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Documentan en vídeo las heridas sociales de la lucha antidroga en A. Latina

Washington – El impacto de la lucha antidroga en Latinoamérica supone un costo social hasta ahora poco reconocido, según Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que lo han querido documentar en vídeo.
 

Testimonios de madres de familia entregadas a la venta de droga o de personas acusadas de narcotráfico sacan a la luz los «efectos colaterales» que las políticas para perseguir el narcotráfico han dejado a su paso, según el análisis de las dos organizaciones.

Las conclusiones se derivan del estudio de las reformas y estrategias antidroga del continente que intentan mostrar en esos relatos el «rostro humano» de problemas derivados de políticas «ineficaces».

Esas iniciativas, tales como sentencias cada vez más duras o más militarización para acabar con el narcotráfico, «causan graves daños colaterales a los sectores más vulnerables de la sociedad», dijo en un comunicado la directora ejecutiva de WOLA, Joy Olson.

Según estas TNI y WOLA, los problemas más evidentes son sistemas de justicia penal que están «saturados», cárceles «súper pobladas» con delincuentes de menor grado y sentencias «desproporcionadas» a los delitos cometidos.

Los dos primeros vídeos publicados hoy muestran a dos mujeres que entraron en el mundo de la droga de manera opuesta, una por «engaño» y la otra para salir de la pobreza.

Rosa Julia Leyva Martínez, la primera de ellas, es una mexicana que pasó casi 11 años en prisión cuando portó sin conocimiento una bolsa con heroína cuando viajó con unos conocidos a Ciudad de México.

En su testimonio asegura que el aislamiento social y la ignorancia la llevaron a la cárcel, mientras que lo único que les importaba a las autoridades era que ella llevaba la droga.

Por su parte, la ecuatoriana Analía Silva vendía drogas para ganar dinero y sostener su familia, ahora, sus ochos años en prisión dejaron a sus dos hijos con pocas más opciones que prostituirse, ser drogadicto o vender droga, denuncia en la entrevista.

Sus casos son parte de una investigación en curso sobre las legislación antidrogas y las cárceles en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, que se publicará en otoño.

Para la coordinadora del programa del TNI, Pien Metaal, los políticas antidrogas persiguen «los blancos fáciles», como consumidores o traficantes con un «rol mínimo» en el narcotráfico, y no «aquellos traficantes responsables de la violencia y la corrupción» que amenazan a esos países.

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