Quito.- El Gobierno de Ecuador sugirió hoy a EE.UU. que ratifique, al menos, cinco instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos, «en vez de malbaratar su tiempo elaborando listas antojadizas sobre países que, según su visión sesgada», violan estos derechos en el mundo.
La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, respondió así a un informe hecho público ayer por el Departamento de Estado estadounidense que sitúa a Ecuador entre los países que violan los derechos humanos.
El estudio indica que las restricciones a las libertades de expresión, prensa y asociación son parte de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en 2013 en Ecuador y añade a ello la falta de independencia del poder judicial en el país andino.
Según el informe, que sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país, «la violencia y la discriminación contra grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los niños», continuaron siendo un problema en materia de derechos humanos en Ecuador.
«El Gobierno utilizó mecanismos legales, como las leyes de difamación y reglamentos administrativos, para suprimir la libertad de prensa y limitar la libertad de reunión, especialmente dirigidos a las comunidades indígenas que protestaban por las leyes que afectan a sus tierras comunitarias», apunta el informe.
Estados Unidos recuerda que durante sus discursos semanales en radio y televisión, el presidente Rafael Correa alienta a los funcionarios gubernamentales y particulares a que presenten demandas contra los medios de comunicación, lo que «ha provocado un aumento de la autocensura».
Estados Unidos también manifestó su preocupación ante algunas prácticas y castigos indígenas como las «purificaciones» (flagelaciones seguidas de baños fríos que causan dolor en la piel irritada), pese a que la ley y la Constitución reconozcan el derecho de estas comunidades a ejercer sus propios sistemas de justicia con base en sus tradiciones y costumbres.
En su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador rechaza estas críticas y subraya el «pobre historial» del país norteamericano en materia de derechos humanos.
Menciona «las detenciones ilegales, inexistencia de procesos judiciales y las torturas en la cárcel de Guantánamo» la persistencia de la pena de muerte; el «ilegal y criminal bloqueo a Cuba» y el uso de aviones no tripulados «para asesinar a centenares de ciudadanos» sin el debido proceso.
También recuerda «la persistencia de la impunidad para los responsables de la invasión a Irak» que se llevó a cabo «con argumentos falsos reconocidos por las propias autoridades estadounidenses, y que significó la muerte de centenares de miles de ciudadanos inocentes».
El Gobierno ecuatoriano considera que, en lugar de emitir informes como el citado, EE.U.U debería ratificar instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); la Convención Universal contra la Tortura; la Convención Universal sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
La Cancillería, al mismo tiempo, resalta el compromiso y eficiencia con los que Ecuador impulsa el respeto a los derechos humanos y recuerda que su Gobierno «ha suscrito y ratificado la totalidad de los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos».
Mientras, Estados Unidos, «que con la elaboración de su ‘informe’ pretende convertirse en juzgador del resto de países, no ha suscrito ninguno de dichos instrumentos, demostrando en la práctica su ninguna preocupación por el establecimiento de un verdadero sistema de protección y defensa regional de los derechos humanos», concluye.
El estudio indica que las restricciones a las libertades de expresión, prensa y asociación son parte de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en 2013 en Ecuador y añade a ello la falta de independencia del poder judicial en el país andino.
Según el informe, que sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país, «la violencia y la discriminación contra grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los niños», continuaron siendo un problema en materia de derechos humanos en Ecuador.
«El Gobierno utilizó mecanismos legales, como las leyes de difamación y reglamentos administrativos, para suprimir la libertad de prensa y limitar la libertad de reunión, especialmente dirigidos a las comunidades indígenas que protestaban por las leyes que afectan a sus tierras comunitarias», apunta el informe.
Estados Unidos recuerda que durante sus discursos semanales en radio y televisión, el presidente Rafael Correa alienta a los funcionarios gubernamentales y particulares a que presenten demandas contra los medios de comunicación, lo que «ha provocado un aumento de la autocensura».
Estados Unidos también manifestó su preocupación ante algunas prácticas y castigos indígenas como las «purificaciones» (flagelaciones seguidas de baños fríos que causan dolor en la piel irritada), pese a que la ley y la Constitución reconozcan el derecho de estas comunidades a ejercer sus propios sistemas de justicia con base en sus tradiciones y costumbres.
En su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador rechaza estas críticas y subraya el «pobre historial» del país norteamericano en materia de derechos humanos.
Menciona «las detenciones ilegales, inexistencia de procesos judiciales y las torturas en la cárcel de Guantánamo» la persistencia de la pena de muerte; el «ilegal y criminal bloqueo a Cuba» y el uso de aviones no tripulados «para asesinar a centenares de ciudadanos» sin el debido proceso.
También recuerda «la persistencia de la impunidad para los responsables de la invasión a Irak» que se llevó a cabo «con argumentos falsos reconocidos por las propias autoridades estadounidenses, y que significó la muerte de centenares de miles de ciudadanos inocentes».
El Gobierno ecuatoriano considera que, en lugar de emitir informes como el citado, EE.U.U debería ratificar instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); la Convención Universal contra la Tortura; la Convención Universal sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
La Cancillería, al mismo tiempo, resalta el compromiso y eficiencia con los que Ecuador impulsa el respeto a los derechos humanos y recuerda que su Gobierno «ha suscrito y ratificado la totalidad de los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos».
Mientras, Estados Unidos, «que con la elaboración de su ‘informe’ pretende convertirse en juzgador del resto de países, no ha suscrito ninguno de dichos instrumentos, demostrando en la práctica su ninguna preocupación por el establecimiento de un verdadero sistema de protección y defensa regional de los derechos humanos», concluye.
