Estos logros tangibles contrastan con criterios de académicos consultados por Proceso Digital y quienes ponen en entredicho las relaciones borrascosas entre el titular del ramo y los docentes, piezas sustanciales en el proceso formativo.
El sistema educativo público del país reposa en una inestable plataforma, se bambolea en una cuerda floja casi eterna, una circunstancia perenne desde las últimas décadas del siglo pasado han expresado expertos como Armando Euceda, quien es del criterio que se ha golpeado con creces la autoestima de los docentes y eso, a su juicio, es muy peligroso.
Para este académico, Honduras debe abocarse a una concertación educativa nacional con urgencia ya que los niños y los jóvenes no pueden ni deben esperar más tiempo.
Otro de los consultados es el sociólogo Julio Navarro, quien hace un reconocimiento abierto al ministro por recuperar la disciplina laboral docente.
La aprobación por el Congreso nacional de la Ley Fundamental de Educación, que prevé un nuevo estadio en la calidad y cobertura educativa de Honduras, es por excelencia el principal logro normativo, aunque el mismo es un desafío para el gobierno hondureño, que iniciará su gestión a finales de enero de 2014, ya que su aprobación dista en mucho de su cumplimento.
El ministro de Educación, Marlon Escoto, junto a las autoridades del ramo, no hubieran podido lograr los resultados sin el apoyo del presidente Lobo, así las aulas permanecieron abiertas, aunque a la par se tuvo que librar una dura batalla debido a la oposición contante de dirigentes magisteriales, involucrados en actividades políticas, particularmente dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Varios dirigentes magisteriales y otros docentes fueron cancelados de sus puestos. Algunos llevaron sus casos hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde lograron, en algunos casos, ser restituidos.
Otro sato relevante es que a partir de 2014, los estudiantes deberán aprobar sus asignaturas con una nota mínima del 70 por ciento. Para este 2014 se anuncia que doble jornada en más de 19 centros educativos.
Entre otras determinaciones resalta el traslado de las graduaciones del sexto al noveno grado, con el objetivo de ampliar la formación primaria.
A medio vapor se han desarrollado los llamado “sábados cívicos”, para fomentar cultura ciudadana y formación en valores de los educandos.
Algunos dirigentes decidieron hacer caso omiso al registro y prefirieron quedar fuera del sistema, tal es el caso el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah), Edwin Oliva, quien al final fue cancelado.
En otra plataforma se creó un banco de datos de los maestros desempleados, que ascienden a 29 mil.
Otro de los temas que acaparó grandes espacios en los medios de comunicación, fue la destitución del director del Instituto Central Vicente Cáceres, Roberto Ordóñez, quien incluso impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Ordóñez señaló que el ministro de Educación está buscando hasta debajo de las piedras para conseguir una justificación para salir solvente del abuso de autoridad que cometió contra él. El caso se encuentra en manos del Poder Judicial.
En los últimos meses de 2014 se denunció la venta de plazas en el sistema público, delito en el que, presuntamente, están vinculados varios directores departamentales que enfrentan cargos en los tribunales de la República.
En la denuncia, de venta de plazas se involucró a diputados del Parlamento hondureño, quienes, según el titular del ramo, han mantenido secuestrado el sistema educativo hondureño y les han quitado las potestades reales a las autoridades de esa dependencia del Estado.
Ante las medidas tomadas, el propio presidente Porfirio Lobo, confió en esa oportunidad a miembros de la organización no gubernamental Transformemos a Honduras que está recibiendo fuertes presiones para destituir del cargo al ministro de Educación de parte de diversos sectores de su partido.
Otro hecho sin precedentes, fue que la Corte de Apelaciones de Comayagua dejó en firme el auto de prisión en contra de dos directores departamentales vinculados en la presunta venta de plazas en educación.
Las autoridades educativas también han denunciado al menos cuatro casos de acoso sexual cometidos por docentes de educación media en el interior del país.
Al termino del presente año, el “inédito” el cumplimiento de 200 días de clases, objetivo que superó los 215 días este 2013, marcó una etapa importante dentro del sistema.
Cabe señalar que casi al finalizar el año, el Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) para regular las aportaciones de los docentes a los colegios magisteriales.
La dirigencia magisterial ha manifestado su rechazo a las reformas legislativas y califican la acción como una estocada de la administración Lobo.
De tal suerte que este recuento muestra encontradas visiones sobre la realidad educativa hondureña son encontradas. Los avances contrastan con la confrontación perenne entre actores fundamentales del proceso educativo. El desafío del gobierno electo está en descubrir el balance y aplicar la Ley Fundamental de Educación, que prime a los niños y jóvenes, actores centrales y esenciales del proceso.
