Según informes, a la ley se le adicionaría una fórmula de cálculo para el impuesto que consiste en una tasa del 1 por ciento sobre los ingresos brutos de las personas naturales o jurídicas.
El proyecto fue enviado vía correspondencia anoche a la secretaría del Legislativo desde la Secretaría de Finanzas, por lo que hoy la junta directiva fue convocada para analizar la posibilidad de reformar el mencionado artículo.
La mayoría de los diputados hondureños dijeron no conocer el proyecto y han manifestado que el incremento al pago de este impuesto sería un nuevo “trancazo” para el pueblo.
“Lo que se busca es incrementar los ingresos del Estado por la vía del impuesto sobre la renta”, dijo el jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra.
El proyecto está siendo discutido entre la junta directiva del Parlamento, autoridades de Finanzas y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
El titular de Finanzas, William Chong Wong, dijo que el incremento del 1% se aplicaría a las empresas que evaden al fisco nacional, pero “la ley es de carácter general, la ley no es de carácter particular y si la intención es esa, hay que escuchar al señor ministro para establecer realmente qué es lo que se pretende”, señaló Saavedra.
Chong Wong indicó que el 1% “no aplica a personas asalariadas, sino a todas aquellas que tengan una actividad económica y personas que están evadiendo el fisco, excepto empresas que por situaciones de mercado o desastre natural justificado, no puedan cancelarlo”, sostuvo.
Explicó que el uno por ciento “lo pagarán aquellos que continuamente declaran (impuestos) muy por debajo de lo que genera la industria” o la actividad a la cual están dedicados y a quienes “inflan los gastos” o realizan transferencias de ganancias incluso fuera de Honduras.
El funcionario aclaró que la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla un agregado (inciso d) a su artículo 22, y que es un “caso adicional, no es un nuevo impuesto”
Según Wong, Honduras no es el único país que ha aplicado esta medida para evitar la evasión fiscal, contra empresas que por más de tres años no pagan los tributos.
