Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Las luces rojas se encendieron en las organizaciones feministas por la desaparición de mujeres y niñas en el país, desatando incertidumbre y miedo en sus familiares, mientras la reacción gubernamental, especialmente la policial, no ofrece las respuestas en materia de investigación.
– Las desapariciones se convierten en una forma más de violencia en contra de las mujeres que son privadas de su libertad por razones desconocidas, lamenta defensora de derechos humanos.
– Con la emigración se ha vuelto una situación común que se crea que las mujeres se han ido por su cuenta, cuando en realidad están desaparecidas.
– La Ley de Alerta Morada es precisamente para que haya una detección temprana de las desapariciones de niñas y mujeres adolescentes, recuerda la ministra de la Mujer.
Eliany, Kristel, Eylin, Lizzi, Lidia, Farah, Arianna, Dylan, Britani, Jensy, Lizzet, Kimberly, Ingrid, Loany o Ana Gabriela, son algunos de los nombres que resuenan estos días no solo en las plazas o frente a las oficinas del Ministerio Público de varios puntos del país hasta donde sus familias han llegado a exigir respuestas, también en las páginas de instituciones del gobierno donde se reporta su desaparición y donde en muy pocas ocasiones hay informes de que estas personas aparecieron.
Un problema que se agrava
Desde hace tres años, como mínimo, este problema se está presentando, pero no existe una reacción gubernamental, con algunas excepciones, que refleje la gravedad de la situación, ya que se está normalizando la desaparición de mujeres y niñas sin que el país en su conjunto decrete una alarma para resolver este problema.
Las víctimas pueden ser objeto de trata de personas para explotación sexual,advierten las dirigentes del sector feminista, ya que es conocido que operan en el país redes de explotación con mucho contactos con mafias internacionales.
Asimismo, el problema de las desapariciones puede ser confundido con la emigración que ocurre en el país, lo que hace que muchos familiares crean que los suyos han tomado la ruta migratoria, cuando en realidad han sido captadas por las redes de trata de personas.
La defensora de los derechos de la mujer, Honorina Rodríguez, dijo a Proceso Digital que los reportes que manejan la Policía Nacional y las organizaciones feministas indican que la problemática de desapariciones, y específicamente de mujeres adultas, jóvenes, niñas e incluso niños, se está reflejando más los últimos 3 años.
“Se habla que en los últimos 10 años más de 9 mil personas han desaparecido, y por otro lado, dice la Policía que en 2022 y 2023 se habla de entre mil y de 900 mujeres (desaparecidas)”, señaló Rodríguez, quien destacó que independientemente de la cifra exacta, lo cierto es “la desaparición de mujeres que es una problemática grave y real en el país”.
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Las desapariciones se convierten en una forma más de violencia en contra de las mujeres, las jóvenes y las niñas al privarlas de su libertad por razones que son desconocidas.
“Nosotras (las organizaciones feministas) por eso siempre estamos diciendo a los familiares que es urgente, que es importante hacer las denuncias cuando una familiar no aparece”, indicó.
Otro agravante en esta situación es que con la emigración se ha vuelto una situación común en la mayoría de hogares y de familia, que muchas personas en el área rural tienden a pensar que las mujeres se han ido por su cuenta, que se fueron del país.
“Pero en realidad son desapariciones”, dijo la defensora de derechos humanos al lamentar que en el país no hay registros fiables al respecto.
Sin existir una documentación, que permita que las autoridades pudieran decir estas y aquellas son las características que principalmente enfrentan las personas que desaparecen, es una problemática que avanza y donde las organizaciones están a ciegas.
Para la primera quincena de septiembre, comités hondureños de familiares de migrantes desaparecidos informaron que en los últimos años, más de 600 personas desaparecidas en esa ruta, sin que hasta ahora se conozca de su paradero.
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Búsqueda incansable
En el departamento de Cortés, el drama de los desaparecidos atormenta a los padres de Haylin Kristel Calix Villafranca, una niña de 12 años de quien no se tiene información desde el 21 de septiembre cuando la vieron en el sector de la colonia López Arellano en San Pedro Sula y de la joven Eylin Anneth Lobo, de 24 años, desaparecida desde el 18 de septiembre en Santa Cruz de Yojoa después de que salió de su casa.
El mismo drama viven los familiares de Eliany Dariela Canales Sánchez, una adolescente de 17 años, desaparecida desde el 29 de septiembre en Villa de San Antonio, en Comayagua. La última vez que vieron a la joven, estaba a la orilla de la carretera CA-5.
En Choluteca, el 911 reporta la desaparición de Ana Gabriela Vargas Sosa, una joven de 19 años quien fue vista por última vez en la aldea Querques, el 5 de octubre.
En los primeros tres casos, la plataforma Foro de Mujeres por la Vida, que está asentada en la zona nororiental del país, realiza el acompañamiento a los familiares en su búsqueda, donde hasta la fecha no se tiene información sobre el paradero de las jóvenes.
“Las familias continúan con la búsqueda, pese a que no reciben respuesta de las instituciones encargadas de investigar, hacer justicia y velar por nuestra seguridad. Es necesario el apoyo de todos y todas ante el silencio del Estado”, dijo a Proceso Digital la portavoz de la organización, Alexandra Kelly.
