La ley de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular forma parte del entramado de normas que busca dar poder efectivo a las comunidades de base que, en definitiva, según ha explicado el presidente del país, Hugo Chávez, acelerarán la marcha hacia el socialismo del siglo XXI.
De lo que se trata es de «empoderar», de «transferir poder al pueblo, a las comunas», ha remarcado el mandatario quien, de paso, desde diciembre pasado y hasta mediados del 2012, goza de poderes legislativos especiales concedidos por los diputados salientes.
«Con la Ley Habilitante se abre un camino cierto hacia el buen vivir, hacia la vida buena que todas y todos nos merecemos: vamos a fortalecer y profundizar la legalidad revolucionaria para revertir definitivamente las asimetrías estructurales y los desequilibrios macrosociales que son propios del capitalismo», escribió hoy.
«Hay que despejar todos los obstáculos para el pleno ejercicio del pueblo legislador», agregó en su columna dominical «Las líneas de Chávez», sin detallar qué otras leyes quedan en el tintero.
Entre las legislaciones del llamado Poder Popular aprobadas en las últimas semanas por sus diputados en el epílogo de sus mandatos figuran la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley de Comunas, la Ley de Contraloría Social, la Ley Orgánica para el Sistema Económico Comunal y Ley Orgánica del Poder Popular.
Esta última fue aprobada el pasado 10 de diciembre por la aplastante mayoría parlamentaria afín a Chávez, que desde el miércoles se reducirá a 98 sobre el total de 165 diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral).
Los 67 restantes marcan el regreso opositor al hemiciclo tras una ausencia de cinco años, al haber renunciado a las parlamentarias de 2005 alegando presuntas irregularidades y en un intento infructuoso por deslegitimar a la «Revolución Bolivariana», lo que entonces dejó a la AN en poder total de oficialismo.
Con 5,4 millones de votos, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Chávez mantuvo en las parlamentarias del 26 de septiembre la mayoría, pero no la cualificada de dos tercios (110 escaños) que el propio gobernante se colocó esta vez como meta.
La mayoría cualificada es necesaria, por ejemplo, para aprobar leyes orgánicas, nombrar jueces y conceder poderes especiales al Ejecutivo.
La Ley Orgánica del Poder Popular, del entramado para la creación del Estado comunal que la oposición rechaza por inconstitucional, sienta las bases para que «el pueblo organizado» se autogobierne y asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, según el articulado.
La minoritaria oposición parlamentaria actual y futura, representada por disidentes del chavismo y líderes opositores que fueron diputados hasta el 2005, respectivamente, han expresado su rechazo a estas leyes argumentando que están basadas en un concepto de comuna inexistente en la Constitución.
Incluso, recuerdan unos y otros, el concepto de Estado comunal ya fue rechazado en diciembre de 2007, cuando en un referendo sobre la reforma de más de 60 artículos de la Constitución Chávez encajó su primera derrota electoral.
Para el diputado ex aliado de Chávez Ismael García se pretende esconder en «la transferencia de poder al pueblo» un modelo «que tiene que ver con el control del jefe del Estado sobre la sociedad».
«Ni el Parlamento ni el presidente pueden transferirle poder al pueblo porque el poder es del pueblo. Así lo dice la Constitución y lo transfiere solo a través del voto directo y secreto», ese es un concepto que «no puede ser sujeto a interpretaciones», sostuvo.
