las Américas; Transparencia Internacional; el Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH); y, el Sondeo de Opinión Publica de la Compañía de Jesús, los partidos políticos, los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y las instituciones electorales han sido las peor calificadas. Lo que nos ha resultado sorprendente es la capacidad de los políticos de no inmutarse y seguirnos ofreciendo en cada proceso electoral un país mejor, y también resulta inexplicable, que nosotros, ciudadanos de todos los niveles económicos y de educación formal, sigamos creyéndoles.
El gobierno que hoy cumple 207 días recibió un país donde un 22% de los ciudadanos cree que los derechos básicos están protegidos; 68% cree que la mayoría o todos los políticos están involucrados en corrupción y 70% no tienen ninguna confianza en que el gobierno haga lo correcto (El Barómetro de las Américas 2021).
El Equipo de Reflexión e Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en su última entrega (2022, con información de campo levantada entre el 28 de marzo y el 7 de abril; 44 días después de la asunción de la presidenta Castro) nos dice que solo el 18.7% de los hondureños confía en la Policía Nacional, 16.9% en las Fuerzas Armadas, 16.7% en la Policía Militar de Orden Público. El 73,7% no confía en la Corte Suprema de Justicia; el 80:3% no cree en los partidos políticos y el 71.3% no cree en el Congreso Nacional.
Sobre la valoración de la actuación de los Diputados, si unimos las calificaciones de muy mala, mala y regular, más del 60% de los hondureños ubican en estas categorías a los Diputados de los cuatro partidos políticos (Libre: 61.7%; PN: 79;1%; PL: 66.3% y PSH: 65.3%). Y para cuando ERIC realizó esta Encuesta, el 60:6% de los encuestados opina que a la Señora presidenta la manipula el Expresidente José Manuel Zelaya.
Para revertir esta pobre calificación de los ciudadanos hacia los políticos y a sus instituciones, en estos meses destacan las siguientes actuaciones:
1 El Congreso Nacional elige dos Juntas Directivas Provisionales, las dos al margen de la normativa que mandan las leyes hondureñas. Una de las dos ha quedado en funciones sin que se rectificara la forma de su elección.
2 El Congreso Nacional aprueba la Ley de amnistía para los presos políticos. Amparados en esta Ley fueron sobreseídos ex funcionarios del gobierno Zelaya, a quienes se les seguían causa por corrupción desde mediados del año 2008, un año antes del Golpe. El Expresidente Zelaya dirigió cartas a los jueces que tenían que emitir sentencia, entendiéndose como una presión para esta causa. Diputados del PSH ofrecieron presentar reformas al Decreto. No han vuelto hablar del tema.
3 El Congreso Nacional en funciones destituyó al Procurador y Subprocurador sin tener los votos necesarios para esta decisión, sin que los funcionarios hubiesen renunciado y antes de cumplir el periodo para el cual fueron electos; además los funcionarios que fueron nombrados no tienen los requisitos que la Ley ordena.
4 El Congreso Nacional continúa funcionando con la Ley Orgánica anterior. La Ley de la Dictadura, y entre las prácticas están: No entregar la agenda con antelación de al menos 48 horas, solicitar dispensa de dos debates, aprobar los temas sensibles a la media noche, etc.
5 Nepotismo en todos los gobiernos; pero en éste es uno donde los entramados familiares de primer nivel de empleo, quizá no tenga precedentes en gobiernos recientes. Las listas que circulan registran más de 15 miembros entre el Ejecutivo y Congreso Nacional: ministros, ministras, Diputados al CN, al PARLACEN, asesores presidenciales, directores.
Cuando el poder se ejerce de esta forma, el concepto es que el país les pertenece.
6 Nombramiento de funcionarios sin temer los requisitos que disponen la normativa institucional. Ejercer el poder de esta forma es no reconocer los límites de la función pública. Es replicar las prácticas del poder arbitrario y un riesgo para mayor debilidad institucional.
7 El Ejecutivo vota en Ginebra en contra de una condena por violación de Derechos Humanos del Régimen de Ortega, luego dice que fue un error y pide registrar abstención. Hace una semana, en la OEA, junto a Bolivia, El Salvador y México, de nuevo se abstienen de condenar al régimen de Ortega por la persecución a la Iglesia Católica, por perseguir y cancelar a OSC, y por el encarcelamiento a los antiguos guerrilleros: Dora María Téllez lleva 434 días privada de Libertad y con deteriorada salud, y Sergio Ramírez está en el exilio. En el 2021 los hondureños no le dieron al Partido Nacional la opción de seguir gobernando. Los nicaragüenses no tienen esa posibilidad. Decir lo contrario es una negación a la historia. Y el gobierno de Honduras, hechos semejantes o peores, los mide con doble rasero.
Esta reseña es solo para dejar en evidencia, que estos hechos fácticos del ejercicio del Poder del partido Libre no ayudan a superar la desconfianza en los políticos, en los funcionarios y en los Diputados. Probablemente una Encuesta a los 207 días refleja un desplome mayor de aquellos datos de los 44 días. Y es en este contexto, y con este desempeño que el Ejecutivo envía un proyecto de Ley para una nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que se dictamina en medio día, se somete al pleno sin hablar siquiera con el socio parlamentario, que piden se dispensen dos debates y que contienen justificadas dudas que apuntan hacia una nueva concentración de poder.
Alguien puede explicarnos: ¿Por qué esperan que confiemos en Ustedes? ¿En qué fundan la expectativa de la confianza ciudadana?… El mundo mágico en el que viven los políticos no es el mundo de los ciudadanos. Y las libertades todavía no las hemos perdido, aunque estén bajo amenaza.
