Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) -¡Vamos bien!, es la frase más popular que acuñan en los últimos meses las autoridades policiales cada vez que capturan a un presunto delincuente o autor de un crimen, ufanándose de los resultados de un estado de excepción con magros réditos y serias denuncias de violaciones humanitarias, entre ellas el retorno de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas.
Tres informes nacionales e internacionales han sido demoledores en sus apreciaciones sobre el impacto que está teniendo la política de mano dura en el marco de la suspensión de garantías constitucionales para poder entrar a cualquier sitio, en cualquier hora, sin orden judicial a fin de capturar a quienes estiman son sospechosos de delincuencia común u organizada.
Esos informes se relacionan con la situación de los derechos humanos en Honduras presentados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras de las Naciones Unidas (OACNUDH), uno sobre Violencia de Género en el estado de excepción elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), y el del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los Derechos Humanos en Honduras en el 2023. Reportes que recogen los enormes desafíos que aún persisten, así como los abusos cometidos en materia de derechos humanos, en especial en materia de seguridad en el ámbito del estado de excepción.
Un estado de excepción que, desde el 6 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023, llevaba más de 500 denuncias, entre ellas 110 quejas en contra de violaciones humanitarias hacia sectores vulnerables como las mujeres, niños y adolescentes. Cada vez que se amplía el decreto del estado de excepción, el pico de las denuncias que afecta a este sector vulnerable crece, de acuerdo con datos en poder del Comisionado de los Derechos Humanos.
En el caso de las mujeres las horas en las cuales se cometen los mayores abusos son en la madrugada, cuando ejecutan los allanamientos, y si ven que están solas en sus viviendas con sus hijos menores, ingresan y atropellan por doquier. Hacen gala del poder investido de autoridad, reafirman los reportes presentados.
Sin un registro único de detenciones
En tanto, el informe de la OACNUDH destaca que, del 1 de enero al 1 de noviembre de 2023, se registraron 24,563 detenciones, de ellas más de 1,500 mujeres, 322 menores y más de 16 mil allanamientos.
Los cuerpos de seguridad más denunciados en el abuso de violaciones a los derechos humanos en el marco del estado de excepción son la Dipamco, la DPI, la Policía Militar de Orden Público y la Policía Nacional Preventiva, así como otros cuerpos policiales no identificados.
El OACNUDH llama la atención que no exista un registro único de personas detenidas, lo cual impide que haya un control acerca de la legalidad de las detenciones. El Alto Comisionado llama la atención de dos hechos preocupantes en materia de derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales y el retorno de la desaparición forzada de personas. Sobre este último punto destaca el registro de 7 casos de desaparición forzada, además de 5 ejecuciones extrajudiciales.
Las muertes en la comunidad LGTBIQ+ en el marco del estado de excepción se estiman en 50 solo en el 2023 de acuerdo a un informe sobre seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La gravedad de estas denuncias ha intentado ser minimizada por las autoridades policiales y militares. La primera, ante cada captura que realiza o anuncia una recompensa para dar con el paradero de un delincuente, cierra su decisión con la frase ¡Vamos bien! “Capturamos un líder de mara, ¡Vamos bien!”, “Destruimos una plantación de marihuana, ¡Vamos bien!”, señalan a cada momento los altos mandos policiales.
De acuerdo con los portavoces policiales y militares, en el marco del estado de excepción han efectuado más de un millón de operaciones policiales, y las casi 500 denuncias que se han registrado en las instancias humanitarias, son pocas en comparación con “los éxitos alcanzados”.
Un informe de la ASJ sobre la situación de la seguridad en el país, destaca que, en el 2023, el 95% de las detenciones realizadas en el marco del estado de excepción eran por “faltas y no por delitos relacionados con la extorsión o delitos que se relacionen”.
El estado de excepción surgió ante el reclamo de los sectores del transporte, comerciantes y ciudadanos que no aguantan el delito de la extorsión, pero todo apunta a que este fenómeno crece junto con la ampliación del estado de excepción, que ya lleva más de un año y ha sido ampliado una vez más en el hemiciclo hasta mayo de 2024, con miras a poder ser prorrogado en el tiempo. El estado de excepción ya lleva 12 ampliaciones.
