Managua.- Un organismo defensor de los derechos humanos denunció este jueves la detención de tres nicaragüenses como sospechosos de colocar una bomba casera en un puente cercano al puerto de Corinto, en el Pacífico de Nicaragua, en el marco de la crisis que vive el país desde hace más de 17 meses.
La explosión, ocurrida cerca de la medianoche del sábado pasado, dañó una de las bases del puente San Isidro, aunque no colapsó, y la acción se la atribuyó, en las redes sociales, la Alianza Patriótica Nicaragüense (APN), un grupo poco conocido que se opone al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Las autoridades nicaragüenses no se han referido a ese estallido que dañó las estructuras de ese puente que conecta con el puerto de Corinto, el más importante del país centroamericano.
Sin embargo, según dijo este jueves en rueda de prensa el abogado Julio Montenegro, líder del bufete Defensores del Pueblo, la policía ha detenido al menos a tres personas, que han participado en protestas cívicas contra el Gobierno, como sospechosas del atentado.
Los detenidos son el abogado Henry Teófilo Lara Álvarez, Manuel Antonio Orozco Rodríguez, de 39 años, y Douglas Antonio Villanueva Sandoval, de 21 años, originarios del municipio El Realejo, en el departamento de Chinandega (noroeste).
Según Montenegro, los tres fueron detenidos «arbitrariamente» por civiles y policías, y tienen «más de 48 horas de detención ilegal», porque aún no han sido acusados por el Ministerio Público en el tiempo que establece la Ley.
El puente San Isidro está ubicado en El Realejo, municipio vecino de Corinto, que acoge el principal puerto de Nicaragua.
Nicaragua sufre una grave crisis sociopolítica que ha dejado 328 muertos desde el 18 de abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos grupos elevan a 595 el número de las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.
