Tegucigalpa– Las reformas electorales que están a las puertas de ser aprobadas en el Parlamento hondureño podrían enfrentar marcadas diferencias en torno a la definición de las funciones del Tribunal de Justicia Electoral.
La instancia, nueva en la normativa hondureña, es considerada por el partido Libertad y Refundación (Libre), como la última que debe de conocer y resolver cualquier problema de índole electoral, han informado diputados de ese instituto político.
Ese criterio no es compartido por miembros de la bancada nacionalista en la que se considera que después del Tribunal de Justicia Electoral, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe de ser el tribunal de alzada que dirima las diferencias.
Los nacionalistas aducen que la Sala Constitucional es una instancia especializada en derecho político y que debe de ser el tribunal superior que conozca cualquier apelación en materia política.
Por su lado, los liberales, Alianza Patriótica y Democracia Cristiana aún analizan sus posiciones al respecto, el único representante udeista en la Cámara ha manifestado su afinidad con el criterio de Libertad y Refundación.
A penas dos días para que concluya la legislatura, las diferencias en torno a las competencias del Tribunal de Justicia Electoral podrían poner en jaque y comprometer el proceso general de reformas electorales.
