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Educación justa y solidaria

Por Chasty Fernández López

La Educación que necesitamos debe ser fruto de la elaboración colectiva, en diálogo con la comunidad educativa, los movimientos sociales y la sociedad, en busca de los ejes básicos de la educación, la universidad y la investigación públicas que necesitamos. Una educación que no sólo proporcione amplios conocimientos en las distintas ramas del saber, sino que sirva a las nuevas generaciones para implicarse activamente en la construcción de otro mundo posible más justo y solidario.

Necesitamos reivindicar un modelo de educación pública universal, que sea ante todo gratuita, inclusiva, laica, coeducativa, participativa y democrática. Desde muy pequeña he podido trabajar con la niñez en una pobreza extrema, por ende he manejado muchas ideas en mi cabeza para poder implementar en esta área que muchos han olvidado apoyar, unas líneas básicas y bien fundamentadas para avanzar hacia un modelo que respete la diversidad y asegure el éxito escolar de todo el alumnado y centre sus esfuerzos en formar personas más iguales, libres, críticas y creativas. Aun no hemos caído en razón en que nos jugamos el futuro de nuestros niños y el de la sociedad en su conjunto.

La educación no es, ni puede ser neutra. Es decir, cada modelo educativo responde a un modelo social determinado, a una concepción política concreta. Por ello Paulo Freire planteaba evitar un modelo de educación «bancaria» y defendía una educación crítica y liberadora. Es decir, huir de una concepción del sistema educativo destinado a satisfacer las demandas del sistema productivo capitalista, cada vez más abocado a la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, promoviendo el tipo de persona trabajadora que este necesita y que el sistema educativo está llamado a construir y seleccionar. Frente a este modelo neocon-neoliberal, la educación debería regirse al menos por el siguiente decálogo de principios y prácticas:

  1. Educación como derecho básico. Un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. Por ello se debe blindar constitucionalmente la educación como un derecho fundamental exigible ante los poderes públicos, y blindar financieramente para que su inversión esté también garantizada constitucionalmente.
  2. Educación pública. Debe ser aquella que contribuye a la equidad y la cohesión social dando a todos y todas las mismas oportunidades de futuro con independencia de su origen socio-económico y de sus circunstancias concretas.
  3. Educación gratuita. Esta ha de ser un derecho accesible a todos y todas, por eso es necesario que sea pública y gratuita desde la primera infancia hasta la universidad y a lo largo de la vida. Esta gratuidad debe incluir, en la enseñanza básica, todo aquello que es necesario para ejercer plenamente este derecho fundamental (recursos y materiales didácticos, transporte, comedor, etcétera).

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