El informe fue elaborado por una comisión especial de diputados integrada para dar seguimiento a las denuncias de un grupo de fiscales y miembros de distintas organizaciones civiles que se mantuvieron en huelga de hambre durante 38 días en los bajos del Congreso Nacional.
El informe concluyó que no se encontraron méritos para proceder a la suspensión del fiscal general y el fiscal adjunto, como lo demandaban los huelguistas.
La comisión dio seguimiento a más de 40 denuncias de casos que, según los denunciantes, están engavetados en el Ministerio Público.
El informe fue aprobado por la cámara legislativa después de un largo debate, iniciado por diputados del izquierdista Partido Unificación Democrática (UD), que cuestionaron agriamente a los elaboradores del informe, y su contenido.
Tras escuchar la lectura del extenso informe, la diputada udeista Silvia Ayala dijo en tono irónico que “debemos estar orgullosos de la fiscalía que tenemos”, y acusó que al informe le faltó “acuciosidad e investigación”.
Al cierre de la sesión, el presidente de la Cámara Legislativa, Roberto Micheletti, dijo que invitará respetuosamente al presidente, Manuel zelaya, para que proceda a sancionar un decreto que manda la creación de una comisión de notables para que de seguimiento a las investigaciones de los congresistas.
Dijo que la disposición del Congreso es que se investiguen todas las denuncias y se proceda contra empresas y ciudadanos que se compruebe cometen corrupción.
