Lima.– El Tribunal Constitucional (TC) de Perú anuló una condena a cuatro años y ocho meses de prisión que se dictó en diciembre de 2019 en un proceso por corrupción contra Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, en el que militó la presidenta Dina Boluarte hasta el 2022.
El político difundió este viernes en su cuenta en la red social X la resolución del Constitucional que declaró «fundado» un habeas corpus presentado a su favor.
La sentencia, que también publicaron medios locales, resolvió «declarar fundada la demanda de habeas corpus» y «en consecuencia, nula la sentencia» dictada.
Además, ordenó al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, o «al órgano judicial que haga sus veces, que emita nuevo pronunciamiento, que resuelva la situación del beneficiario».
En su mensaje en X, Cerrón, médico neurocirujano en el sistema de seguridad social EsSalud y docente universitario, recordó que por esa condena fue destituido del cargo de gobernador de la región central de Junín.
Añadió que también lo «enviaron a prisión» e inhabilitaron políticamente, excluyéndolo de la fórmula presidencial que posteriormente lideró el maestro de escuela rural Pedro Castillo, quien finalmente ganó las elecciones presidenciales de 2021.
«Embargaron mi casa, pagué una reparación civil onerosa y me estigmatizaron de corrupto a nivel nacional. ¿Quién restituye los daños? Nadie», señaló.
Por este caso, el líder político fue condenado como autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tras ser acusado por la Fiscalía de haberse interesado «de manera directa» en una obra de mejoramiento de agua potable y alcantarillado en la ciudad de La Oroya para presuntamente beneficiar a un consorcio.
Este miércoles, la Corte Suprema de Perú también absolvió a Cerrón del delito de colusión agravada, por otro caso en el que había sido condenado a tres años y seis meses de prisión.
El juez César San Martín declaró fundado en parte un recurso de casación interpuesto por Cerrón para «revocar la condena en su contra por delito de colusión» en el caso de la concesión del Aeródromo Wanka.
Tras considerar que se vulneró la presunción de inocencia, lo que «torna viable la absolución», San Martín redujo la reparación civil que deben pagar el político y los demás acusados de 800.000 soles (217.500 dólares) a 250.000 soles.
El líder y fundador de Perú Libre, partido marxista por el que se presentaron y ganaron las elecciones de 2021 Castillo y su entonces compañera de fórmula Dina Boluarte, es prófugo de la justicia desde el 2023, cuando recibió la condena de tres años y seis meses por este caso.
El 21 de enero pasado, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula otra resolución, que ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra, por el llamado caso Antalsis, en el que era investigado por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado.
Tras estas dos anulaciones de prisión y prisión preventiva, solo se mantiene una orden de detención preventiva en el caso conocido como ‘los dinámicos del centro’, que investiga la financiación de la campaña de Castillo. EFE/ir
