Tegucigalpa – En la sesión de este martes, el Congreso Nacional aprobó, por unanimidad y con dispensa de dos debates, un decreto presentado por la diputada Gabriela Núñez, orientado a derogar el artículo 11 del decreto legislativo 278-2013 y reformar el artículo 46 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, en el sentido de que el Fondo de Vivienda Popular y Autoconstrucción, estará constituido con al menos el 50 por ciento de la recaudación del impuesto sobre la ganancia de capital retenido por el Estado y establecido en ese decreto.
El impuesto sobre el incremento del valor de propiedades inmuebles o plusvalía contenido en el artículo 11 de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, no cumple con los requisitos establecidos en la misma ley, concluyó la comisión dictaminadora que se pronunció a favor de la iniciativa previa opinión de la Secretaría de Finanzas.
La diputada proyectista Gabriela Núñez, arguyó que ese artículo no estaba generando actividad económica que es algo que se requiere en este momento y algunos institutos lo están aplicando y lo están reteniendo y no están registrando las garantías hipotecarias ya que están requiriendo el pago de un 10 por ciento.
Añadió que empero eso es cuando ocurre una operación real, pero por concepto de plusvalía no está definida la base imponible del mismo y para proteger el fondo de autoconstrucción de vivienda popular que se alimentaba con el 50 por ciento de la captación de ese impuesto, se está sustituyendo la fuente de recaudación que provenga del 50 por ciento que capte el Estado del impuesto a la ganancia de capital que es diferente y que es un tributo que es reconocido dentro de la nomenclatura tributaria como un impuesto que es porque se da una transacción de compra venta, pero no en este caso que prácticamente es por poner en hipoteca los bienes que cuando vienen en avalúo no está completamente claro como se define el mismo, si es el del banco, el de la DEI y por lo tanto la Secretaría de Finanzas como la secretaría encargada del Gabinete de Gobierno han enviado comunicación al Congreso Nacional, en el sentido que es conveniente y no hay ninguna objeción que sea derogado.
Ley de Pesca y Acuicultura
En la sesión de este martes también comenzó la discusión y la aprobación en primer debate de 17 artículos de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura que contempla el reordenamiento de los recursos y la regulación de los productos hidrobiológicos del país.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha pedido acelerar el paso del anteproyecto y tener un dictamen socializado con todos los sectores.
La nueva ley se enmarca en reglamentar el uso correcto de los recursos marítimos y acuícolas, así como la territorialidad, y explotación y su sostenibilidad.
La pesca es una actividad que en un solo rubro genera al país más de 200 millones de dólares por exportaciones y merece todo el apoyo porque está siendo regulada por una ley que data de 1959 y se requiere una nueva, adecuada a las situaciones actuales, según los miembros de la comisión de agricultura y ganadería.
La socialización se ha hecho con todos los involucrados, las etnias, pescadores artesanales e industriales, la camaricultura y demás rubros que explotan productos del mar.
La actual normativa es muy vieja, data de 1959 por lo que la nueva ley será la más moderna en la región.
Mediante la ley, se crea el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (Conapesca), donde están representadas varias secretaría de Estado, pescadores y acuicultores artesanales e industriales y los pueblos indígenas y afrohondureños.
La presidenta en funciones del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, suspendió la discusión del anteproyecto de ley y la sesión y convocó a una nueva reunión este miércoles a las 3:00 de la tarde.
