Tegucigalpa (Especiales Proceso Digital) – La lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión en Honduras sigue siendo un desafío para este país centroamericano que cuando celebra avances en la progresividad de estos derechos, enfrenta en cortos períodos de tiempo, una ola de contrarreforma con graves retrocesos que hoy tiene preocupado a organismos especialistas en su defensa, en especial, en lo relativo al caso del Mecanismo de Protección de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
La Ley de Protección, como se le conoce popularmente, fue una fuerte lucha de los periodistas y organizaciones de derechos humanos como efecto de las violaciones humanitarias suscitadas tras el golpe de estado de 2009, la intensificación de los crímenes de periodistas, la criminalización de los defensores humanitarios, el asesinato de operadores de justicia, y el clima de impunidad y secrecía que se había instalado en el país.
En los reportes internacionales de organizaciones humanitarias y de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, y las Naciones Unidas, el tema de los derechos humanos y la libertad de expresión eran el centro de la denuncia de lo que sucedía en el país al consignar sus violaciones, los retrocesos y la ausencia de voluntad política para revertir esta situación.
La lucha de los activistas humanitarios y defensores de libertad de expresión forzó al entonces gobierno de Honduras a aprobar en el 2015, la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos. La muerte de periodistas, comunicadores sociales, abogados, activistas humanitarios, jueces y fiscales, estaba haciendo mella sobre el gobierno y la transición post golpe en Honduras.
La Ley de Protección crea, a su vez, el Sistema Nacional de Protección (SNP) y el Consejo Nacional de Protección para velar por el cumplimiento de la norma, hacerla inclusiva, participativa y dar voz a los sectores casi siempre excluidos: las organizaciones de sociedad civil y humanitarias y gremiales que a diario luchan por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Un año más tarde, en el 2016, el gobierno de Juan Orlando Hernández, aceptó la llegada al país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), aceptando que la situación era tan delicada y grave que la institucionalidad del país no estaba dando las respuestas adecuadas.
La llegada OACNUDH
El OACNUDH se inserta rápidamente en las acciones de acompañamiento y registro de denuncias, así como seguimiento a casos de impacto para empezar a velar por el avance de la Ley de Protección y de la situación de los derechos humanos en general en Honduras. Sus informes han sido una especie de hoja de ruta de los obstáculos que enfrenta el país, las reformas necesarias y las metas de cumplimiento alcanzadas. Su labor no fue de la simpatía del gobierno anterior y empieza a hacer resquemores en el actual.
El tema de los derechos humanos, cuyo respeto irrestricto ha sido una de las promesas de campaña del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se instala en el debate público, no como una política de avance y fortalecimiento institucional, sino como uno de los factores que suman al clima de conflictividad social que enfrenta la actual administración de Castro.
El clima de conflictividad social, heredado y emergente, que enfrenta el actual gobierno, se caracteriza por las protestas de los colectivos de Libertad y Refundación (Libre), el partido en el poder, la de los médicos y enfermeras por incumplimiento de demandas, las demandas de empleo, el problema de tierras, el transporte, la violencia e inseguridad, la crisis de medicamentos en Salud, las plazas por concurso en el sector de Educación y el estado de los centros escolares; los flujos de migrantes que continúan, y ahora la situación en la Secretaría de Derechos Humanos ante el desmantelamiento del Mecanismo de Protección y el masivo despido de empleados sin justificación legal de sustento.
Esta última situación, lejos de ser un problema interno de la Secretaría de Derechos Humanos por la potestad de despedir que le asiste, se torna más complejo, porque entre las personas despedidas se encuentra personal técnico del Mecanismo de Protección, pasando por encima del Sistema Nacional de Protección y el Consejo Nacional de Protección. Las prácticas utilizadas, lejos de respetar la Ley de Protección y el espíritu de los derechos humanos, representa un retroceso con signos de autoritarismo que caracterizaron la administración de Hernández.
