Washington – El secretario del Interior de EEUU, Ken Salazar, firmó hoy una moratoria de 20 años para evitar explotaciones mineras de uranio y otros minerales en un millón de acres de terrenos públicos del Gran Cañón del Colorado.
En un acto en la National Geographic Society en Washington, Salazar señaló que este era un paso «serio y necesario» para preservar «esta pieza de incalculable valor del paisaje estadounidense» y el río que lo atraviesa.
La medida, que ha sido rechazada por la industria minera y la mayoría de los políticos republicanos en Arizona, no cancela los proyectos en marcha o aprobados previamente.
El secretario destacó el valor turístico del lugar al que acuden más de cuatro millones de personas que visitan el Parque Nacional del Gran Cañón cada año, así como simbólico, ya que para muchas tribus de indios americanos está considerado un lugar sagrado.
En este sentido, señaló que el turismo aporta anualmente 3,500 millones de dólares a la economía de la región y los empleos vinculados a este sector son muy superiores a la pérdida potencial de empleo vinculado a la minería, uno de los argumentos principales de los que se oponen a la medida.
«Se nos ha confiado cuidar y proteger nuestros valiosos recursos ambientales y culturales, y hemos elegido un camino responsable que tenga sentido para las generaciones presentes y futuras», dijo Salazar, cuyo departamento ha evaluado la medida durante dos años.
La decisión no sólo protege las áreas colindantes al Gran Cañón, sino también la cuenca fluvial del río Colorado, que abastece a los 25 millones de personas de los cuatro estados colindantes que dependen del río para tener agua potable y de riego.
Esta decisión se produce se produce tras los esfuerzos de congresistas como el demócrata Raúl Grijalva, científicos, líderes tribales y locales, empresas e individuos interesados en proteger la región y sus vías acuáticas.
Michael Brune, director ejecutivo del club medioambientalista Sierra Club, celebró la decisión del Gobierno, ya que «además de dañar lugares sagrados de los indígenas estadounidenses y amenazar la vida silvestre, la extracción de uranio podría contaminar permanentemente la capa freática y los manantiales de la cuenca del Río Colorado».
El Gran Cañón ha tenido «un papel crucial en la historia de nuestro país, nuestra cultura y nuestra economía. Este no es lugar para realizar destructivas explotaciones mineras», dijo en un comunicado.
Entre los críticos con la decisión, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, lamentó en un comunicado que «la prohibición de 20 años se produce a expensas de cientos de empleos bien remunerados y aproximadamente 10,000 millones de dólares para la economía de Arizona».
La gobernadora consideró que «este es otro ejemplo de cómo el Gobierno central está comprometido con una regulación excesiva e innecesaria, que impide la creación de empleos y el crecimiento económico».
La medida, que ha sido rechazada por la industria minera y la mayoría de los políticos republicanos en Arizona, no cancela los proyectos en marcha o aprobados previamente.
El secretario destacó el valor turístico del lugar al que acuden más de cuatro millones de personas que visitan el Parque Nacional del Gran Cañón cada año, así como simbólico, ya que para muchas tribus de indios americanos está considerado un lugar sagrado.
En este sentido, señaló que el turismo aporta anualmente 3,500 millones de dólares a la economía de la región y los empleos vinculados a este sector son muy superiores a la pérdida potencial de empleo vinculado a la minería, uno de los argumentos principales de los que se oponen a la medida.
«Se nos ha confiado cuidar y proteger nuestros valiosos recursos ambientales y culturales, y hemos elegido un camino responsable que tenga sentido para las generaciones presentes y futuras», dijo Salazar, cuyo departamento ha evaluado la medida durante dos años.
La decisión no sólo protege las áreas colindantes al Gran Cañón, sino también la cuenca fluvial del río Colorado, que abastece a los 25 millones de personas de los cuatro estados colindantes que dependen del río para tener agua potable y de riego.
Esta decisión se produce se produce tras los esfuerzos de congresistas como el demócrata Raúl Grijalva, científicos, líderes tribales y locales, empresas e individuos interesados en proteger la región y sus vías acuáticas.
Michael Brune, director ejecutivo del club medioambientalista Sierra Club, celebró la decisión del Gobierno, ya que «además de dañar lugares sagrados de los indígenas estadounidenses y amenazar la vida silvestre, la extracción de uranio podría contaminar permanentemente la capa freática y los manantiales de la cuenca del Río Colorado».
El Gran Cañón ha tenido «un papel crucial en la historia de nuestro país, nuestra cultura y nuestra economía. Este no es lugar para realizar destructivas explotaciones mineras», dijo en un comunicado.
Entre los críticos con la decisión, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, lamentó en un comunicado que «la prohibición de 20 años se produce a expensas de cientos de empleos bien remunerados y aproximadamente 10,000 millones de dólares para la economía de Arizona».
La gobernadora consideró que «este es otro ejemplo de cómo el Gobierno central está comprometido con una regulación excesiva e innecesaria, que impide la creación de empleos y el crecimiento económico».
