INP declara emergencia y prohíbe ingreso de reos en cárcel de Támara, tras primer caso de COVID-19

Tegucigalpa – Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), determinaron este sábado declarar emergencia sanitaria en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, localizada en la aldea de Támara perteneciente al Distrito Central en la periferia norte de Tegucigalpa, luego de que se confirmara el primer contagio de COVID-19 en esa prisión.

Autoridades de la Secretaría de Salud, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), confirmaron el primer caso de coronavirus en ese centro penitenciario. De acuerdo con informe elaborado por la unidad de vigilancia de la salud, el caso fue confirmado el pasado viernes mediante pruebas PCR.

En un comunicado oficial, Consejo Técnico Interdisciplinario por unanimidad de votos y de acuerdo a las facultades que le confiere la ley, anunció las nuevas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en esa cárcel.

En ese sentido, el documento establece que se declara estado de emergencia sanitaria en el centro penitenciario para evitar un inminente contagio por el COVID-19 a la población recluida en este centro penal, además prohíbe el ingreso de privados de libertad provenientes de los diferentes juzgados, así como el traslado de otros establecimientos penitenciarios del país.

Asimismo, informa sobre el cierre total de centro penitenciario de Támara a raíz de la problemática relacionada con el COVID-19 a fin de garantizar la salud y protección de los siete mil 250 privados de libertad que están recluidos y de esta manera evitar la propagación de la pandemia.

De igual forma, instruye al departamento médico de la cárcel de Támara para que de manera inmediata realice las coordinaciones para hacer las intervenciones y las pruebas que sean necesarias para detectar posibles contagios.

En el escrito el INP reconoce que debido a la sobrepoblación y hacinamiento en que se encuentra el centro penal el Consejo Técnico Interdisciplinario tiene a bien recomendar a la Junta Interventora del INP que de manera urgente adopte las medidas necesarias para dotar de agua potable a la población de privados de libertad ya que a falta de este vital líquido se puede dar un brote de otras enfermedades.

Finalmente, insta a mantener el aseo en los baños y en los servicios sanitarios, así como el aseo personal de los privados de libertad y así evitar una proliferación de infección del coronavirus.

Asimismo, pide adoptar todas las medidas de bioseguridad para todos los privados de libertad recluidos en este centro penal.

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