La extorsión no ha podido ser controlada, en la zona norte, en especial en Villanueva, los transportistas dicen que ahora pagan a seis grupos de extorsionadores, aparte de las pandillas 18 y la MS-13. El fenómeno de la extorsión se ha esparcido también a otras zonas del país, igual que la ampliación del estado de excepción que ahora abarca los 18 departamentos del país.
Camino a un “Estado” policíaco
En el Congreso Nacional, el debate previo a la aprobación del estado de excepción fue acalorada entre los congresistas que llamaron la atención sobre los informes nacionales e internacionales de derechos humanos, pero la posición de los diputados del oficialismo se centró en aplaudir las acciones de la policía y los militares y señalar que quienes se opusieran a la extensión de la medida, están coludidos con la criminalidad organizada y los narcotraficantes, la misma expresión utilizada por el expresidente Juan Orlando Hernández para descalificar a los magistrados de la Sala Constitucional a los que sacó de sus cargos el 2012, una causa por la cual Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de los derechos Humanos (CorteIDH).
Algunos legisladores, como la diputada Maribel Espinoza, advirtieron que esa prórroga continua del estado de excepción podría terminar convirtiendo al Estado de Honduras en un “estado policiaco” con abusos y suspensión de más garantías constitucionales. Hizo énfasis a los señalamientos hechos en el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En este informe se señala acerca de posibles asesinatos arbitrarios o ilegítimos, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales, además de señalar las condiciones penitenciarias en las cárceles del país. La situación de las cárceles fue abordada también por una misión de Naciones Unidas sobre la tortura y tratos crueles que estuvo recientemente en el país y realizó sus observaciones sobre la militarización de las cárceles y denuncias de abusos humanitarios y torturas ahí cometidas. Los responsables del manejo de las cárceles, la Policía Militar de Orden Público minimizó estas denuncias de la misión internacional al indicar que había vuelto el control en los reclusorios, que ya no había reyertas y que las cárceles ya no eran escuelas del crimen.
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe destaca el tema de la violencia de género, la impunidad de los femicidios, las muertes y atropellos en contra de la comunidad LGTBIQ+, y si bien reconoce que el gobierno de la presidenta Castro tomó algunas medidas al respecto, el Poder Judicial sigue siendo un foco de impunidad en el país.
El Estado-País
Pero el tema de la seguridad no solo se limita al estado de excepción sino también a lo que ocurre al amparo de esta figura, en donde las masacres siguen siendo otro fuerte componente de violencia e inseguridad. Solo en el 2023, se registraron 48 masacres y en el primer mes del 2024, ya se registraban dos masacres con un promedio de 12 muertes, según registros de los medios de prensa.
Los expertos reconocen que si bien la tasa de homicidios se redujo en el 2023 a 31.1 por cada 100 mil habitantes, esta tasa sigue siendo alta en contraste con el resto de los países de Centroamérica. En cuanto a la geografía nacional, ahora los departamentos hondureños que aparecen con las tasas más altas de homicidios son Colón y Olancho, y de acuerdo con los datos de la ASJ, el 24% de los hondureños ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses.
La percepción de la inseguridad aumenta al trascender las primeras capturas de policías activos implicados en bandas criminales, policías activos que valiéndose del estado de excepción asaltaron, extorsionaron y torturaron personas, allanaron sus negocios o residencias para implantar pruebas y cometer vejámenes en nombre de la autoridad. Las primeras capturas se han producido por las denuncias, muchas de ellas llevadas y encabezadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
En el 2023, según las cifras de la ASJ—que trabaja el tema de seguridad y justicia desde hace más de 15 años—el año pasado, uno de cada cinco hondureños fue víctima de crímenes como robo, fraude, extorsión y amenazas, entre otros. Es el Estado-País de la (inseguridad) bajo el cual, según las autoridades policiales, ¡vamos bien! (PD).
