San José – El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sospecha de «fraude y colusión» por parte de un proveedor en una licitación de 300,000 dólares para servicios de consultoría en comunicación al Gobierno de Costa Rica.
«En primera instancia, conforme a los resultados obtenidos en la investigación y de acuerdo con el proceso de integridad (antifraude – anticorrupción) del BCIE, se ha resuelto que existen elementos suficientes para determinar que el proveedor pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión», indicó el BCIE en un comunicado.
En respuesta, el proveedor de servicios de comunicación Christian Bulgarelli respondió que «toda la negociación del contrato de su empresa» fue gestada por funcionarios públicos de Casa Presidencial de Costa Rica.
El caso en cuestión se refiere a la Licitación Pública No. 032/2022: ‘Consultoría Estratégica en Comunicación’ en Costa Rica, adjudicado a la empresa RMC La Productora, S.A., cuyo representante legal es Bulgarelli.
El BCIE indicó que de acuerdo a su Política Antifraude, Anticorrupción y Otras Prácticas Prohibidas, y en apego al debido proceso, el pasado 16 de febrero notificó a Bulgarelli y a RMC La Productora S.A. para que en un plazo no mayor a 60 días presente sus argumentos de descargo.
«El BCIE analizará los argumentos y evidencias de las partes y, posteriormente, emitirá una resolución que podrá incluir la imposición de una sanción», detalló el BCIE, que enfatizó su «cero tolerancia a la corrupción, al fraude y a otras prácticas prohibidas».
La empresa RMC La Productora, S.A. y su representante legal podrían ser incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE y podrían enfrentar denuncias penales o civiles, agregó el banco.
El polémico caso que involucra al Gobierno
La polémica surgió en diciembre pasado cuando el diario La Nación publicó una serie de audios grabados y facilitados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, quien ejerció el cargo por 4 meses desde mayo de 2022, cuando se inició el Gobierno de Rodrigo Chaves.
Las informaciones publicadas por La Nación denunciaron aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de Bulgarelli, quien habría sido la misma persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para adjudicar los 300,000 dólares en 2022.
Según el diario, antes de que el contrato entrara a regir el 7 de noviembre de 2022, Bulgarelli visitó la Casa Presidencial en 15 ocasiones entre el 19 de mayo y el 31 de octubre de ese año.
El Gobierno aseguró que fue Navarro quien llevó a Bulgarelli a Casa Presidencial y que Chaves no lo conocía.
En diciembre pasado, el Gobierno de Costa Rica negó que haya cometido irregularidades en el uso de los fondos del BCIE para servicios de comunicación, y demandó penalmente a la exministra Navarro y al diario La Nación, por difundir audios que considera privados.
«La Nación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada ilegalmente y repoducida también de forma ilegal», dijo entonces el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
El Gobierno afirma que no tuvo nada que ver con la licitación del contrato ni con la escogencia del proveedor.
El presidente Chaves calificó en diciembre pasado a la exministra de Comunicación Patricia Navarro como una «criminal confesa» por difundir audios de reuniones de Gobierno.
Según dijo Chaves en esa ocasión, La Nación hizo «una historia sobre algo que es totalmente transparente, limpio y aséptico».
Sin embargo, este viernes Bulgarelli dijo que él nunca tuvo contacto con ningún funcionario del BCIE. «Toda la negociación del contrato de mi empresa la gestaron funcionarios públicos de Casa Presidencial. Ellos y los funcionarios del BCIE tomaron el 100 % de las decisiones con respecto a este tema», indicó Bulgarelli en una respuesta distribuida a los medios.
«Evidentemente esta es una investigación preliminar no finalizada, en donde sólo figuro yo, pero nunca los funcionarios públicos involucrados incluyendo al Presidente (Rodrigo) Chaves, que gestaron este contrato con el mismo Banco.
El descargo lo haremos en tiempo y forma según lo establece el Banco (60 días), pero también estamos valorando llevar este tema a la Fiscalía General, porque quien me investiga no está investigando al Gobierno, afectando gravemente mi reputación y la de mi empresa», detalló Bulgarelli. EFE
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