Tegucigalpa – La lucha contra las drogas en Honduras ha sido destacada en un informe oficial de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos que reconoce la disminución en el volumen de cocaína y los esfuerzos en materia de seguridad y depuración policial e identifica en los temas presupuestarios y la corrupción los grandes desafíos para avanzar en el combate a la criminalidad.
-Destaca las acciones del MP, las extradiciones y la depuración policial.
-Advierte la falta de cooperación de los militares y sospechas de corrupción.
El Informe indica que el país ha hecho esfuerzos notables en cuanto a la incautación de droga, detención de aeronaves con cargamentos de presunta cocaína, capacitación de sus fuerzas del orden, depuración policial y acciones combinadas fronterizas para atajar el crimen organizado en el llamado Triángulo Norte de la región centroamericana.
“El volumen de cocaína que transitó por Honduras en el 2017 fue menor que en el 2016 y la cantidad de aviones sospechoso de contrabandear cocaína a Honduras procedente de América del Sur, disminuyó por segundo año consecutivo. Sin embargo, Honduras sigue siendo un país de destino principal en América Central para aviones cargados de cocaína que salen de Suramérica”, cita el informe en poder de Proceso Digital.
Asimismo, señala que la costa del Caribe centroamericana sigue siendo vulnerable al tráfico de drogas debido a su infraestructura limitada, la ausencia gubernamental en algunas regiones por su lejanía y de la debilidad institucional para aplicar sus legislaciones, entre otros aspectos.
El documento que analiza el estado de la región latinoamericana y del Caribe en materia antidrogas, dedica al capítulo de Honduras al menos cinco páginas divididas en: logros, políticas y tendencias del control de drogas, reducción de suministros; información pública, prevención y tratamiento, corrupción, metas nacionales, cooperación bilateral e iniciativas políticas de Estados Unidos, centra entre los principales desafíos para el país el tema de los presupuestos para fortalecer los operadores de justicia, entre ellos el Ministerio Público.
Efectividad operadores de justicia
El Departamento de Estado de Estados Unidos destaca entre los logros del país que las agencias operadoras de justicia demostraron mayor efectividad contra el narcotráfico, incluye entre ellas a la Policía Nacional y al Ministerio Público, al igual que los esfuerzos hechos en materia de extradiciones y arrestos en el 2017.
La depuración de la Policía ha comenzado a dar resultados, indica el informe, al tiempo que destaca el trabajo de la comisión depuradora, así como el apoyo de Estados Unidos en la creación de una fuerza antinarcóticos que funcionará en la Policía como parte de las acciones de investigación específica en la materia. En cuanto a la Policía Nacional, el documento señala que la proyección de las autoridades hondureñas es llegar a tener un total de 26 mil efectivos policiales para el año 2022.
En el caso del Ministerio Público, éste “demostró su compromiso con expandir las operaciones dirigidas al narcotráfico mediante la expansión de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de 170 a 340 agentes y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) de 50 a 285 agentes”, señala el documento sobre política antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Militares deben cooperar más
Si bien el documento destaca estos y otros esfuerzos en el combate a la criminalidad y la extradición de personajes ligados a la narcoactividad, señala al menos dos desafíos importantes en este aspecto: el primero, las pocas mejoras hechas por los militares en este aspecto en el 2017, al indicar que debe redoblar sus esfuerzos para interrumpir el tráfico ilícito de drogas.
“Aunque la Marina (Fuerza Naval) hondureña respondió a más de 50 sospechosos eventos de tráfico marítimo, solo se decomisaron 850 kilogramos de cocaína, pero volúmenes significativos de cocaína continuaron llegando a las costas hondureñas”, acota el informe, al destacar que deben haber mejores mecanismos de control y comunicación en el cuerpo castrense, en especial para que los “militares hondureños compartan inteligencia operacional con civiles hondureños de las fuerzas de seguridad de manera oportuna y segura”.
