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El camino a seguir después de 2 años del desastroso programa ‘Quédate en México’

Noticias de WOLA

El 29 de enero se cumplen dos años del inicio del programa «Quédate en México», que a manos de la administración Trump creó un desastre humanitario en la frontera entre los Estados Unidos y México. El nuevo gobierno estadounidense encabezado por el presidente Joe Biden anunció el 20 de enero la suspensión de nuevos registros al programa, una medida inicial y clave para empezar a deshacer las políticas dañinas migratorias de Trump. Pero los daños realizados por el programa han sido profundos, tal como lo evidencia un informe reciente titulado En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al programa Quédate en México, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y en coordinación con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

Hasta diciembre de 2020, más de 70 mil personas sujetas a dicho programa han sido devueltas de los Estados Unidos a ciudades fronterizas mexicanas en espera por sus audiencias judiciales de asilo. Aunque el gobierno mexicano aceptó el programa, no ha cumplido con su compromiso de brindarles trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a educación y de garantizar su seguridad. Personas bajo el programa enfrentan una multiplicidad de situaciones de riesgo social, agravadas aún más por la pandemia de COVID-19 y la posterior suspensión de las audiencias. Este contexto ha contribuido a graves violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiados, que han huido de la violencia física y estructural en sus países de origen y aún siguen siendo sumamente vulnerables. Los gobiernos de México y los Estados Unidos tienen la obligación de colaborar entre ellos para proteger a estas personas, y revertir por completo “Quédate en México”, una programa que ha generado un desastre humanitario sin precedente en la frontera. 

El informe es extenso en narrar los abusos sistemáticos de autoridades mexicanas a las personas migrantes. En particular, describe las violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, y la Guardia Nacional, así como los nulos esfuerzos del gobierno mexicano por garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las y los solicitantes de asilo en EE.UU. que han sido obligados a permanecer en las ciudades fronterizas del norte de México. El informe enfatiza que la militarización de las políticas migratorias en México conlleva a una sistemática persecución y uso desproporcionado de la fuerza contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. 

Recomendaciones

El informe ofrece amplias recomendaciones para el gobierno mexicano, mientras ambos gobiernos comienzan a desmantelar el programa. Tales recomendaciones incluyen:

  • Terminar el acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México y la aplicación del programa “Quédate en México”, mientras se desarrolla una política migratoria independiente de los Estados Unidos que respete la constitución mexicana y el derecho internacional.
  • Actuar para proteger a las personas migrantes ya afectadas por “Quédate en México” y mitigar los riesgos a su vida que enfrentan, así como adoptar medidas de salud pública como el acceso a servicias clínicas, difundir información sobre COVID-19, involucrar y colaborar con la sociedad civil.
  • Los gobiernos federales y estatales deben abordar las condiciones de los campamentos y centros de detención de las personas migrantes, específicamente las varias denuncias de violaciones de derechos humanos y riesgos a la salud pública, y la impunidad percibida de los responsables.


El gobierno de Biden debe acabar expeditamente con “Quédate en México” y trabajar conjuntamente con el gobierno mexicano en las logísticas para poner fin al programa. Hay unas 28,455 personas sujetas al programa que siguen esperando la resolución de sus casos de asilo en las ciudades fronterizas, muchos de estos solicitantes son familias con niños; ya tienen audiencias programadas en los Estados Unidos. El gobierno de Biden debe permitir que esta población ingrese a los Estados Unidos de manera controlada y monitoreada, para que puedan esperar sus audiencias de asilo con familias u otras redes de apoyo, en vez de permanecer en situaciones de riesgo en la frontera. Adicionalmente, se han cerrado los casos de aproximadamente otras 41,000 personas; esta población merece la oportunidad de volver a solicitar asilo en cualquier embajada o consulado de EE. UU. Si estas personas viajan por México, el gobierno mexicano debe brindarles un documento migratorio para asegurar su estancia legal en el país para que puedan viajar con seguridad hacia la frontera norte.

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