(Unidad ciudadana para construir sólidamente una nueva y diferente realidad nacional)
En los últimos cuarenta años, he dedicado investigaciones, estudios y artículos, así como proyectos de tratados al tema de prioridad, en democracia, de empoderar para que la dignidad humana prevalezca en Honduras y Centroamérica, mediante un régimen de efectividad progresiva de los derechos humanos, libertad, paz, desarrollo y justicia social.
Prioridad democrática porque es lo que determina la legitimidad del ejercicio de la función pública por los gobiernos y servidores públicos; y la confianza, convivencia armónica y activa participación política de la ciudadanía, sustentada en la unidad solidaria de la sociedad.
Los hondureños (as) podemos testimoniar que las crisis nacionales no han logrado aún ser atendidas ni controladas por ausencia del diálogo y del consenso social, porque su solución no se ha buscado ni se busca en perspectiva del bien común del pueblo o población, evidenciando la falta de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo, conducente a ese propósito superior y esencial, ordenado por la Constitución de la República.
Los efectos negativos de ese incumplimiento se hacen patentes en la condición humana de la población, al mantenerla en el subdesarrollo y, a la mayoría creciente de ella, en la pobreza. Condición que golpea fuertemente la conciencia de vida en sociedad democrática y del buen gobierno del Estado. No es nueva esta situación, viene desde los inicios de nuestra independencia; así fue denunciada por nuestros próceres y las sucesivas generaciones, hasta la fecha, la hemos continuado sufriendo pasiva, desordenada e irresponsablemente.
A pesar de que, de conformidad a nuestro Estado constitucional de Derecho, es ilegítimo o abusivo todo ejercicio de poder o comportamiento contrario a la función exclusiva del Estado de fomentar e impulsar condiciones favorables para asegurar el bienestar común y progreso social de toda la gente, población o pueblo, sin ninguna discriminación: la realidad actual de Honduras más que benéficos efectos esperados de vida en democracia y de convivencia armónica como sociedad y Estado, pone de manifiesto abundante pobreza, desigualdad, exclusión, violencia, corrupción, falta de trabajo y subdesarrollo.
Por eso, es tiempo de dar respuesta a esta ineludible situación mediante una solución de patriotismo constitucional que nos lleve a transformarnos para reencontrarnos con la esencia y fortaleza de nuestra convivencia armónica y bien común, en sociedad y Estado democrático cuyo eje y propósito superior sea siempre la dignidad humana, unida inseparablemente con el desarrollo sostenible, la paz y la libertad, de toda la población.
Se ha venido constatando, desde los años iniciales de nuestra independencia, la coexistencia de diferentes clases sociales en la población y la presencia significativa de numerosas personas en contextos persistentes de injusticia social agraviante de la dignidad humana. Contextos que, para el mejor funcionamiento de la sociedad y el Estado, deben corregirse, reconociendo siempre equitativamente los iguales derechos humanos de toda la gente de todos los niveles sociales.
Así, esa solución democrática de unidad nacional en igualdad, equidad y justicia social, fue apoyada públicamente y promovida por el Sabio José Cecilio del Valle, al exhortar, a las generaciones posteriores a la suya, en la forma siguiente: ” Oídlo …puede pensarse en aumentar los poderes de las clases débiles sin ofender la razón y disminuir los de los fuertes sin agraviar la justicia…debe hacerse lo que inspira la razón y dicta la justicia; y la razón jamás aprobará, y la justicia nunca permitirá que se hunda en la nada a unas clases y se eleven otras a lo más alto del poder. Dar a las primeras lo que necesiten para ser o tener existencia; poner límites en las segundas a tanta sobreabundancia de poder, es restablecer las cosas al orden de la razón y justicia, impedir crímenes y multiplicar virtudes; quitar lo más horrible y sustituirlo por lo más bello que puede adornar a los Estados”.
Más de un siglo después y con vigor progresivo en el devenir histórico, esa sabia exhortación de razón y justicia se acreditó fehacientemente con base en el reconocimiento mundial de la inherente dignidad humana, al destacarse que: “… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” y que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. (Preámbulo y Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)
De cara al presente y porvenir es democráticamente necesario contribuir a la unidad solidaria de la Nación, pueblo o población. Es lo único que permitirá superar el sinnúmero de males públicos de los cuales debemos librarnos. Gobernados y gobernantes tenemos la obligación de corregir los errores del pasado y aplicar, sin excusa alguna, lo que prescribe la Constitución en perspectiva de dignidad humana de los habitantes, en materia de desarrollo, democracia, paz y libertad.
Ya no es tiempo de preguntarnos si debemos comenzar esta transformación prevista en la Constitución de la República y en la normativa internacional vinculante; porque, es obligación imperativa e ineludible de los gobiernos y servidores públicos, y de la población hondureña, sin excepción.
El tiempo transcurrido y las experiencias vividas, acreditan la persistente necesidad de la construcción de esa solución democrática en la cual se refleje que toda la población conforma el pueblo de Honduras y que todos tenemos el derecho de convivir pacíficamente en una patria por todos compartida, donde disfrutemos de un sistema de vida con dignidad y seguridad humana orientado al bienestar y progreso social de todas las personas.
Con ese propósito, la población hondureña debe encaminarse al encuentro de su unidad, en aras de su dignidad y bienestar. Ante esa necesidad, la economía debería ser apremiantemente activada con ese fin político y social, mediante el trabajo digno que crea la riqueza nacional; la distribución de esa riqueza con justicia social y con acuerdos que promuevan e impulsen, entre otros aspectos, la producción nacional, la innovación tecnológica y competitividad empresarial, la generación de empleo con mayor productividad laboral y capacitación laboral permanente; y con mejores condiciones de trabajo y de promoción de vida digna de los trabajadores (as) y sus familias.
El marco normativo referencial es la Constitución de la República que se precisa también, aún más, en la relación normativa con la igualmente vigente Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras que manda a la elaboración e implementación del Plan de Nación de Honduras 2023 – 2035, aún pendientes.
En las circunstancias actuales, la implementación del desarrollo nacional y local, sostenible y planificado de corto, mediano y largo plazo, debería iniciarse al mismo tiempo que se fomenta la justicia social, con especial consideración, por su justificada fundamentación, para quienes viven actualmente en condición de pobreza.
Desarrollo planificado que necesita ser innovador, constructivo y basado en crecimiento económico inclusivo (con participación de las personas pobres), desde adentro y desde lo local generando trabajo decente desde los municipios y reforzando la competitividad territorial. Es decir, construyendo una base o infraestructura productiva sólida a partir de nuestros propios talentos y recursos humanos, naturales, riquezas, posición geoestratégica, potenciales, buenas prácticas e iniciativas de Honduras en su vida nacional y en su convivencia internacional; y con intercambios comerciales de beneficio recíproco y cooperación internacional funcional y respetuosa de nuestra autodeterminación, democracia y soberanía nacional.
Podemos transformar Honduras, si nos unimos como nación para alcanzar ese objetivo superior de vida y progreso, precisando, para el período 2023 – 2035, el plan conforme al que se ha de hacer los cambios positivos conducentes a una nueva y diferente realidad y trabajando con decisión y energía para lograrlo.
Es tiempo de transformar con realismo democrático, nuestras condiciones de vida, dignificando nuestra población y nuestro Estado. La transformación es viable y factible, aún en estos tiempos de cambio fundamental de circunstancias en el contexto mundial.
