Leópolis (Ucrania).- La devolución sin precedentes de 120 civiles ucranianos cautivos, canjeados por 70 colaboradores rusos retenidos por Kiev, ha despertado en Ucrania la esperanza de un nuevo mecanismo que garantice la liberación de miles de civiles aún retenidos por Rusia.
El de este domingo fue el 65º intercambio de prisioneros desde que comenzó la invasión rusa, pero antes sólo se había liberado a 173 civiles ucranianos mediante esfuerzos esporádicos y caso por caso.
Con este tramo más numeroso, en cambio, se ha completado el canje de 1.000 presos de cada bando acordado en Estambul durante las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en tres años.
Kiev ha exigido sistemáticamente la liberación incondicional de esos civiles, pero Moscú no ha dado muestras de cumplimiento, por lo que las autoridades ucranianas idearon un plan para intercambiar colaboradores rusos capturados por población civil detenida.
Un plan estratégico
La iniciativa «Quiero volver con mi gente», un proyecto de la organización gubernamental Sede de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, muestra en Internet los perfiles de unos 300 colaboradores rusos detenidos en Ucrania por compartir información sensible utilizada en operaciones militares rusas o ataques contra ciudades ucranianas.
Estas personas, que han consentido que se publiquen sus datos, esperan que Rusia se fije en ellas y las repatríe.
Antes del intercambio del viernes, que fue el primer paso de un canje de 1.000 por 1.000 completado a lo largo del fin de semana, sólo un colaborador había sido liberado a través de este marco.
En el canje del viernes fueron intercambiados otros 70 colaboradores por 120 civiles ucranianos, cuyas identidades siguen sin revelarse.
Entre esos colaboradores se encontraba Maksim Bokovenko, de 29 años, expolicía de Dnipropetrovsk, que cumplía una condena de nueve años por aceptar pasar información sobre el movimiento de las tropas ucranianas a agentes rusos.
Muchos otros llevan meses o incluso años esperando un intercambio, según el proyecto.
Un civil español entre los ucranianos detenidos
Las familias de los civiles ucranianos detenidos esperan que este intercambio marque el camino para reunirse con sus seres queridos.
Entre ellos está Tetiana Mariana, cuya pareja, Mariano García Calatayud, ciudadano español de 74 años, fue detenido durante la ocupación rusa de Jersón hace más de tres años.
Mariano, un crítico declarado de la ocupación, fue apresado cuando las fuerzas rusas reprimían la disidencia en 2022.
A pesar de los numerosos llamamientos de Tetiana a las autoridades e instituciones rusas en la Crimea ocupada, no se ha dado ninguna explicación oficial de sus cargos, explicó esta mujer a EFE.
El defensor del pueblo ucraniano, Dmitro Lubinets, calcula que más de 16.000 civiles permanecen en cautiverio ruso, aunque la negativa de Rusia a facilitar listas hace que las cifras sean difíciles de precisar.
Periodistas, exsoldados y sospechosos para Rusia
Entre los detenidos hay periodistas, líderes comunitarios, antiguos soldados y otras personas sospechosas de oponerse a la ocupación rusa o de ayudar al ejército ucraniano.
Muchos fueron capturados en los primeros meses de la ocupación, pero las detenciones continúan, con al menos once detenidos en la primera quincena de mayo, según la Iniciativa de Medios de Comunicación para los Derechos del Pueblo de Ucrania (MIPL).
Entre las figuras destacadas se encuentran el alcalde de Jersón, Igor Kolijayev, y el de Gola Pristan, Oleksandr Babich, ambos detenidos sin juicio desde hace tres años.
Defensores de los derechos humanos informan de que muchos civiles permanecen incomunicados, sin cargos, aislados del mundo exterior y desprovistos de representación legal.
«Esta detención indefinida e infundada no es sólo una grave violación del derecho internacional humanitario, sino un crimen de guerra contra la humanidad», declaró Mijailo Savva, experto del Centro para las Libertades Civiles, a Radio Svoboda.
Temor ante el prolongado cautiverio
Según MIPL, al menos 280 civiles fueron detenidos durante la breve ocupación rusa de las regiones del norte -Kiev, Cherníguiv y Sumi- hace más de tres años, pero ni uno de ellos ha sido juzgado hasta ahora en un tribunal ruso.
Los defensores de los derechos humanos advierten de que la detención prolongada aumenta los riesgos para sus vidas, pues constan informes generalizados de tortura, incluidas palizas, electrocución, violencia sexual y privación de alimentos y sueño.
Anna Mushtukova, directora de una asociación de familiares de presos de Dimer, en la región de Kiev, declaró a MIPL: «Hasta ahora sólo ha regresado una persona a nuestra comunidad, pero en una bolsa para cadáveres».
Andrí Pashchenko, de 38 años, murió como consecuencia de las torturas en un centro de detención de Novozybkov, en Rusia, en 2022; su cuerpo no regresó a su familia hasta principios de 2024.
El cuerpo de una destacada periodista, Victoria Roshchina, de 27 años, detenida en verano de 2023 durante el intento de investigar las detenciones ilegales de civiles, fue devuelto a Ucrania en febrero, casi seis meses después de su muerte en cautiverio el pasado septiembre. EFE
