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Ejército salvadoreño desoye promesa de Bukele de entregar archivos de masacre

San Salvador – El Ejército de El Salvador se negó este lunes a cumplir una orden judicial de abrir sus archivos para la búsqueda de documentos relacionados con la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y desoyó la promesa del presidente Nayib Bukele de entregar los documentos, sin que el Gobierno aclare si el freno a la diligencia fue autorizado por el mismo mandatario.

El juez de Instrucción de la localidad de San Francisco Gotera (noreste), Jorge Guzmán, llegó hoy hasta el Estado Mayor de la Fuerza Armada en San Salvador para encabezar el inicio de las inspecciones, pero los militares en el sitio no le permitieron el ingreso.

Fuentes consultadas por Efe señalaron que un mando militar le comunicó al juzgador que no estaban enterados de la diligencia y que permitir la inspección pondría en peligro archivos relacionados con la seguridad nacional.

«Nosotros nos vamos a retirar y al menos hemos intentado cumplir con la ley», dijo el juzgador, de acuerdo con un vídeo divulgado por una periodista del medio local Factum, después de que el militar se negara a firmar un acta.

Guzmán es el primer juez salvadoreño que ha ordenado la búsqueda de archivos relacionados con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército durante la guerra civil (1980-1992) ante la constante negación de su existencia.

La imagen del juez Guzmán frente al militar que le negó el ingreso recorrió las redes sociales como símbolo de la imposición del poder castrense sobre el civil a más de 28 años de que finalizó el conflicto armando salvadoreño.

En otra entrada del recinto militar los soldados también impidieron el ingreso a fiscales, delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), peritos y abogados de las víctimas, según pudo constatar Efe.

Los posibles delitos

Para David Morales, uno de los abogados de las víctimas y miembro de la organización Cristosal, la decisión de frenar la diligencia es «responsabilidad» de Bukele, su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y «su alto mando».

«Es una posición de protección a criminales de guerra, (…) una violación a los derechos humanos y un desprecio por las víctimas» que «acarrea eventuales responsabilidades penales», dijo Morales a la prensa tras conocer el bloqueo contra el juez.

Destacó que entre los delitos que se pudieron cometer se encuentran, al menos, el de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial.

«La autoridad judicial se presentó y ha sido bloqueada, y no puede ser más que por órdenes del más alto nivel. Es lamentable», indicó.

El juzgador se trasladó hasta las instalaciones del Consejo Nacional de la Judicatura para levantar un acta de lo sucedido, misma que puede ser enviada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si se cometió algún delito.

Al salir de este lugar Guzmán indicó a Efe que la información sobre los hechos registrados se daría mediante la oficina de comunicaciones del órgano Judicial.

La promesa de Bukele y el silencio oficial

Bukele llegó al poder Ejecutivo salvadoreño en junio de 2019 tras vencer en los comicios presidenciales a los candidatos de los partidos tradicionales y con la promesa de dejar atrás las ideologías de izquierda o derecha.

Una de sus primeras órdenes fue la de borrar el nombre de Domingo Monterrosa, quien supuestamente dirigió en el terreno la operación que derivó en la masacre, de la fachada de un cuartel.

Fue en noviembre de 2019 cuando el mandatario se comprometió públicamente a desclasificar los archivos y sostuvo que si el juez de la causa pedía de la «A a la F», su Gobierno abriría hasta la «Z».

«Queremos que se sepa la verdad, vamos a luchar porque se sepa la verdad», dijo el mandatario después de que el juez Jorge Guzmán ordenara la entrega de documentos.

En una reunión con sobrevivientes de la masacre, en junio de 2019, señaló que las heridas de la guerra «están abiertas» y que no se cierran «ocultándolas o poniéndoles un velo encima».

Para Wilfredo Medrano, también abogado de las víctimas y miembro de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», existe una «grave contradicción» entre las promesas de Bukele y la «contraorden» de «bloquear» la diligencia.

El Gobierno de Bukele no ha dado explicaciones sobre la restricción de ingreso al juez y el resto de involucrados en las inspecciones.

Efe intentó conocer, mediante un enlace de prensa con el Gobierno, si la orden de impedir el ingreso al juzgador fue del ministro de la Defensa o del presidente Bukele.

«Desconocemos», fue la respuesta que se recibió mediante el servicio instantáneo de mensajería WhatsApp.

Por este mismo medio se consultó al número de teléfono del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, sobre las razones y no se recibió ninguna respuesta.

Las razones, según la defensa

Roberto Girón, quien defiende a tres de los procesados por crímenes de lesa humanidad por la masacre de El Mozote, dijo a Efe que una de las razones que dio el militar que habló con el juez Guzmán es que «no se pueden develar los planes militares».

Dijo que si los soldados permitían el ingreso sin autorización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) «podrían ser procesados y fusilados», por supuestamente cometer el delito de «traición».

Un representante del Ministerio de la Defensa presentó un argumento similar, sobre el peligro de revelar planes secretos, durante una audiencia a finales de agosto, a lo que Guzmán respondió: «Las decisiones judiciales no se negocian, no se suplican. Las decisiones judiciales se imponen».

El abogado Medrano señaló a Efe que el juez intentará cumplir el programa de inspecciones en las otras sedes militares señaladas en su fallo.

Un registro oficial estima que en El Mozote fueron ejecutadas 988 personas, la mayoría menores de edad, y que 48 campesinos sobrevivieron a la masacre.

La matanza, considerada uno de los peores ataques contra civiles perpetrados por militares en Latinoamérica, se dio entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 por parte del elite Batallón Atlácatl.

El informe de la Comisión de la Verdad de 1993 señala que en esos días los militares torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños. (ag)

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