Tegucigalpa – En la última década, los operadores de justicia, en especial el Poder Judicial y el Ministerio Público, libran la batalla administrativa del presupuesto, las transferencias de recursos que dicta la Constitución no se han cumplido en años, y ello incide en acciones vinculadas con la mora judicial, el procesamiento de casos y el acceso a la justicia.
Un reciente informe del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) hace una mirada crítica vinculada al presupuesto que reciben estos dos órganos del Estado y el impacto en sus planes anuales operativos junto a sus indicadores.
En el mismo se refleja cómo en los últimos diez años, los presupuestos de estas dos instituciones siguen siendo deficitarios en función de los que les corresponde por ley, asimismo, que, en algunos casos, aunque se perciben leves aumentos, estos muchas veces son “nominales” y no reales.
La Secretaría de Finanzas y el Congreso Nacional son los entes claves en la incidencia de los presupuestos al Poder Judicial y al Ministerio Público, trastocando desde ahí la “independencia” que por mandato constitucional tienen ambas instancias operadoras de justicia, señala el informe del Fosdeh.
Presupuestos asignados, pero no entregados
Congreso Nacional es uno de los entes claves en la incidencia de los presupuestos al Poder Judicial y al Ministerio Público
Para el 2020, por ejemplo, el Poder Judicial debería tener una asignación presupuestaria de 3,240 millones de lempiras, pero solo le dieron 2,742.4 millones, es decir, le quitaron más de 726 millones de lempiras que le corresponden por mandato legal.
En los últimos cinco años, la Corte Suprema de Justicia o Poder Judicial nunca ha recibido un presupuesto constitucional completo, siempre le han cercenado millones de recursos. En el 2016, le quitaron 690 millones; en el 2017, 663 millones, en el 2018, 776 millones, en el 2019, 688 millones y ahora en el 2020, 726 millones de lempiras.
Para el año 2010, el Poder Judicial representaba un 2,2 por ciento y para el año 2020 representa un 1.8 por ciento del presupuesto de la administración central, lo que confirma un declive en la distribución de los recursos públicos del país, indica el documento.
Estos hechos, que para algunos podrían pasar desapercibidos, tienen un impacto directo en la administración de justicia, la mora judicial, las resoluciones evacuadas en los tribunales y por los magistrados, entre otros.
A manera de ejemplo, el 2019 fue el año del último quinquenio (2015-2019) los resultados reflejan un 73.4 por ciento, que representaron alrededor de 30,724 casos sin resolver con respecto a los ingresos de ese año. “De manera general y según la tendencia de los últimos tres años se puede mencionar que se encuentra encaminado a un incumplimiento de resultados en el Poder Judicial con el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia”, señala el informe del Fosdeh.
En el 2015, ingresaron 121,612 casos, de los 108, 202 fueron resueltos, quedando en rezago 13,410 casos, para el 2016 los ingresos fueron de 128,592 de los que se resolvieron 114,850, dejando una mora de 13,742 casos. En el 2017 ingresaron 123,731 casos de los que 121,541 fueron resueltos y 2,190 quedaron sin resolver. En el 2018, los casos registrados son 137,007 de los que 103,160 fueron resueltos pero la mora pendiente fue de 33,847 y para el 2019 el número de casos ingresados fue de 113,731 de los que 85,037 fueron resueltos y 30,724 quedaron sin resolver. Pese a los recortes presupuestarios, hacer frente a la mora judicial y dar respuestas, ha sido parte del plan central del PJ.
“El análisis de la eficiencia de la oferta y la demanda en el Poder Judicial, su desempeño no solo corresponde a los ingresos del año y las resoluciones. Los resultados necesitan una mayor profundización ante el uso eficiente de los recursos sean estos económicos, financieros y /técnicos”, destaca el estudio del Foro Social de la Deuda Externa. Gran parte de las resoluciones hechas por los tribunales de justicia y las salas que conforman el Poder Judicial son casos que se vienen arrastrando con anterioridad y existen retrasos sobre resoluciones con más de un año.
La justicia debe tener un adecuado presupuesto
El Ministerio Público ha tenido modificaciones presupuestarias que han ido al alza
En el caso del Ministerio Público, en la última década sus aumentos son pocos y muy distantes de lo estipulado en la Constitución y que por ley le corresponde. En el 2017, por ejemplo, el presupuesto fue de L.2,840.07 millones, pero no le entregaron L.1,094 millones; en el 2018 nominalmente le asignaron L.3,212.21 millones, pero no le entregaron L.1,326.74 millones; en el 2019 su presupuesto fue de L. 3,427.51 millones, pero no le entregaron L. 1,322.03 millones y en el 2020 la asignación presupuestaria fue de L.3,408.95 millones y no le entregaron L.1,363.45 millones.
Al igual que el Poder Judicial, el Ministerio Público ha tenido modificaciones presupuestarias que han ido al alza, pero no son significativas en función de las necesidades, los últimos tres años esas modificaciones superan los 100 millones de lempiras, indicando afectación en las metas reales que se propone en materia de eficiencia esa institución.
A lo interno del Ministerio Público, la distribución presupuestaria muestra que esa dependencia ha distribuido esos recursos entre la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección de Medicina Forense, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Dirección de Fiscalías, la Administración Superior y la Dirección de Administración.
La ATIC, por ejemplo, pasó de un presupuesto de 68 millones en el 2015 a uno de más de 256 millones de lempiras en el 2019, mientras la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico pasó de un monto de 70,6 millones en el 2014 a 132 millones en el 2019, y la Dirección de Medicina Forense de un presupuesto de L.165 millones en el 2014 a uno de L 286, 2 millones en el 2019. En todas estas agencias el personal y las capacidades de este se han elevado cada año, para dar respuestas en la lucha por la justicia.
De acuerdo con el Fosdeh, estas acciones presupuestarias inciden directamente en el trabajo de estos dos operadores de justicia, y lo considera un elemento de suma importancia para el pleno cumplimiento de las funciones. Al presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público les corresponde el 3 por ciento de los ingresos corrientes como manda la Constitución de la República, pero con lo aprobado por el Congreso Nacional no se cumple, acota en sus hallazgos el documento.
Finalmente, señala que la asignación presupuestaria a ambas instituciones continúa creciendo de manera nominal, se incrementa año con año, pero también se extiende el número y tipo de problemas de la sociedad. El desafío es evitar que ambas instancias caigan en un punto de “rendimiento decreciente” y de “pobreza judicial”.
