La oscuridad de la noche cayó sobre la ciudad de La Esperanza en el occidente del país, sin alertar que otra oscuridad, sigilosa y lesiva estaba formándose y moviéndose en el ambiente -generalmente pacífico de esa ciudad-, pero al igual que ocurre una vez al día en todo el territorio hondureño desde hace un tiempo, esa oscuridad ensombreció un corazón que se segó para arrebatar una vida de mujer; esta vez en la fría celda de una posta policial.
El debate ya conocido entre versiones de violencia autoinfligida o violencia intencional interpersonal se ha puesto en escena como tantas veces, sin variar con ello el saldo tan negativo como fatal, a pesar de los esfuerzos de las mujeres valientes y solidarizarías que se niegan a cualquier injusticia.
Así, nuevamente de forma inevitable, resurgen los nombres de todas y cada una de ellas; sí ellas; las víctimas, quienes aún después de fallecidas luchan por no caer en el indiferente anonimato a que sobreviene la normalización social de los brutales hechos en medio de los cuales pierden la vida. Las mujeres víctimas que han sido dueñas de un nombre propio y una historia de vida, que han sido parte importante de sus familias, así como parte de nuestra sociedad, seres humanos con rostro y personalidad, ellas, las victimas en quienes recayó en medio de brutales dinámicas asesinas, de forma despreciable la cobarde ira de sus agresores.
Los cientos de mujeres víctimas de homicidios y femicidios, quienes -de acuerdo con los datos estadísticos criminológicos y judiciales anuales- generalmente pasaron por largos periodos de violencia intrafamiliar para luego pasar a sufrir años de sometimiento mediante la violencia doméstica; hasta que finalmente las manos de sus verdugos terminaron por arrebatar sus vidas.
En el año 2020, las unidades policiales registraron alrededor de 272 casos en donde perdieron la vida estas mujeres, pero los registros judiciales no recogen el mismo número de judicializaciones por estos hechos; dejando evidente una grieta de impunidad que favorece solo a los agresores.
Motivo frecuente de preocupación tanto de defensores de derechos humanos como de operadores de justicia; estos casos -al igual que los demás homicidios ocurridos en el país- siguen ocurriendo a su constante promedio diario en 2020- de un evento al día; y así, una vez al día, una mujer es sometida a la violencia homicida/femicida hasta que sus cuerpos caen inertes en esos escenarios donde sus agresores han escogido para desatar sus vilezas.
Estos hechos se vienen suscitando desde hace varios años, sin que hasta ahora todos los esfuerzos realizados en el país hayan logrado erradicar este flagelo mientras otras, las valientes mujeres que, a pesar de los riesgos, se niegan a dejar estos hechos en el olvido, y en la injusticia; solidarias acompañan procesos exigiendo justicia para las víctimas y sus familiares dolientes.
Así las cosas, parece lejano el día en que nuevas generaciones no tengan que enfrentar estos hechos, mientras tanto los retos de toda una sociedad, y una cultura -con todas sus subculturas incluidas- son claros, el respeto a los derechos civiles, el respeto al derecho a la vida se destaca de entre todos los retos que hoy tenemos como generación o mejor dicho en nuestro encuentro multigeneracional en donde nos ha tocado coexistir.
Estos retos con frecuencia quedan recogidos en una colección de tratados, convenciones, leyes y reglamentos; también en el mandato de una serie de instituciones, pero la materialización de cada uno de los conceptos contenidos en esos documentos en lo cotidiano de toda una sociedad aún está lejos de una practica efectiva que nos permita ese ideal de seguridad ciudadana que cada una anhela.
Esos retos, -sobre los que reflexionamos muchas veces solo cuando una vida se pierde- subyacen y a la vez, emergen desde los mismos cimientos del propio Estado de Derecho, de ahí la importancia del debate entre la forma estructural del problema de la violencia con enfoque en la violencia hacia las mujeres y de la forma de su abordaje para resolución; de ahí la importancia de la eterna disyuntiva entre las políticas de mano dura y las políticas de corte humanitario; de ahí la importancia entre dar sin límites el monopolio del uso de la fuerza al Estado por sobre el catálogo de los derechos ciudadanos o establecer límites claros, de ahí la importancia de favorecer el derecho y la aplicación de justicia por sobre el uso de la fuerza.
Por ahora, es claro, que cuando la incidencia de muertes violentas homicidas se mantiene en una tasa por cada cien mil habitantes que significa 3.6 veces por encima de la tasa mundial, y de manera diferenciada, la tasa de muerte violenta de mujeres se mantiene en 5.2; es necesario tomar medidas urgentes orientadas a mejorar la seguridad ciudadana en el país; ¿cómo lograrlo? Es el reto planteado para todos, pues el problema es ya conocido desde hace años, mientras tanto, en el caso de las mujeres, incansablemente siguen buscando esos caminos y rutas de acción que les permita impulsar -desde su perspectiva propia- agendas y políticas públicas que protejan la vital existencia de las mujeres en todas las facetas de su vida.