La defensora de derechos de la mujer enfatizó que estos casos recientes suceden bajo el marco de un estado de excepción “que se supone se genera, precisamente para evitar o prevenir las violencias en contra de la población”. Además reclamó que en el feriado Morazánico no hubo acciones para dar con el paradero de estas y otras personas desaparecidas.
Las estadísticas recolectadas desde el Observatorio de Seguridad las Mujeres de esta plataforma, integrada por 16 organizaciones feministas, indican que un 15 % de las féminas que son víctimas de feminicidios habían sido reportadas como desaparecidas por sus familias.
Por eso, Kelly consideró que no se le está prestando la debida atención a esta problemática. “Si nos abocamos al derecho penal, el delito de desaparición ni siquiera existe, solo existe la desaparición forzada y lo que se tipifica a los señalados como responsables por privación injusta de la libertad”.
La Alerta Amber y la importancia de las primeras horas
La preocupación incrementa porque las desapariciones de mujeres está vinculado a la trata.
“Por eso es tan necesario que las actividades de búsqueda dentro de las primeras horas es fundamental para que estas niñas y jóvenes puedan ser encontradas rápidamente”, manifestó Kelly al recordar que en Honduras ya existe la Alerta Amber.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Daniel Cáceres, señaló que el tratamiento que se les da a las personas desaparecidas en Honduras indica que deben pasar 72 horas para que la Policía active los mecanismos de búsqueda, pero observó que “esto es grave porque las primeras horas son vitales para encontrar a las personas”.
Cáceres mencionó que la excepción debido a la Alerta Amber en los casos de menores de edad, los mecanismos de búsqueda se activan de manera pronta, aunque en estos casos también hay deficiencias en el proceso de investigación.
“Algo importante tiene que ver en los procesos de diferenciación y eso tiene que ver en razón de la población, o sea de la persona que está desaparecida y en razón del territorio y hasta la fecha nosotros consultamos a la Secretaría de Seguridad y nos han comentado que tienen nada más un protocolo generalizado”, algo que agregó, dificulta la búsqueda de las personas desaparecidas.
La Ley de Alerta Morada
La ministra de Asuntos de la Mujer, Doris García, dijo a Proceso Digital que “siempre ha habido desapariciones, últimamente tenemos varios reportes, como siempre he dicho, el crimen organizado opera en el país y tenemos que estar trabajando sin descanso en la prevención de la violencia”.
La funcionaria indicó que próximamente se reunirá con la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo y con el equipo de género del Cohep, “tenemos que pensar aún más en el trabajo que está haciendo y afianzarlo la parte que nos corresponde que es la prevención”, destacó.
La ministra recordó que en junio pasado, a petición de movimiento de mujeres, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en Honduras presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley para la Alerta Morada.
“La Ley de Alerta Morada es precisamente para que haya una detección temprana de las desapariciones de niñas y mujeres adolescentes. No queremos que desaparezca ninguna, por lo tanto hemos exhortado al Congreso Nacional, a todas las diputadas y diputados para que nos puedan aprobar este proyecto de ley que es más que necesario impulsar e implementar en el país”, resaltó la funcionaria.
El proyecto de ley contempla la creación de una Fiscalía de Personas Desaparecidas y un Sistema Nacional de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas, que estará integrado por autoridades, organizaciones comunitarias, feministas y familiares.
Una unidad de investigación
Para las organizaciones feministas es fundamental que el Ministerio Público designe una unidad de investigación que específicamente sea para asuntos de las mujeres.
“Realmente en el país el punto de la investigación es sensitivo, lo grave de todo esto como digo es que se convierte en una forma más de violencia porque no sabemos si estas personas están siendo utilizadas para trata, explotación sexual comercial, si tiene que ver con otros asuntos más graves”, dijo Honorina Rodríguez.
Otras desapariciones
En la memoria de los hondureños está presente casos de desaparecidos donde la incógnita sigue, como los cinco líderes de la comunidad garífuna, Alberth Centeno, Milton Martínez, Suami Aparicio, Gerardo Róchez y Junior Juárez. La hipótesis policial establece que fueron ejecutados, luego incinerados y disueltos en ácido.
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Asimismo, hay casos emblemáticos el de Martha Matute, una joven madre de 31 años, paseaba en una moto acuática junto a su novio en la isla de Roatán, Islas de la Bahía, siempre en el Caribe del país, cuando a eso de las 5:00 de la tarde desapareció, todo sucedió en 2017. Este caso repitió el patrón de lo ocurrido también en Roatán con Angie Peña en 2022.
Otro caso mediático es la desaparición de Belkis Suyapa Molina de quien no se tiene información desde el 21 de julio de 2022.
El Conadeh reseñó recientemente que el Estado de Honduras ha enfrentado, al menos, tres momentos históricos en los cuales se registraron desapariciones forzadas de personas, la primera durante la doctrina de “Seguridad Nacional” entre 1980-1993, en el 2009 y la crisis post-electoral del 2017.
En la década de los 80, cuando el país vivió el terror de la doctrina de la seguridad nacional, al menos 182 hondureños fueron víctimas de desapariciones forzadas, son casos dolorosos vinculados a la extrema polarización ideológica que sacudió las Américas durante la guerra fría y que además dejó en este país 200 asesinatos extrajudiciales.
Ahora, este drama de las desapariciones agobia a muchas familias que no pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos. (VC)
