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El Constitucional de Guatemala valida la ampliación del mandato del Supremo

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Guatemala – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala validó este miércoles la ampliación de las funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones hasta el momento en que se presenten sus sucesores para concretar el traslado de poderes.

El secretario general del Constitucional -el máximo tribunal del país-, Martín Guzmán, leyó en una vista pública la resolución en la que respondieron «sí» a la interrogante del Organismo Judicial respecto a si los magistrados del Supremo y de las Salas debían continuar ejerciendo sus funciones después del 12 de octubre, fecha original para la entrega del mando.

Guzmán leyó el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, que indica que «ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor».

Con base en esa norma, el Constitucional validó ampliar las funciones del Supremo, de las Salas y Cortes de Apelaciones.

Además, la resolución del máximo tribunal subrayó que los jueces y magistrados del Supremo y de las Salas que forman parte de las comisiones de postulación para integrar las nóminas «deben continuar integrándolas después del 12 de octubre», pues «deben mantener las funciones correspondientes a sus cargos por ser estos cuerpos colegiados».

El Constitucional también determinó que la transferencia de poderes se concretará «en el momento en que se encuentran legítimamente electos los magistrados (sucesores) y cuando se presenten a tomar posesión de sus cargos», un tiempo que expertos han estimado que podría durar alrededor de cinco meses.

Finalmente, la alta Corte también afirmó que todas las actuaciones judiciales y administrativas que se realicen después del 12 de octubre serán válidas hasta entregar el cargo.

La decisión fue convalidada por el presidente del Constitucional, Bonerge Mejía, Neftalí Aldana, José Francisco de Mata y Gloria Porras, mientras que la magistrada Dina Ochoa (que fue electa por el presidente Jimmy Morales), votó de manera razona disidente.

Horas antes de la resolución del Constitucional, el presidente electo, Alejandro Giammattei, había pedido «a título personal» a los actuales magistrados del Supremo que presentaran su renuncia a partir del próximo 13 de octubre, cuando vencía originalmente el período para el que fueron electos en 2014, aunque no tuvieran aún sustitutos.

«Como ciudadano electo hago un llamado a la reflexión de ustedes a que no permitan que este rompimiento constitucional se dé y presenten su renuncia con carácter irrevocable a partir del 13 de octubre», proclamó, y apeló para ello a «su conciencia y su espíritu democrático».

El pasado 16 de septiembre, el máximo tribunal anuló el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema por «vicios» en el proceso de elección y pidió empezar casi desde cero, exigiendo que se corrigieran esos errores de forma inmediata.

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