Tegucigalpa. – El 2024 fue un año intenso para los hondureños y su democracia sometida a fuertes presiones institucionales de desmontaje y debilitamiento. Fue un año de enorme polarización política y social orientada al divisionismo, al descrédito y a campañas de estigmatización y odio en donde las máscaras gubernamentales y de las elites políticas fueron cayendo por su propio peso.
La primera en caer fue la relacionada con la lucha anticorrupción y la posibilidad de instalar en el país una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en negociaciones con la ONU. Un informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas señala con punto y coma qué mantiene trabadas las negociaciones, los compromisos no cumplidos como requisitos mínimos para entrar a una nueva fase que permita aterrizar la llegada de la Misión. Su lectura, de fácil comprensión, señala que la CICIH debe ser autónoma e independiente, y un artículo del decreto de amnistía política vigente, deja amarrada a la CICIH como un órgano asesor, ni independiente ni autónomo. Así lo advierte el informe.
El gobierno por largos dos años ha dicho que la CICIH vendrá, se incomodó por la filtración del informe de expertos de la ONU, y ahora achaca la culpa a la oposición política por no traer la Misión al aseverar que el congreso nacional no ha hecho su parte. El Congreso Nacional también se lava las manos, que hace lo que puede, y lo que no, es culpa de la oposición, pero todo queda ahí en discursos, acusaciones y contracusaciones, nadie da el paso, nadie se ha querido exhibir.
El informe también señala la importancia de tener un circuito anticorrupción que complemente el trabajo de la CICIH a nivel judicial y del ministerio público; no obstante, la respuesta de la institucionalidad ha sido desmontar el circuito de los juzgados anticorrupción por “economía judicial” y limitar las funciones de la Uferco en la fiscalía por “reestructuración” de fiscalías.
Y desde el poder Ejecutivo, se eliminó una ley de secretos, pero se abrió otra de forma discrecional en donde al menos más de 20 instituciones gubernamentales y estatales se resisten a dar información pública, entre ellas la Casa de Gobierno, mientras un Instituto de Acceso a la Información Pública responsable de vigilar con el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, lucha por poder pagar el internet y que no le corten la energía, al tiempo que los recursos de revisión interpuestos para que las instituciones obligadas por ley respondan a las peticiones de información, duermen el sueño de los justos; pasan meses e incluso años para que esos recursos se resuelvan, ello no abona a la transparencia, ni a la lucha contra la corrupción.
Y en el congreso nacional, el presupuesto de la república para el 2025 a punto de ser aprobado, tiene sustanciales recortes en los entes responsables de combatir y prevenir la lucha contra la corrupción. De ahí que el diputado por Libre, el partido en el poder, Juan Barahona, fuera sincero al decir que en este gobierno y con este Congreso Nacional, la CICIH no vendrá a Honduras. La máscara terminó de caerse, y el país ha entrado en modo electoral de promesas y discursos políticos.
Otra máscara que se cayó es precisamente lo relacionado con la política y las campañas políticas. Un mandato presidencial de pedir la renuncia a los funcionarios de gobierno que aspiren a cargos de elección popular para las elecciones primarias e internas en marzo de 2025 y luego en las generales de noviembre 2025, terminó siendo violentado por la misma presidenta de la república Xiomara Castro.
En enero de 2024, la presidenta Castro y su entorno familiar anunciaba que aceptaba la renuncia de la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada, porque correría por un cargo de elección popular, en este caso la candidatura a la presidencia de la república por Libre. Moncada se convirtió así en la candidata del clan familiar Zelaya y de su entorno más cercano.
Pero, casi siete meses después, la presidenta Castro que exhortaba al cumplimiento de la ética en la política, botaba su propio planteamiento al designar a Moncada como ministra de Defensa, enviando un mensaje a sus correligionarios burócratas que podían violentar la norma que ella había impuesto de no ser servidores públicos y políticos al mismo tiempo. La pesa había sido abierta. Otra máscara de la política que se cae.
Las elites políticas, por su parte, siguieron con su máscara de impunidad. El juicio en donde fue condenado el expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico, no les estremeció ni llamó a reflexiones profundas que permitieran advertir que habría una reconfiguración en el sistema de partidos políticos. El hecho pasó como si no pasara nada y a medida que se abren nuevos casos y surgen narco videos, todos buscan justificaciones a cada uno de los hechos, que si uno es más ético que otro porque renunció o que si el partido no es culpable del actuar indecoroso de sus miembros. Y así lucen en las planillas electorales aspirantes presidenciales protagonistas de los hechos de la narcopolítica criolla. Nadie se asusta, todos aplauden, serán los electores quienes decidirán.
Esa máscara de impunidad, que se cae y se vuelve a poner en la mayoría de las elites políticas—con las excepciones del caso porque las hay—es reforzada con la decisión del gobierno de la refundación de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos por “asuntos de soberanía”, luego de trascender un narco vídeo en el cual se involucra el cuñado de la presidenta Castro negociando sobornos con capos de la droga hondureños para la campaña presidencial de Libre en el 2013. La historia del narcotráfico no concluye, apenas se asoma.
La decisión de terminar el tratado de extradición con Estados Unidos, a partir de febrero de 2025, es quizá una de las determinaciones que más ha golpeado a este gobierno y al partido en el poder, que intenta desde narrativas oficiales instalar en el imaginario de la ciudadanía que “no son iguales” a sus antecesores. Y esta decisión potenció la máscara de la impunidad en el tema de la narcoactividad, las interpretaciones sobran.
La otra acción que también ha afectado esta administración al cierre del 2024 es el tema de la CICIH, una promesa incumplida que cobrará fuerza electoral en esta campaña política cuando todos la prometan nuevamente, como fue hace cuatro años. El 2024 pasará como la previa de lo que puede ser el baile de las máscaras que nos depara en temas político-electorales el 2025.
