El despliegue de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de otras instituciones en la frontera sur de México repite un ciclo que pone en peligro los derechos humanos de las personas que migran. Es altamente preocupante que, ante la llegada de personas migrantes y solicitantes de asilo, el Estado mexicano responda aumentando la presencia militar a lo largo de una frontera en la que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sigue sin tener una presencia suficiente, lo que limita las posibilidades de quienes huyen de la violencia de solicitar y recibir asilo u otras formas de protección internacional. Esta acción de contención migratoria dista de contribuir a la consolidación de una respuesta regional sostenible a la migración forzada.
Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores se haya referido a medidas de control en el contexto del COVID-19 al anunciar nuevas restricciones fronterizas el jueves pasado, en un comunicado de prensa posterior, el Instituto Nacional de Migración (INM) afirma que los nuevos operativos fronterizos—lanzados el viernes pasado en un evento de estilo militar, con elementos con equipo antimotín—son para «salvaguardar» a la niñez migrante centroamericana. En el boletín oficial, el INM afirma que las niñas y los niños migrantes son «usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito» y repetidamente caracteriza a la niñez migrante y a las personas familiares como peones utilizados por la delincuencia, a pesar de que un gran número de niños, niñas y familias están huyendo de conocidos contextos de violencia y persecución y/o migrando para sobrevivir.
El comunicado del INM no hace referencia alguna a la posibilidad de que algunas familias puedan necesitar asilo. Además, la COMAR no aparece entre las instituciones cuya participación en los operativos fronterizos se ha dado a conocer. Las participantes más visibles son, en cambio, las Fuerzas Armadas—cuya formación se enfoca en el combate a fuerzas enemigas, no en tareas de migración—y la Guardia Nacional, compuesta principalmente por elementos militares y que ya ha estado implicada en violaciones de derechos humanos de personas migrantes. En estas circunstancias, afirmar que el objetivo principal del despliegue fronterizo sea proteger a la niñez centroamericana es poco creíble.
El renovado despliegue de fuerzas militarizadas en la frontera recuerda el despliegue parecido del verano de 2019, provocado por la presión del gobierno de Donald Trump. En aquella ocasión, WOLA documentó en terreno cómo el despliegue de la Guardia Nacional orilló a las personas migrantes a viajar por zonas más remotas donde corrían un mayor riesgo de sufrir ataques criminales. Además, dicha estrategia provocó una situación grave de sobrepoblación en las estaciones migratorias (en las que las condiciones de por sí deficientes llevan a muchas personas solicitantes de asilo a abandonar sus casos para recuperar la libertad). Mientras tanto, muchos traficantes de personas modificaron sus rutas y métodos para seguir operando a pesar del despliegue.
Ante el éxodo de personas de contextos de crisis en otros países, el Estado mexicano debería desmilitarizar la política migratoria y reorientar sus estrategias en la frontera sur, reconociendo que el uso de la fuerza militarizada como herramienta de contención migratoria pone en riesgo a una población ya vulnerable y no contribuye a resolver la situación de migración forzada en nuestra región. Para proteger a la niñez y a las familias que migran, el Estado debería modificar la presencia gubernamental en la frontera para responder a los patrones migratorios actuales: en los puntos de internación, por ejemplo, hace falta la presencia de personal de la COMAR, debidamente formado y especializado en atención a poblaciones en riesgo y detección de necesidades de protección internacional, para que las personas solicitantes de asilo no tengan que ingresar al país clandestinamente para poder buscar una oficina de la COMAR sin ser detenidas.
El despliegue fronterizo en México se produce al mismo tiempo que la administración del Presidente Joe Biden estaría pidiendo al gobierno mexicano que haga más por frenar la migración y que acepte a más familias centroamericanas en la frontera norte (expulsadas por Estados Unidos sin la oportunidad de solicitar protección en virtud de un uso inadecuado de las facultades de salud pública durante la pandemia, conocido como la aplicación del «Título 42»). A la luz de la continuación del cierre de la frontera estadounidense a la mayoría de personas solicitantes de asilo—y ante la respuesta militarizada del Estado mexicano a la migración en un contexto de diálogo con Estados Unidos—es necesario que el gobierno estadounidense demuestre inmediatamente que su prioridad a nivel nacional y regional es una respuesta a la migración respetuosa de los derechos, humana y sostenible. La administración de Biden debería acelerar los esfuerzos por alcanzar este objetivo en la frontera entre Estados Unidos y México lo antes posible, lo cual incluye, en el corto plazo, revertir por completo el programa «Quédate en México» (MPP) y presentar un plan calendarizado para poner fin a las expulsiones bajo el Título 42, para que las familias y personas migrantes puedan presentar solicitudes de asilo que sean adjudicadas en Estados Unidos.
