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Detienen en Costa Rica a tres médicos y un griego por tráfico de órganos

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San José – Las autoridades de Costa Rica detuvieron hoy a tres médicos locales y a un griego como sospechosos de integrar una organización dedicada al tráfico ilegal de órganos que comenzó a ser desarticulada en junio pasado.
 

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura, declaró en una conferencia de prensa que los detenidos son dos urólogos y un médico vascular del estatal Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, así como un griego dueño de una pizzería cercana al centro médico, cuyas identidades no detalló.

De acuerdo con las investigaciones, aparentemente el griego era uno de los encargados de reclutar personas para que vendieran órganos, mientras los médicos estarían dedicados a realizar los trasplantes en sitios privados.

Segura informó que en allanamientos realizados hoy los oficiales decomisaron computadoras y archivos que pueden servir como prueba.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Carlos Jiménez, declaró en la rueda de prensa que hasta el momento se han identificado 20 víctimas de esta red que se sospecha vendía los órganos a israelíes y que tenía vínculos con otros países europeos.

En junio pasado las autoridades detuvieron al jefe de nefrología del Hospital Calderón Guardia, identificado con los apellidos Mora Palma, como sospechoso de liderar la red criminal, y a una oficial de policía de apellido Cordero que al parecer reclutaba donadores.

Según las investigaciones, a los donadores se les ofrecían sumas de hasta 20.000 dólares a cambio de sus órganos y algunos de ellos viajaron a Israel para realizar el trasplante.

El tráfico ilegal de órganos es un delito castigado por tres leyes en Costa Rica. La sanción más fuerte la establece la Ley contra la trata de personas, que impone de 8 a 16 años de cárcel a quien posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos o fluidos.

Según han dicho las autoridades, las personas que vendieron sus órganos no serán acusadas por ningún delito y por el contrario les han pedido que denuncien, pues su información es vital para continuar con la investigación y determinar si existen otras redes de tráfico de órganos.
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