Justo cuando algunos celebraban que ya no somos el país con el más elevado índice de homicidios por cien mil personas, y otros aplaudían la operación Avalancha, la realidad nos revela cuanto hemos caído y lo difícil que será recuperarnos.
No obstante lo anterior, y a pesar del dolor que nos embarga, se vuelve imprescindible analizar la situación para identificar las medidas a tomar para evitar que estas tragedias se repitan periódicamente. Veamos qué lecciones podemos decantar de estos nefastos eventos.
En el caso de Bertha, duele aceptar que aparentemente el único mecanismo que los hondureños tenemos para zanjar nuestras diferencias es la violencia y el crimen.
Esto no siempre fue así y a mi juicio lo que nos ha llevado a esta patética situación es la impunidad que reina en el país.
Recuerde usted, estimada lectora, cuántos crímenes de personas notables han quedado impunes.
La lista es interminable, pero además del caso de Bertha incluye a Jeanette Kawas, a Alfredo Landaverde, Arístides González, Orlan Chávez, Alfredo Villatoro, y tantos otros más.
Hemos convertido nuestro país en un enorme cementerio por el cual deambulan, impunes, los criminales.
En tanto la población informe de tan solo un porcentaje ínfimo de los crímenes y actos delictivos cometidos, y mientras un porcentaje más pequeño de estos sea presentado en los tribunales y los culpables eventualmente condenados, la percepción de impunidad se fortalecerá y los delincuentes sentirán que se saldrán fácilmente con la suya.
Todos sabemos por qué la población no delata los hechos delictivos de los cuales tiene conocimiento.
Simple y sencillamente porque no confía en los cuerpos de seguridad del Estado, ni en la voluntad del gobierno para protegernos, y esto nos trae nuevamente al asesinato de Bertha.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente de la OEA, solicitó al gobierno que tomara medidas cautelares para proteger a Bertha de las amenazas que había recibido.
El gobierno claramente sabía de la situación de Bertha y de la preocupación internacional en torno a su seguridad.
¿Cómo es posible entonces que haya ocurrido el crimen? ¿Es que son tan incompetentes o negligentes? Que se diga, como excusa, que ella se había mudado de casa sin informarles es poco serio. Seguramente que toda la comunidad lo sabía.
Por otro lado, ¿no deberían preguntarse por qué no les informaría? Como he dicho antes, la realidad es que los hondureños no confiamos en los cuerpos de seguridad.
Y esto no cambiará en tanto no se depure esos cuerpos y que estos logren demostrar que han superado los males del pasado. Como el lector sabrá, el proceso de generar confianza es paulatino y lento y tomará años, sino décadas.
No cabe duda que tarde o temprano seremos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otro presidente, o el mismo Juan Orlando si logra su reelección, tendrán que disculparse públicamente ante los familiares y amigos de Bertha.
Sin embargo, ni esto, ni la sanción económica que sin duda se dará, resarcirán el irreparable daño causado a Bertha y su familia, y al país. Una vez más estamos siendo presentados al mundo como un país de salvajes dedicados a exterminarnos mutuamente.
¿Piensa usted, estimada lectora, que este es un clima propicio para atraer la inversión?
La grotesca masacre recién ocurrida en Tegucigalpa evidencia el clima de violencia extrema que padecemos.
No puede ser considerado como un acto terrorista porque no tiene como propósito sembrar el terror.
Muchos pensamos que estamos a salvo de esta barbarie porque generalmente las masacres han tenido objetivos claramente definidos y típicamente han ocurrido en colonias marginales.
Es fácil pensar que, pese a la incapacidad del gobierno, podemos protegernos evitando transitar por ciertas colonias y zonas.
Sin embargo, como el apreciable lector concluirá, la percepción de impunidad que vivimos tarde o temprano producirá un acto que podrá ser calificado como una acción terrorista al dirigirse a personas inocentes y ocurrir en colonias y lugares de clase media o alta.
Ojalá que quienes nos gobiernan entiendan la urgencia de combatir la sensación de impunidad, comenzando con la depuración de los cuerpos de seguridad.
Si no se procede así estaremos cavando nuestra propia tumba.
