El 31 de enero del presente año, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo hondureño de la organización Transparencia Internacional (TI) presento el informe “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022”, reporte considerado uno de los indicadores de medición de la corrupción en el sector público más respetados en el mundo. Dicho informe destaco el nulo avance de Honduras en la lucha contra la corrupción, el cual se mantuvo en el sitio 157 de 180 países evaluados. De igual forma, señaló que desde el 2017 Honduras ha descendido de manera significativa en las puntuaciones de dicho Índice, concluyendo, entre otras cosas, que la corrupción destruye la confianza en los gobiernos y la posibilidad de garantizar la seguridad a la ciudadanía.
Los resultados del referido informe vienen a ratificar lo que las autoridades hondureñas y la ciudadanía conocían extraoficialmente respecto a la magnitud de un flagelo que atenta contra la ciudadanía y mina las instituciones democráticas. Tanto así, que, durante la pasada campaña electoral, la para entonces candidata presidencial Xiomara Castro, se comprometió a llevar al país una misión internacional contra la corrupción. Tal compromiso fue ratificado por la ahora presidenta durante su asunción al cargo, el 27 de enero de 2022.
Después de idas y venidas y comentarios especulativos sobre la materialización de dicha Comisión, el Gobierno de Honduras firmó un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para sentar las bases de lo que sería la creación de un organismo que será un importante instrumento en la lucha contra la corrupción en el país. Los hechos no se hicieron esperar, y ya se encuentran presentes en Honduras los enviados especiales del secretario general de la ONU a objeto de evaluar la situación del país y ofrecer sugerencias respecto a las características que deberá contener una misión internacional de esta naturaleza. Estos emisarios internacionales trabajarán conjuntamente con los representantes del Gobierno designados por la presidenta Castro, entre los cuales se encuentran funcionarios de alto nivel del Ejecutivo Nacional, así como ciertos ex miembros de la extinta Misión Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (OEA/MACCIH). La participación de estos últimos ha sido negada mediante comunicado por parte de la Presidencia de la Republica. No obstante, las redes sociales y algunos medios de comunicación del país han hecho ver a estas personas en reuniones oficiales y en conversaciones con representantes de las distintas instituciones del Estado. De cualquier manera, el tiempo se encargará de aclarar las circunstancias vinculadas con el funcionamiento de esta comisión preparatoria de la “CICIH”, como en principio se denomina a la misión internacional, y con toda seguridad volverá la sindéresis en beneficio de la confianza que todo gobierno necesita transmitir a sus ciudadanos, si quiere contribuir a resolver un problema, que como el de la corrupción, carcome los cimientos de las instituciones públicas y las organizaciones privadas hondureñas.
La lucha contra la corrupción ha representado una de las más grandes preocupaciones de los gobiernos del mundo, toda vez que percola la moral de los ciudadanos y limita los recursos públicos destinados a la satisfacción de sus necesidades. La corrupción influye en el número de hospitales, medicinas, equipos quirúrgicos, médicos y personal sanitario. La corrupción disminuye la posibilidad de construir escuelas para educar a la población, de cancelarles los sueldos a los maestros, de facilitar el desarrollo humano de los ciudadanos. Podríamos hablar mucho más sobre los efectos de la corrupción y pasaríamos años enumerando el grave daño que esta produce a nuestro alrededor.
Traer una misión contra la corrupción al país representa un reto en sí mismo. La experiencia adquirida con la presencia de la MACCIH, la cual finalizó sus funciones en el 2020, debe servir de punto de partida para pensar en un nuevo modelo de organización que aproveche los logros obtenidos por esa Misión y que corrija los errores y defectos de fábrica con los cuales llegó al país. Se ha escrito mucho sobre la MACCIH. A veces, así como se la ha ponderado, también ha recibido severas críticas, muchas de las cuales son producto del desconocimiento sobre su funcionamiento interno, sus limitaciones económicas-cuyo presupuesto era una incógnita para el interior del organismo-, los procedimientos de concurso para la contratación de su personal, el cual estaba liderado desde la casa matriz en Washington, formado por comités de selección que desconocían las competencias específicas que debían tener nuestros funcionarios. Esta situación dio como resultado la presencia de personal en cuyos currículos destacaban acciones heroicas nunca producidas, cursos de post grado inexistentes, y lo que es más grave aún, personas que en sus países de origen habían sido objeto de investigaciones por corrupción.
Pero aparte de detalles como estos, de relativa fácil corrección, existe un elemento que influyó negativamente en el funcionamiento de la pasada misión internacional y que de no subsanarse dará al traste con la efectividad de cualquier misión. Nos referimos a la necesidad de armonizar las acciones de la futura CICIH con una verdadera política anticorrupción emanada del Estado, la cual incluya a todos los sectores que hacen vida social, política y económica del país. Esta política debe contener estrategias sólidas y realizables, para no solo hacer de la lucha contra la corrupción un principio irrenunciable, sino para sancionar la omisión en la persecución de estos delitos y la inacción de quienes pudiendo hacer algo prefieran callar, haciéndose con su silencio cómplices de los corruptos.
La Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas (CNUCC) es el elemento jurídico de mayor trascendencia en el combate a la corrupción a nivel mundial. Esta, en su Artículo 5 establece, que “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción…” No habla sobre que cada Estado parte creara un organismo internacional que servirá por si solo para combatir a la corrupción, sino que cada uno de los Estados signatarios de la Convención formulara políticas al respecto. Dentro de esas políticas, podemos incluir obviamente, la creación de organismos que contribuyan en la lucha contra la corrupción, pero el organismo en sí mismo no puede convertirse en la panacea o el milagro para eliminar un delito de tan fácil contagio en la sociedad.
