Bangkok.– El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó este jueves que quien haya sobrepasado «los límites» durante operaciones policiales deberán responder ante las leyes nacionales, una semana después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara que investigará su guerra contra las drogas.
En su discurso grabado ante la Asamblea General de la ONU, Duterte afirmó que ha ordenado al Departamento de Justicia y a la Policía que revisen los comportamientos de las autoridades durante la campaña antidroga que lanzó a su llegada al poder en 2016 y que ha costado la vida a al menos 6.181 traficantes y consumidores.
«La ley se aplica para todos. Aquellos que haya sobrepasado los límites durante las operaciones deberían responder antes nuestras leyes», dijo el presidente, que pasó buena parte de su discurso emitido el miércoles en Nueva York (primera hora del jueves en Filipinas) criticando a Naciones Unidas y la imposición de normas a otros países.
Duterte, que en ningún momento citó de forma directa la investigación de la CPI sobre sus acciones, recalcó que «el cambio significativo, para ser duradero debe venir de dentro» y subrayó que «la imposición de la voluntad sobre otra -sin importar lo noble que sea la intención- nunca ha funcionado en el pasado» ni lo hará en el futuro.
«¿Cuántos países más deben desmoronarse y caer en el caos antes de que los poderosos atiendan a esta sencilla lección?», preguntó.
Este alegato contra la injerencia de Naciones Unidas y otros organismos internacionales en los asuntos de otros países se produce una semana después de que su Gobierno afirmara que no cooperará con la CPI en su investigación y vetará la entrada de sus miembros en su territorio porque «no tienen jurisdicción».
Según los magistrados de la CPI, existen indicios de que en Filipinas se han cometido crímenes de lesa humanidad y que «los posibles casos derivados de dicha investigación parecen ser competencia de la corte».
El pasado febrero, la Policía filipina afirmó que estaba investigando las matanzas después de que el Ministerio de Justicia reconociera ante Naciones Unidas la existencia de fallos policiales durante la campaña contra las drogas.
Según los datos del Gobierno de Duterte, al menos 6.181 personas relacionadas con la droga fueron ejecutadas durante operaciones policiales entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2021, pero los grupos defensores de derechos humanos creen que la cifra es de entre 27.000 y 30.000 muertos.
(ir)
