Tegucigalpa – Mediante un comunicado de prensa la empresa Distribuidora Mercantil S.A. (Dimesa), rechazó la decisión del juez de dictar auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra dos de sus representantes en un caso de presunta sobrevaloración de equipo biomédico en contra del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
– El proceso de adjudicación del contrato entre Dimesa y el IHSS fue objeto de una licitación público internacional, aprobado por la Comisión de Salud, aprobado por el pleno del Congreso, sancionado por el presidente de la República y debidamente publicado en el diario La Gaceta, argumenta la compañía.
“Expresamos nuestra profunda indignación ante el innecesario arresto de Schucry Kafie Larach y Juan Madrid Casaca. Rechazamos la discriminatoria decisión del juez de letras de lo penal de Francisco Morazán al haber ordenado prisión preventiva para nuestros representantes, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por la defensa logrando desestimar la falsa acusación y en adición las garantías que presentamos sobre su intención de someterse al proceso legal y acatar el debido proceso como garantía constitucional”, comienza diciendo la nota.
La noche del miércoles, la jueza que conoce el caso de sobrevaloración de equipo que la empresa Distribuidora Mercantil S.A. (Dimesa) proveía al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), decidió otorgar auto de formal procesamiento y prisión preventiva para los cinco implicados: Edgardo Quiroz Moreno, Mario Zelaya, José Ramón Bertetti, Schucry Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, los dos últimos representantes de Dimesa.
De acuerdo al comunicado de Dimesa, emitido la medianoche del miércoles, “el informe de la investigación en el que se sustenta la acusación por parte del juzgado carece totalmente de soporte técnico, financiero y legal, y no refleja la realidad de los hechos”.
Asimismo, advierten que acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar los presuntos atropellos en la que la institucionalidad, seguridad jurídica y objetividad de los jueces está en entredicho.
Finalmente, exigen las suspensiones de la prisión preventiva de los señores Schucry Kafie y Juan Madrid y el cumplimiento de la normativa que establecen la Constitución y las demás leyes sobre el debido proceso, derecho a la defensa y presunción de la inocencia, de las que gozan todos los hondureños según el Artículo 89 de la Constitución de la Republica.
