Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa. – Imaginarse cómo será la situación de Honduras una vez haya pasado la peor parte de la pandemia del Coravid-19 no es tarea fácil.
En primer lugar, porque todavía no conocemos la extensión y magnitud que la pandemia; es decir, cuánto será el número de infectados, cuántos morirán y hasta que medida el frágil servicio de salud nacional aguantará. En segundo lugar, porque no sabemos el daño que la pandemia hará a la economía internacional; sin embargo, las proyecciones son preocupantes: el FMI acaba de anunciar que casi la totalidad de los países que conforman la comunidad internacional entrarán en recesión y tampoco se conoce su duración. Tercero. porque se desconoce cuál será el efecto de ambos factores en la economía hondureña, no solo a nivel de los indicadores macroeconómicos tradicionales, sino también en el desempleo y la pobreza.
Las medidas de distanciamiento social han funcionado a medias y esto presagia una cantidad importante de contagiados. La pésima estructura del sistema de salud, producto de diez años de reducción del gasto en salud dentro del presupuesto público, presagia malas noticias con relación a la capacidad de atender un número creciente de enfermos, no se diga de los que requerirán cuidados intensivos. Esto se convierte en más semanas de inactividad económica para evitar más contagios. Esto, sumado al contexto externo, presenta un escenario económico nada halagüeño.
Como es usual en estas crisis, todos los sectores, inclusive la gran empresa, acude al gobierno en busca de soluciones. Por ello las políticas públicas que se adopten deben de partir de dos principios fundamentales señalados por el Icefi: la equidad y el respeto a los derechos humanos. Yo agregaría un tercero: la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Hasta ahora el principio de la equidad está en cuestionamiento, no solo por la costumbre tradicional de Juan Orlando Hernández de favorecer a la élite económica (recuerdan el Código Tributario, la eliminación de 1.5% sobre las ventas brutas, la ampliación de exoneraciones fiscales a la maquila, etc.), sino también porque en los “diálogos” del gobierno solamente incorpora a sectores que tradicionalmente se benefician de sus políticas. La expresión clara de ello es que en las cadenas de radio y televisión solo aparece con empresarios o con “representantes” de la sociedad civil que en el fondo son empleados públicos o reciben prebendas del gobierno. Usted no mira un médico de los que están arriesgando sus vidas en los hospitales, no mira obreros, campesinos, maestros, grupos étnicos, etc.
Estos últimos sectores y otras más carecen de voz en la formulación de las políticas públicas. Así, se deciden cosas que ayudan, pero que no resuelven los problemas de fondo, como es el caso de la posposición del pago de impuestos, préstamos, declaraciones, etc. Adicionalmente, estas decisiones se toman sin un marco general de referencia que provenga de un plan integral de enfrentar la crisis y que defina las medidas de corto, mediano y largo plazo. De ahí que el conjunto de decisiones que se están tomando reproducirán los fuertes sesgos de inequidad prevalecientes en el país.
En relación con el respeto a los derechos humanos, ya se ha visto como decisiones autoritarias y el amplio despliegue militar han conducido a reiteradas violaciones a derechos humanos. Las protestas por falta de alimentos en varios lugares del país se han encontrado con la represión policial o militar. Estas protestas se originan en la promesa de distribución de alimentos a 800,000 familias sin tener la capacidad logística para hacerlo.
Pero lo más preocupante es la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los impuestos de la población. Se habla de cantidades multimillonarias que pueden ascender hasta los mil millones dólares equivalentes a cerca de 25,000 millones de lempiras (el presupuesto de salud para este año es de 16,000 millones). Solamente el Congreso Nacional en la denominada Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores autorizó al poder ejecutivo endeudarse con $2,5000 millones, es decir, cerca de 62,000 millones de lempiras. Lo inusual de esta aprobación no fue el monto, sino el cheque en blanco firmado por el Congreso. Cuando se realiza una autorización de tal naturaleza se hace con la propuesta de un plan detallado de gastos, de tal forma que la sociedad en su conjunto puede juzgar si estos recursos están destinados a áreas prioritarias o se trata de objetivos políticos del partido en el gobierno.
Las múltiples aseveraciones que el Cohep, Fonac, y el Tribunal Superior de Cuentas harán la veeduría del uso de estos recursos no es garantía para nadie; estas organizaciones y entidades no tienen ni la capacidad técnica, ni la voluntad política, para realizar una auténtica veeduría social. Se requiere incluir al Consejo Nacional Anticorrupción, a Fosdeh, al Colegio de Economistas, de Contadores, a Caritas y otros entes independientes que darían credibilidad al uso adecuado de los recursos públicos.
Varias acciones colaterales como la autorización a Conatel de autorizar concesiones del espectro radio eléctrico del país en una ley que se refiere a la emergencia nacional, claramente reflejan la falta de transparencia en el manejo de las políticas públicas. Las últimas decisiones del poder Judicial de dejar en libertad a acusados y condenados por actos de corrupción y vinculación con el narcotráfico en medio de la pandemia, también habla mucho de la transparencia del sector público.
A esto hay que agregar el sectarismo y la soberbia con que las autoridades toman las decisiones en momentos que Honduras puede quedar sumida en la peor situación económica del último siglo. Con lo anteriormente descrito el día después no luce nada optimista.
