Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reveló hoy que, en el 2018, registró 861 quejas de la población, de las que se desprende que más de 950 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por causas asociadas a la violencia delincuencial.
En declaraciones a la prensa local, el titular del Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, indicó que, en el 2018, atendió 861 denuncias, en las cuales, se vieron involucrados, directa e indirectamente, alrededor de 2 mil 241 personas, de las que, en el 42.6% de los casos se concretó el desplazamiento, mientras que el 57.4% restante estaban en situación de riesgo.
Declaró que, en comparación al 2017, aumentó en más de 170 las denuncias atendidas por riesgo y desplazamiento y se incrementó en 817 las personas afectadas directa e indirectamente, al pasar de 1424 a 2,241, en el año 2018.
Según las denuncias atendidas por el Conadeh, entre los hechos que generan situaciones de riesgo de desplazamiento están las amenazas, asesinatos, extorción, reclutamiento de niños o niñas adolecientes para formar parte de las maras y pandillas, secuestros, raptos entre otras.
En el año 2018, el 55.5% corresponde a las amenazas directas que reciben los peticionarios por medio de diferentes medios que van desde una llamada, carta, mensaje, terceras personas, 12.4% fueron ocasionados por los asesinatos a algún miembro de la familia.
Entre los principales responsables de las situaciones de riesgo o desplazamiento figuran las maras, bandas criminales, narcotraficantes y la delincuencia común.
Herrera Cáceres, explicó que, en Honduras, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la pobreza agobia a la mayoría de la población ya que afecta al 63% de los 9.2 millones de habitantes.
Además, la violencia, el crimen organizado y la impunidad están aún presentes y ocupan y administran espacios de control, poder ilícito y exclusión.
Agregó que hay crisis anuales recurrentes motivadas por el cambio climático que afecta sensiblemente al país y que trae consigo sequías, inundaciones, incendios forestales, plagas en los bosques y en los cultivos agrícolas, daños al medio ambiente y enfermedades derivadas con la consiguiente afectación de derechos humanos de la población.
“Todo eso incide negativamente en las condiciones de vida digna de los habitantes y los coloca ante incertidumbres existenciales que derivan también en casos de desplazamiento forzado interno y más evidentemente en migración forzada hacia otros países”, puntualizó
De acuerdo al Defensor del Pueblo, prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento forzado es parte esencial de la protección de los derechos humanos de las personas.
Además, implica un proceso de atención para superar las causas estructurales generadoras de efectos que obligan a las personas a alejarse de sus hogares o del lugar de su residencia habitual, huyendo o escapando de peligros o amenazas a su seguridad humana.
Desde el año 2013, Honduras reconoció los desplazamientos forzados internos por la violencia y criminalidad organizada que han traído consigo control ilícito de territorios e inseguridad de los habitantes.
El Gobierno creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, que elaboró un proyecto de Ley que el Conadeh también está impulsando y que se encuentra ya en el Congreso Nacional para dictamen y debate en los próximos días deeste mes de marzo.
Desde el 2016, el Conadeh organizó y puso en funcionamiento, con la cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, con presencia en las regiones de Honduras, donde hay evidencias de mayores riesgos de desplazamientos.
Herrera Cáceres comentó que en un afán de prevenir sostenidamente la continuidad de problemas como el desplazamiento forzado y otros males públicos que afectan al pueblo de Honduras, el Conadeh lanzó, desde el 10 de diciembre del 2016, la estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible “Municipios de Bienestar Solidario”.
Estrategia que ya está en curso en 36 municipios en los 18 departamentos de Honduras, cuyas autoridades y comunidades despliegan la unión solidaria de voluntades y acciones para la protección y respeto de los derechos humanos y el logro del bienestar, con atención especial a los sectores más desfavorecidos o vulnerables.
