Tegucigalpa – La viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Martha Sabillón, aseguró este jueves que está listo el decreto para la protección de periodistas, pero no existen los fondos para implementarlo.
 

Según las estadísticas presentadas el miércoles por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), por lo menos 35 periodistas han muerto en Honduras en los últimos 10 años.

Las estadísticas recabadas por el comisionado refieren que durante el mandato de Ricardo Maduro (2002-2006) se produjo una muerte, es decir un tres por ciento, mientras que en el periodo de Manuel Zelaya Rosales (2006- junio 2009) los crímenes subieron a cinco, representando un 14 por ciento y en el período interino de Roberto Micheletti (28 junio 2009- enero 2010) la cifra fue de uno, es decir un tres por ciento.

Sin embargo, es durante el periodo gubernamental del actual presidente Porfirio Lobo (enero 2010 a la fecha) que se han registrado 28 decesos violentos de periodistas, es decir un 80 por ciento de los ocurridos desde 2003.

De estas 35 muertes, 33 son hombres y dos son mujeres, según los datos proporcionados por el Conadeh.

Sabillón destacó que hay una responsabilidad que asumió el presidente Lobo el año pasado en un cónclave patrocinado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) donde se comprometió a aprobar una ley de protección para los y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.

Apuntó que también hay un compromiso asumido para hacer una reforma dentro del Código Penal, encaminado a despenalizar los delitos contra el honor que incluyen la injuria, calumnia y difamación.

En agosto de 2012 durante un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con miembros del gobierno, se definió el llamado «Plan de Acción de Tegucigalpa», en el que se recogieron propuestas de reformas públicas a fin de frenar la impunidad, contrarrestar la violencia contra la prensa y establecer medidas de protección de los periodistas.

En esa ocasión, el presidente Lobo, anunció que su gobierno estaba adoptando medidas para la protección de los periodistas, considerando que entre 2003, hasta esa fecha, se habían asesinado 31 comunicadores.

Lobo hizo el anuncio a favor de los periodistas al cierre de la primera jornada de la Conferencia “Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de expresión” que se celebró con el auspicio de la SIP y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC).

Entonces manifestó que “los supuestos responsables serán detenidos, castigados y enjuiciados”, y que además está “proponiendo que se despenalice el delito de calumnia e injuria y la difamación”, una promesa que aún es inefectiva.

Sabillón indicó que el anteproyecto de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia está listo y se ha realizado la gestión ante la secretaría de Finanzas para que dé el visto bueno para la partida presupuestaria correspondiente, pero se les ha manifestado que en este momento no hay fondos para esa actividad.

El anteproyecto de ley contempla la creación de unidades especializadas al interior de las secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad para garantizar la protección de los comunicadores sociales y demás sectores vulnerables al crimen.

De su lado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, ha manifestado que “el cumplimento de la creación de la unidad de protección a periodistas y otros grupos vulnerables, “requiere que exista la voluntad política y que se haga el desembolso para cubrir la primera etapa hasta llegar a la culminación y consolidación del mecanismo con 80 millones de lempiras, en términos generales”.

No obstante, apuntó que de momento no se ha identificado la partida presupuestaria de la cual se obtendrían los fondos para echar a andar el mecanismo y que permita darle vida al anteproyecto de ley.

Detalló que en una primera etapa, se tendría que capacitar al personal que brindará la seguridad y montar la plataforma de comunicaciones, comprar vehículos blindados y tener fondos para reubicar de manera temporal y permanente tanto dentro como fuera del país a las personas cuya vida se encuentre en riesgo.