Al momento de introducir y aprobar el dictamen, el diputado liberal Valentín Suarez, argumentó que si no se aprobaba la compra de esos 205 megavatios de energía los racionamientos eran inevitables durante los próximos meses y por consiguiente la responsabilidad recaería sobre el Congreso Nacional.
La aprobación de los contratos se hizo a pesar de las objeciones presentadas en su momento por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que establecía que la adquisición preliminar de 250 megavatios a las empresas Cechsa y Envasa eran lesivos a los intereses del Estado e iban a generar un sobre costo de más de 614 millones de dólares a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
El 28 de diciembre de 2007, la Junta Interventora de la ENEE, que presidió el secretario de Defensa, Arístides Mejía, adjudicó la generación de 250 megavatios a Cechsa de Guatemala (150 Megavatios) y a Envasade Honduras (100 Megavatios), con precios que oscilaron entre 9.8 y 10.03 centavos de dólar por kilovatio hora.
En un informe elaborado por especialista colombiano que tuvo que salir del país por amenazas a muerte, el TSC recomendaba a los diputados no aprobar ambos contratos y que se procediera a convocar a una licitación internacional a efecto de lograr precios mucho menores a los propuestos por las citadas compañías.
El diputado de la Unificación Democrática, Marvin Ponce, reaccionó indignado por la aprobación de los cuestionados convenios y dijo que los liberales aprovecharon para asestar un golpe y “electrocutar” a los hondureños con la compra de esta energía sucia.
“Aparentemente había una trama ya montada porque inmediatamente que aprobamos el ALBA aparecen estos contratos de energía en base a carbón que no estaba contemplado en la agenda legislativa de este día porque estaba previsto que se iba a tratar hasta después de las elecciones internas”, lamentó.
El congresista indicó que hubo fuertes presiones de grupos de poder económico para que se aprobaran los contratos y deja muchas dudas porque se trata de una compra directa que ni siquiera fue sometida a licitación pública.
Dijo que llama mucho la atención que Cechsa proporciona electricidad al gobierno de Guatemala con la misma metodología, con menos años y por un costo 30 por ciento menor a lo que la está proporcionando en Honduras.
“Entonces este negocio se aprobó aquí sin objeciones porque no se permitió el debate y se nos negó la palabra”, aseveró.
Ponce pidió a los organismos contralores y fiscalizadores del Estado que investiguen el rumor de que por la aprobación de estos contratos las empresas beneficiadas distribuyeron entre los diputados y funcionarios más de 300 millones de lempiras.
El legislador nacionalista, Miguel Ángel Gámez, dijo que ambos contratos son leoninos y son lesivos al Estado hondureño porque los costos por kilovatio hora se incrementaran a más de 19 centavos de dólar hora porque las empresas no incluyeron los costos por las líneas de transmisión, seguro y otros gastos no contemplados en los contratos.
El diputado liberal Marco Antonio Andino arguyó que los contratos fueron suficientemente concertados y hubo las explicaciones pertinentes por parte de la gerente de la ENEE y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas.
Además de las irregularidades en el costo de los contratos, el TSC encontró otras anomalías en los contratos adjudicados a Secsa y Envasa como que no se se especificaron las características de los equipos de central a carbón, ni de los equipos de control ambiental que se utilizarían en las plantas de generación.
