Es una presunción intuitiva que los resultados de crecimiento y prosperidad en un estado se logran en función del grado de bondad de la geografía y los recursos naturales. El concepto se ha manifestado de diferentes formas en el discurso de los problemas nacionales a lo largo de su historia. Visitando las ruinas de la mina el Rosario de San Juancito (abandonada en 1954) podemos visualizar que este proceso es mas complejo. Los recursos y las oportunidades pueden presentarse, pero no son recetas mágicas de progreso.
Si vemos las causas de los progresos de los pueblos podremos ver que estas ventajas aparentes muchas veces no tienen correlación con los mismos sino, más bien, pueden ser una desventaja. Más bien, los factores que logran el progreso son la educación, la industria, el respeto a la ley y la disciplina de sus habitantes. Un enclave minero o bananero, como hemos tenido, no pueden servir de motor al desarrollo sin esos acompañamientos.
Sobre la riqueza que se deriva de las actividades extractivas, esta por sí misma no desarrolla una sociedad. Tiene dos amenazas importantes cuando es una parte muy importante de una economía. En primer lugar, puede desincentivar la actividad productiva al generar inflación y volver más económico el importar los productos de otros países. Si estudiamos la historia económica española, vemos que de una pujanza en el siglo XV esta fue tendiendo a reducirse y a desaparecer y se creó una dependencia a las importaciones provenientes de Holanda y Gran Bretaña. Los minerales preciosos que España extraía de América financiaban a los mismos competidores coloniales que vinieron a arrebatarle el imperio.
Al reducir los incentivos para invertir en la producción (ya que el exceso de oro y plata aumentaban mucho la inflación y le daban mucho poder al estado) y educar a la población, España desperdició esta enorme fuente de riqueza. Lo mismo ocurre en gran medida con los Estados petroleros actuales, donde el estado puede suplir sus necesidades de forma autosuficiente sin contar o necesitar con los impuestos de la población. Esto genera un bajo grado de incentivo al buen gobierno.
La inyección excesiva de recursos externos producto de la exportación provoca un alza al costo de los bienes y servicios en la economía local. El resultado es que éstos no tengan una mayor capacidad productiva y que sus ciudadanos no tengan un incentivo para dedicarse primariamente a la actividad productiva y actividades periféricas derivadas de la renta del bien mineral o agrícola que les alimenta su economía.
Una sobreabundancia de recursos puede ser un problema. Ejemplos interesantes de este caso son la economía venezolana, en la cual el desarrollo de las industrias productivas fue severamente limitado por este fenómeno, y de manera más espectacular la caída de la Unión Soviética que, sin ser coincidencia, inicia su proceso de rápida disolución a partir de la caída de los precios del petróleo en 1986, el cuál era su principal y dominante producto de exportación. Sin esa riqueza ilusoria no se hubiera dedicado a una carísima carrera de superpotencia militar, llevando al estado a la ruina.
Otros casos relevantes son el de Angola y Guinea Ecuatorial. Estos estados petroleros han logrado niveles de ingreso per cápita nominal muy altos, pero no tienen un desarrollo humano superior al que tienen sus vecinos. La enorme inyección de recursos producto de las industrias extractivas que son controladas por el gobierno o por un pequeño núcleo de personas o empresas no resultan en un mayor progreso para el resto de la población.
La industria extractiva, al igual que otras bonanzas de la naturaleza, solo se convierte en mejora si está acompañada de los demás incentivos que crean una espiral virtuosa de desarrollo en una sociedad humana. De existir, deben ser aprovechadas para educarnos, invertir y construir un estado de ley. De no estar presentes, no hay que lamentar su ausencia, ya que no sustituyen la verdadera receta del progreso.