El Mecanismo de Protección, con un personal altamente capacitado por organismos internacionales para el manejo de situaciones de personas bajo riesgo, ha sido desmantelado y hoy se encuentran en el limbo más de un centenar de personas que se han acogido al mismo. La formación del nuevo personal no será cuestión de semanas, sino de tiempo y experiencia, advierten los expertos.
Un desmantelamiento sin precedentes
La Secretaría de Derechos Humanos, bajo su titular, Natalie Roque, ha desmentido que los despidos sean arbitrarios, que el Mecanismo de Protección será más bien fortalecido porque se creó “bajo una dictadura” y que la política de respeto a los derechos humanos sigue siendo una prioridad en el gobierno de la presidenta Castro. Roque niega que haya militarizado la organización y afirma que han interpuesto denuncias en el Ministerio Público para que investigue la “destrucción” de documentos de interés hecho por empleados de esa dependencia.
Pero ha sido la influyente y reputada organización internacional, Reporteros sin Fronteras, la primera voz en levantar y elevar su protesta ante el desmantelamiento del Mecanismo de Protección por considerar que pone en riesgo a la prensa, al periodismo y al ejercicio de la libertad de expresión.
“La nueva presidenta, Xiomara Castro, procede a una ola de despidos que pone en peligro el funcionamiento del mecanismo nacional de protección a los periodistas en Honduras. Reporteros Sin Fronteras manifiesta su más profundo rechazo a estos métodos autoritarios, en un país donde los ataques y la violencia contra la prensa no cesan de multiplicarse”, señala en su comunicado la organización internacional defensora de la libertad de expresión en el mundo.
“Es inconcebible y escandaloso que el mecanismo de protección, que ya padece una carencia cruel de recursos financieros, pueda ser desmantelado y quedarse sin más de dos tercios de sus empleados”, afirma Emmanuel Colombié, director de la Oficina de RSF en América Latina.
“Estos recortes de personal tienen un impacto dramático en la seguridad de los beneficiarios de las medidas de protección. Los periodistas hondureños trabajan en un entorno extremadamente hostil y son víctimas, a diario, de amenazas y violencia. Resulta, por tanto, urgente e imperativo restituir al personal despedido o reemplazarlo por empleados formados y competentes, para que los actuales beneficiarios no estén todavía más expuestos al peligro. Es responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro, a través del refuerzo del mecanismo, garantizar su seguridad”, añade.
Estos despidos abusivos y el contexto que se deriva han afectado al funcionamiento del Consejo Nacional de Protección del SNP, un órgano de deliberación encargado de la supervisión, control, acompañamiento y evaluación del mecanismo, advierte Reporteros sin Fronteras, que denuncia, a su vez, la militarización a lo interno de la secretaría de Derechos Humanos. Indica que algunas organizaciones integrantes del Mecanismo, han optado por retirarse de forma simbólica para manifestar su preocupación y en tal sentido “denunciar el desmantelamiento en curso” del Sistema Nacional de Protección.
El reclamo a la presidenta Castro
“Por otra parte, RSF tiene constancia de las presiones y amenazas, especialmente en redes sociales, que sufren los representantes de ONGs que se han mostrado críticos públicamente con el desmantelamiento del mecanismo”, señala.
La llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, investida el 27 de enero de 2022, “había generado ciertas esperanzas sobre un fortalecimiento del SNP. Sin embargo, sucede todo lo contrario. RSF lamenta la ausencia de voluntad política de Xiomara Castro para reforzar la política integral de protección de los periodistas, simbolizada tristemente por el desmantelamiento del SNP, que pone en situación de grave peligro a los solicitantes y beneficiarios de las medidas de protección”, expresa en otra de sus partes el comunicado.
La suerte del Mecanismo de Protección y el tema de la libertad de expresión en Honduras, nuevamente se pone en la mira pública de la comunidad internacional, en vista que Reporteros sin Fronteras califica al país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo a tal grado que va “camino al infierno”, así lo dijo en el informe de país 2022 ubicándolo en uno los ranking más bajos a nivel mundial para ejercer el periodismo. PD