“La Marina (Fuerza Naval) también atribuye su baja tasa de ataques a su falta de acceso a la única aeronave de la patrulla marítima de Honduras que está bajo la jurisdicción de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional de Honduras (FUSINA). (La) presunta corrupción dentro de algunas unidades militares impide aún más el progreso en los corredores activos de drogas, como el departamento de Gracias a Dios (La Mosquitia) y la costa norte del Caribe. Las instalaciones de escuchas telefónicas están controladas por los militares y el acceso a los resultados de escuchas telefónicas para la aplicación de la ley civil sigue siendo inadecuado, lo que resulta en una pérdida significativa de inteligencia procesable”, asegura el documento.
Presupuestos y corrupción, el otro desafío
El segundo desafío que plantea el informe para que Honduras tenga una lucha antinarcóticos más efectiva es el poco presupuesto de las instancias operadoras de justicia y el tema de la corrupción, última que asegura “sigue siendo generalizada en las instituciones públicas”, a la vez que destaca lo que denomina “inadecuados” presupuestos para las instituciones responsables de combatir el crimen.
“Los principales desafíos para las agencias e instituciones de control de drogas incluyen la corrupción, un presupuesto inadecuado y una violencia persistente. La corrupción, combinada con una baja tasa de recaudación de impuestos, priva a las agencias de la aplicación de la ley, los tribunales y los fiscales de recursos críticos”. El gobierno de Honduras, cita el documento, puso en marcha un impuesto de seguridad (tasa de seguridad) de diez años en el 2014, y “bien ayudó a instituciones claves de aplicación de la ley, es ampliamente visto como inadecuado. El crimen continúa siendo inaceptablemente alto en muchas comunidades”.
En la lucha contra la corrupción, se destaca el trabajo de la MACCIH y la creación de un sistema jurídico anticorrupción y se prevé que para el 2018, los planes de la MACCIH son continuar “con un enfoque en investigaciones de casos emblemáticos a gran escala”.
El rol de las maras y pandillas
En materia de violencia y seguridad ciudadana, Estados Unidos reconoce que Honduras ha avanzado significativamente en la reducción de la tasa de homicidios en el 2017, al señalar un estimado de 45 homicidios por cada 100 mil habitantes desde su máximo histórico de 86 por 100 mil personas que tuvo en el 2011. Una parte de los homicidios asegura, estarían vinculados a conflictos de territorio entre la delincuencia organizada implicada en el narcotráfico y la extorsión que socava una mayor seguridad ciudadana en el país.
En el caso de las maras y pandillas, el informe antidrogas indica que las “pandillas callejeras criminales responsables de una parte significativa de los homicidios cometidos en Honduras, como la Mara Salvatrucha (MS 13) y la Pandilla 18, no parecen ser una parte de la cadena transnacional de logística de estupefacientes, excepto como facilitadores de tráfico a través de Honduras”.
“Estas pandillas—agrega– están típicamente involucradas en la distribución local de drogas, extorsión, secuestro y trata de personas, sin embargo, su participación en el trasbordo lleva a un aumento de probabilidad de que la cocaína ingrese al mercado minorista de drogas de Honduras, ya que a menudo se les paga en productos por sus servicios”.
De esta suerte, el Informe Antinarcóticos del Departamento de Estado señala ciertas acciones de prevención en zonas vulnerables a los grupos criminales en el país por medio de programas de inclusión social, principalmente en los distritos más proclives a la violencia como son San Pedro Sula, en el norte, y Tegucigalpa, la capital.
Honduras, dice el informe, realizó un progreso notable en la lucha contra las organizaciones delictivas a través de una mayor capacidad institucional, mejor cooperación interinstitucional y regional, así como la aprobación de leyes claves. Pero estos logros, agrega, a menudo son desafiados por tasas significativamente altas de crímenes violentos, inadecuados presupuestos y una policía nacional que está en medio de un proceso de transformación.
De cara al 2018, Honduras tendrá que seguir reformando sus instituciones, acelerar los procesos judiciales, aprobar y ejecutar nuevas leyes claves y proporcionar recursos adecuados a los operadores de justicia para continuar mejorando la seguridad ciudadana, fortalecer así sus instituciones nacionales, concluye finalmente el informe.