El sistema anticorrupción debe adaptarse a las necesidades del Estado. No es un asunto de crear un ente con facultades investigativas, olvidando las medidas preventivas que simultáneamente se requieren para neutralizar las debilidades institucionales que facilitan la corrupción. El equilibrio entre prevención, investigación y la sanción resulta vital para el desarrollo de una política eficiente sobre corrupción. Esto va más allá de la lucha misma contra este delito. Tal y como en una oportunidad escuchamos decir del director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Yury Fedotov, “ganar la batalla contra la corrupción implica crear las condiciones necesarias para combatir efectivamente la pobreza y las desigualdades que derivan de ella”.
La experiencia de la MACCIH en este tema debe hacernos reflexionar. Tiempo invertido para tratar de obtener información vital de parte de instituciones del Estado, necesaria para el cumplimiento de nuestros objetivos. No era una cuestión de leyes que impedían necesariamente el suministro de información, a veces de sencillos datos, era la falta de voluntad de los personeros del Estado, y la ignorancia respecto al beneficio que todos los hondureños obtendrían al perseguirse a los corruptos, lo que impidió el apoyo que la Misión requería. Esta falta de voluntad fue producto de la ausencia de una política anticorrupción, capaz de comprometer al país entero en la persecución de este delito.
La CICIH no debe provenir de generación espontánea, sino de la ejecución de políticas públicas que previamente deben establecerse en el país, para ser acatadas y por supuesto, conocidas por todos. La creación de esta Misión debe estar precedida de una hoja de ruta que permita lidiar con las necesidades y falencias del Estado en materia de corrupción y que facilite establecer de una manera eficiente una guía sobre la visión que sobre dicho organismo se tiene y de su verdadera misión. La misión de una organización representa su propósito central, es decir, revela por qué existe. Por eso, siempre está anclada en el presente y rara vez se modifica. Su objetivo es unir a las personas en torno a un sentimiento común, gobernantes y gobernados. La visión representa sus aspiraciones y metas. Su propósito es orientar las decisiones estratégicas.
La inclusión de estos dos elementos, visión y misión, harán la diferencia entre la existencia de un organismo con garantías de éxito, o de uno, condenado al fracaso. De la “fotografía” que se tenga de la CICIH y de la perspectiva que se tenga respecto a sus resultados, dependerá todo lo demás. Se habla de la necesidad de derogar esta o aquella ley, -de hecho, ya han sido derogados algunos decretos-, de reformar incluso a la Constitución Nacional y hasta de promulgar nuevos instrumentos legislativos, pero si no se conoce cuál es la visión que tiene el Estado del organismo que pretende crear, si tampoco se sabe cuál será la misión del mismo, más allá de luchar contra la corrupción, mal podríamos especular sobre lo que necesitamos o no para su fortalecimiento.
La participación ciudadana es un componente fundamental para el funcionamiento de la democracia. Mediante esta, la sociedad y el gobierno se interrelacionan, hasta el punto de trabajar juntos para la solución de sus problemas. Es cierto que muchas veces la ciudadanía, cansada de tanto atropello, manifiesta sentimientos contrarios a sus gobiernos, pero también es cierto que una sociedad informada, en donde los gobernados conozcan la realidad del país de boca de sus propios gobernantes, será capaz de apoyarlos incluso en las situaciones más funestas. Lo que los ciudadanos desean, no es que se les tuerza la verdad, sino que se reconozcan las dificultades y hasta los errores cometidos por sus líderes. De allí que lo más saludable, en el caso de la CICIH, es que la sociedad hondureña esté informada sobre los pormenores de su creación y funcionamiento. Esto incluye la necesidad de conocer quiénes son los asesores que participan en su creación, así como las bases procedimentales de la comisión preparatoria (CP). Para ello es importante la existencia de un reglamento de funcionamiento de la CP, típico en estos casos y utilizado comúnmente en todo tipo de dependencias que contribuyen en la creación de otras organizaciones. Ese reglamento de funcionamiento debe contener el objetivo de la misión preparatoria, su radio de acción y tiempo de funcionamiento. De igual forma debe especificar la competencia atribuida a cada uno de sus miembros, su presupuesto, y todos aquellos elementos que garanticen la transparencia de sus actividades.
Un elemento importante en este tipo de comisiones preparatorias es la prohibición expresa de que sus miembros formen parte de la Misión Internacional para la cual se encuentran sentando sus bases. Esto previene la existencia de conflictos de intereses, evitando que quienes se encarguen de incidir en su creación lo hagan bajo un prisma personal. No dudamos de la honorabilidad de los participantes en las actividades preparatorias. No obstante, la sociedad hondureña requiere de la garantía de transparencia, equidad y objetividad, tan necesarios para transmitir la certeza de que esta vez la lucha contra la corrupción está blindada. La ética y la integridad son pilares fundamentales de la función pública, garantizan la credibilidad en el sistema y legitiman las acciones del gobierno. Estos elementos configuran la confianza pública, la cual contribuye con los gobiernos a reducir los costos de la gobernanza. De igual forma, ayudan a garantizar la participación y el cumplimiento de las políticas públicas. Por tanto, estas deben comenzar por casa.
Quisiéramos terminar haciendo nuestras las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, en su mensaje por el Día Internacional contra la Corrupción, 2019: «Las personas tienen razón de estar enojadas. La corrupción amenaza el bienestar de nuestras sociedades, el futuro de nuestros hijos y la salud de nuestro planeta. Debe ser combatida por todos, para todos.»
• Ex embajadora de Venezuela en la OEA
• Ex jefe de Seguridad Publica de la MACCIH
