Por Melvin Duarte Erazo
Periodista
Cuando en distintos foros o análisis surge la pregunta sobre cuál es la causa de la violencia social que vivimos en Honduras, afloran una gran cantidad de factores que van desde la pobreza, corrupción, impunidad hasta los aspectos éticos y la pérdida de valores en la familia, pero muy poco se aborda el tema de la desigualdad y la inequidad existente en nuestra sociedad como un factor causal de mucha importancia.
Más de cincuenta estudios realizados en América Latina por especialistas en el tema señalan que la violencia es más común en sociedades en las que existe una mayor inequidad; es decir, allí donde el día a día agobia con mayor desigualdad de ingresos, y por tanto, con menores posibilidades y oportunidades de desarrollo social, allí existirá más violencia.
En este tipo de estudio, lo que llamamos “inseguridad”, correlaciona mucho más con la inequidad que con la pobreza, el desempleo, el ingreso per cápita o la participación en los niveles educativos, sobre todo los niveles medios, aunque desde el campo económico sabemos que desde Adán Smith en adelante han sido calificados como factores de mucha importancia en la explicación de la delincuencia.
Uno de estos estudios, el de Ana María Cerro y Oswaldo Meloni, señala que un aumento en el desempleo del 10% aumenta la tasa de delito casi en un 1,9%; pero un aumento del 10% en la desigualdad de ingresos aumenta la delincuencia en un 3%, según la investigación realizada en Argentina; en nuestro país, por supuesto, esta medición pudiera variar hacia arriba o hacia abajo según la región consultada.
Pero en términos generales, quienes nos gobiernan y los que toman las decisiones en nuestro país (no necesariamente en todas las épocas son los mismos), deben entender y no soslayar que la violencia que estamos viviendo es el precio de la desigualdad social y la inequidad que se ha acumulado por décadas y que deja a nuestra población, sobre todo a la más joven, excluida de su familia, del mercado de trabajo y del sistema educativo.
Lo más paradójico de este terrible drama que nos agobia y nos mantiene como ciudadanos en el terror permanente de perder la vida a la vuelta de la esquina víctima de un asalto, de una extorsión no satisfecha, de una acción de la criminalidad organizada o de un policía o militar mal formado, es que se da en un contexto de supuesta democracia, en gobiernos que se precian de otorgar oportunidades de ascenso social para toda la ciudadanía, sin que en la práctica se encuentre el ámbito propicio para lograrlo.
No digo con esto que la desigualdad social sea la única causa y que sea absolutamente determinante o que la necesidad económica genere por sí sola el delito, pero crea condiciones profundas de debilitamiento familiar, de pérdida de tejido social y deterioro de los lazos comunitarios que hacen más probable la participación en los delitos y en la violencia social que vivimos.
Sin duda alguna, para que la inequidad y la desigualdad social conduzcan a la delincuencia y a la violencia social se requiere que se haya producido una especie de quebrantamiento y una equivocada socialización de valores donde principios como la honestidad, el trabajo y la familia, entre otros, dejan de ordenar la vida de las personas de una sociedad, y los aparta del esquema social donde una correcta escala de esos valores permitiría una vida en sociedad menos conflictiva y de menor inseguridad.
Hasta el momento, el enfoque para combatir la criminalidad y la violencia en nuestro país ha sido en esencia represivo, asumiendo como verdad irrefutable que con aumentar penas, impulsar reformas legislativas o mandar más efectivos policiales y militares a las calles, automáticamente se disminuirán los índices de criminalidad. Este enfoque deja en claro que la clase política gobernante cree o le conviene creer que las variables que caracterizan el entorno social y económico no tienen ninguna significación.
No obstante, si en algún momento una sensata conciencia les conduce a ver que el desempleo, la desigualdad de ingreso, la falta de oportunidades, sobre todo para las generaciones más jóvenes que constituyen más de la mitad de la población hondureña, sí tiene una importancia fundamental en la explicación de la conflictividad social y la criminalidad, entonces las políticas públicas deberán orientarse hacia la reversión de esas situaciones y tener un amplio alcance en las áreas principalmente relacionadas con la educación y el trabajo.
Diversos estudios realizados en América Latina por especialistas en este campo y que abordan el análisis de la desigualdad y la violencia social establecen que la inequidad es el factor que más correlaciona con los asesinatos y los delitos contra la propiedad privada.
Aunque esto es una correlación sin duda probabilística y compleja, vinculada con otras situaciones de vida que también inciden pero en menor proporción, todos los estudios en esencia concluyen que el tipo de violencia que vivimos y sufrimos en el continente, y Honduras no es la excepción, es el precio de la desigualdad social.
Por otra parte, es necesario entender que los tan variados daños, así como el terror y la parálisis social que la criminalidad y la violencia produce a las víctimas y a sus familias, a futuro tendrá su repercusión letal en el sistema supuestamente democrático que hemos adoptado en el cual se promueve el acceso a los bienes de toda índole, pero que el mismo Estado con sus instituciones y gobiernos y la propia sociedad escatiman.
Nadie debe olvidar, sobre todo los tomadores de decisión de hoy y aquellos que luego pretendan gobernarnos, que en la medida en que no haya un futuro esperanzador o las personas sientan que ese futuro se pierde, entonces el presente se devalúa y la consecuencia inmediata es que los pueblos, en un determinado momento, juegan al todo o nada. Que eso no ocurra en nuestra querida Honduras.
