Tegucigalpa – El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, dijo este martes que la depuración en el Poder Judicial es “inevitable” porque se trata de una exigencia de la sociedad para mejorar la impartición de las leyes en el país.
– Los juzgados antiextorsión y anticorrupción contribuirán de manera eficaz a la impartición de justicia en Honduras, señaló.
Manifestó que el Poder Judicial se mantiene abierto para mejorar la aplicación de la justicia en el país. “Nosotros mediante los distintos juzgados de la República estamos receptivos a cualquier tipo de imputación que se presente y en el compromiso de aplicar la ley fundamentalmente en temas que tienen que ver con la interacción de los principios del debido proceso, estado de inocencia, derecho de defensa y principio de legalidad”, arguyó.
El titular del Poder Judicial resaltó que el principio de independencia judicial es “sagrado”. Lo que pretendemos es que cada uno de los jueces de la República actúe en el marco de la ley, enfatizó.
El magistrado presidente Argueta dijo que la depuración en el Poder Judicial es “inevitable”, porque se trata de una exigencia de la sociedad para conseguir un órgano eficiente.
Con respecto a los protocolos para la selección y nominación de jueces en materia de corrupción y extorsión, refirió que “contribuirán de manera importante para que contemos con funcionarios judiciales comprometidos con la justicia sin distingos de ninguna naturaleza”.
Argueta participó este día en la presentación, por parte de Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), de un estudio elaborado sobre la revisión de 110 expedientes de corrupción pública denominado foro “Judicialización de la corrupción Pública 2008-2015”.
Implementación de Plan Nacional El presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció la implementación de un Plan Nacional de Combate a la Mora Judicial a fin de combatir la dilatación de los procesos judiciales en las diferentes unidades jurisdiccionales a nivel nacional. Esta novedosa implementación fue compartida por el Magistrado Presidente en el contexto del Panel sobre Judicialización de la Corrupción Pública en el período 2008-2015, organizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el cual se presentó una investigación sobre el tema. En relación a la mora judicial Argueta Pérez calificó de “inconcebible” que en el sistema de justicia se tarden de uno a cuatro años las resoluciones en los distintos procesos que van desde la presentación del requerimiento fiscal hasta el dictamen de una sentencia absolutoria o condenatoria en el tribunal de sentencia, contrariando lo indicado por la ley que señala un máximo de seis meses para estos procesos. En este sentido agregó que se debe revisar la normativa que tiene que ver con la justicia penal debido a que es importante orientar el análisis a la normativa procesal penal que en muchas ocasiones dilata los procesos. |
