Tegucigalpa. – Ya todo está consumado (Omnia consummatum est). El pasado miércoles 05 de febrero del corriente, algunos diputados del Congreso Nacional aprobaron en horas de la madrugada el Presupuesto General 2025 de Honduras, por un monto de L.430,907.8 millones, del cual L.266,667.6 millones corresponden a la Administración Central, y L.164,240.2 millones a la Administración Descentralizada.
Como el Poder Ejecutivo a veces acostumbra hacer las cosas ‘friendo y comiendo’, el presupuesto fue publicado en el periódico oficial La Gaceta número 36,759 del jueves 06 de febrero del 2025, mediante un voluminoso documento de 188 páginas, que para mayor detalle contienen 361 artículos, suficientes para estudiar uno cada día del año, esforzándose por tratar de interpretarlos y dedicando apenas 4 días al descanso.
De no ser porque el gobierno tuvo la gentileza de publicar el denominado “Proyecto de Presupuesto Ciudadano 2025”, que consta únicamente de 49 coloridas páginas ilustradas, sería bastante difícil digerir un documento originalmente concebido para enredar y aturdir la mente de cualquier ciudadano.
Aunque “Agora y’es tarde”, tal como el poeta hondureño Daniel Laínez, tituló una de sus poesías, descartaré ese triste lamento para comentar algunos aspectos del presupuesto trasnochador.
Demasiado abultado: El presupuesto 2025 es demasiado grande, ya que representa un 42.7% del PIB nominal estimado por Finanzas para el 2025 (L.1,008,492.2 millones), mismo que al emplear la regla tradicional que recomienda limitar su monto al 40.0%, muestra un sobrante del 2,7%, equivalente a L.27,229.3 millones, cantidad mayor a los L.23,770.3 millones (14.6%) de diferencia existente entre los presupuestos aprobados del 2024 y el 2025.
Ingresos difíciles de alcanzar: En el presupuesto 2025 de la Administración Central (AC), se incluye una cifra de L.172,318.2 millones de Ingresos Tributarios; sin embargo, en el 2024 la AC únicamente percibió L.130,673.5 millones de ingresos totales, y un monto de L.118,359.6 de ingresos tributarios, por lo cual para cumplir las cifras del 2025, se deberían obtener un 31.9% más de ingresos totales respecto al 2024, y un 45.6% mayor a los ingresos tributarios del año pasado. Estos porcentajes de incremento son imposibles de alcanzar, incluso asumiendo una labor super eficiente de recaudación.
La recaudación descansa en impuestos Indirectos: De los L.172,318.2 millones que la Administración Central pretende captar mediante impuestos, un 67.8% corresponde a Impuestos Indirectos, representados por L.116,884.3 millones, y el restante 32.2% (L.55,433.9 millones) se obtendrá por Impuestos Directos. Esto implica que la carga tributaria en el país continúa siendo regresiva, afectando especialmente a los consumidores nacionales; además, dicha regresividad confirma la necesidad de que en Honduras se realice una reforma fiscal integral.
Supone mayor deuda: Los ingresos por L.266,667.8 millones de la Administración Central, incluyen “préstamos o créditos a contratar” por L.79,074.8 millones, que son insuficientes para terminar de cubrir todo el gasto del gobierno, debido a que los ingresos tributarios en realidad solo generarán un 73.8% de lo programado (L.127,236.6 millones), por lo cual será necesario obtener recursos adicional por el orden de L.45,081.6 millones, mismos que posiblemente se financiarán vía préstamos del Banco Central de Honduras o mediante la colocación de más bonos soberanos en el mercado internacional, agravando la situación financiera del país.
Conlleva un mayor déficit fiscal: El presupuesto 2025 conlleva la premisa de un déficit fiscal del 3.7% para la Administración Central, y de 2.5% para el Sector Público No Financiero (SPNF). A partir de menores ingresos tributarios estimados, el déficit fiscal de la gobierno central puede elevarse al 5.7%, y el del SPNF al 4.5%.
Escaza inversión productiva: El presupuesto 2025 supone una inversión pública de L.96,461.5 millones, pero de la misma apenas L. 22,630.1 millones se dedicarán a ‘inversión productiva’, equivalente a un 23.5% del total, ya que el monto restante representado por L.73,831.1 millones, en realidad son gastos correspondientes a protección social.
Menores transferencias municipales: En el presupuesto 2025 a las municipalidades se destinan únicamente L.12,313.5 millones, menores a los L.18,955.0 millones que les correspondería por el 11.0% de los ingresos tributarios consignados en la respectiva Ley. Los gobiernos locales de cinco departamentos absorben el 44.2% de las transferencias: Francisco Morazán 12.5%, Cortes 9.7%, Lempira 8.2%, y Santa Barbara y Olancho 6.9% cada uno. En contraste, Atlántida, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, en conjunto reciben apenas un 5.0% del total.
Se castiga la educación superior: A las cuatro universidades públicas existentes en el país, únicamente se les asigna un monto global de L.9,713.8 millones, equivalentes al 3.6% del presupuesto correspondiente a la Administración Central. Tres universidades recibirán apenas el 0.7% del presupuesto del gobierno central, mientras que a la UNAH le toca el restante 2.9%, el cual ni siquiera llega a la mitad del 6.0% estipulado en el artículo 161 de la Constitución de la República. Esto implica que la educación superior no es una prioridad para el gobierno, ya que a las Secretarias de Seguridad y de Defensa Nacional, se les entrega en conjunto L.22,321.8 millones, equivalentes al 8.4% del presupuesto de la Administración Central.
El impacto en el crecimiento será muy bajo: Del presupuesto general del 2025 por L.430.907.8 millones, un 73.6% lo absorberán los Servicios Personales (24.0%), Servicios No personales (13.0%), las Transferencias y Donaciones (18.1%), y los Servicios de la Deuda Pública (18.5%). Como estos fondos representan principalmente gastos en sueldos y salarios, pago de alquileres y equipo de oficina, pago de jubilaciones, pensiones, becas y subsidios, y amortización de capital e intereses de la deuda pública, no tendrán un efecto positivo en el crecimiento económico, ya que el mismo depende especialmente de la inversión productiva.
Resumiendo: El presupuesto general del 2025 está todavía muy lejos de representar un verdadero instrumento para el desarrollo de Honduras; adicionalmente, al aprobarlo se han dejado numerosas ventanas semiabiertas para que los recursos se utilicen en asuntos electores del partido gobernante, cuyos representantes en el gobierno no tendrán ningún empacho en continuar endeudando al país, aunque esconden la real magnitud de la misma mediante el procedimiento de olvidar la deuda flotante, y recurriendo a excluir la deuda de US$ 3,252.4 millones de la ENEE y las municipalidades, de la cual US$ 2,839.6 corresponden a la empresa eléctrica y US$ 412.8 a los gobiernos locales.
Esos dos últimos montos por si solos, al sumarlos a una deuda que al mes de agosto del 2024 ascendía a US$ 16,512.7 millones, llevaría la deuda total a un monto de US$ 19,765.1 millones, que en relación con el PIB nominal en dólares del 2024, representaría un 52.9% del mismo, cifra que contrasta con el 44.2% del PIB publicado por la Secretaría de Finanzas para el mes de agosto del año pasado.
