Panamá – El diputado indígena panameño Arquesio Arias fue imputado este miércoles de cargos por delitos sexuales supuestamente cometidos contra una menor de edad, quien sería la segunda víctima en un caso por el que el legislador oficialista se encuentra en arresto domiciliario desde octubre pasado.
Arias, diputado por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y médico de profesión, ya fue imputado en 2019 de los cargos de violación carnal y actos libidinosos contra una primera víctima.
De acuerdo con la información disponible, los hechos habrían ocurrido cuando Arias se desempeñaba como médico en la comarca Guna Yala.
Según fuentes periodísticas, Arias fue denunciado en 2018 por una mujer de 22 años que aseveró que cuando ejercía de galeno abusó de ella al realizarle un papanicolau.
La formulación de cargos en contra de Arias fue presentada este miércoles en una audiencia por el magistrado fiscal Olmedo Arrocha, y admitida por la magistrada jueza de garantías Maribel Cornejo.
En la misma audiencia fue dirimida una solicitud de desistimiento por parte de la supuesta víctima, que fue denegada por la magistrada.
Alma Cortés, abogada de la supuesta víctima, dijo que en este caso «no hay víctima ni hay delito», sino un confabulación «de un grupo de personas para hacerle daño al doctor Arquesio Arias».
«Ella en su momento dio algunas declaraciones, cuando era menor de edad», que habrían sido manipuladas para afectar a Arias. «Ella en ningún momento otorgó poder a ningún abogado para presentar querella» contra el legislador, añadió la abogada.
Ángel Álvarez, el abogado defensor de Arias, dijo asimismo que la supuesta víctima «ha hecho múltiples manifestaciones de que no se ha ejecutado delito alguno en su contra por parte» de su representado.
La ley panameña establece que los diputados de la unicameral Asamblea Nacional solo pueden ser investigados y procesados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que abrió la causa contra Arias en agosto de 2019.
Por este caso el Parlamento recibió duras críticas por no haber separado al diputado Arias para que sea investigado, y por el contrario destituir el pasado 9 de octubre al Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, a quien se acusó de abuso sexual y acoso laboral pero que al final fue removido por negligencia en el cargo.
